Narco-Estado y Deslegitimación de la Democracia Electoral

R. Aída Hernández Castillo

Las próximas elecciones del 7 de junio en donde se votarán autoridades regionales y locales en 16 de los 32 estados de la República Mexicana, se realizarán en medio de una de las peores crisis de legitimidad de los partidos políticos, en las últimas décadas. La crisis de la democracia electoral anunciada y denunciada por el EZLN a través de La Otra Campaña en el 2005 se pone en evidencia una vez más con la corrupción, las redes de complicidades y la descomposición social que se vive al interior de todos los partidos políticos. El llamado que hacían los zapatistas a organizar un movimiento nacional que busque la restructuración de las relaciones sociales, llame a una Asamblea Constituyente y busque reconstruir otra forma de hacer política, se vuelve más pertinente que nunca. En el contexto actual este llamado ha sido retomado por el obispo Raúl Vera, por el escritor Javier Sicilia y por otros sectores de la sociedad civil que han retomado la propuesta de una nueva constituyente, sin embargo no ha habido el apoyo popular para que este llamado encuentre eco en sectores más amplios de la sociedad.

En esta coyuntura es urgente reflexionar como académicas y como activistas feministas, sobre cuáles pueden ser nuestros aportes a la construcción de una cultura democrática antirracista y anti-patriarcal, que permita articular espacios colectivos democratizadores. Los retos que enfrentamos en este momento histórico en el que no existen condiciones para un proceso electoral realmente democrático, nos llevan a reflexionar sobre las estrategias colectivas que podemos impulsar para reconstituir el espacio de “lo político”, a la vez que enfrentamos y vivimos cotidianamente la violencia del crimen organizado, cuyas fronteras con los poderes estatales se diluyen periódicamente.

La Deslegitimación de los Partidos Políticos

En las elecciones del 2005 muchos dudamos ante el llamado que hacia la Otra Campaña a rechazar a los partidos políticos, se promovió primero de manera indirecta y después de manera activa un alto abstencionismo entre los sectores críticos de la sociedad. En aquel entonces, algunos pensábamos que el candidato de izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, podía ser una opción para frenar las reformas estructurales y la violencia del neoliberalismo que golpeaba de manera especial a los sectores más pobres de la sociedad mexicana. Yo en lo personal participé de manera activa en La Otra Campaña en Morelos, pero a la vez el 2 de julio del 2006 le otorgué mi voto a López Obrador. En medio de una amplia denuncia de fraude, el Instituto Federal Electoral (IFE) le dio el triunfo al derechista Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), con 35.89% de los votos, frente al 35.33% obtenidos por Andrés Manuel López Obrador. Aparte de denunciar el fraude y demandar el recuento de los votos, un amplio sector de la izquierda partidista culpó al zapatismo por esta derrota, por haber promovido el abstencionismo. ¿Qué hubiera pasado si Andrés López Obradora hubiera gobernado México del 2006 al 2012? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que gobernadores PRDistas como Pablo Salazar Mendiguchia (2000-2006) y Juan Sabines Guerrero (2006-2012) en Chiapas continuaron con las campañas contrainsurgentes contra el zapatismo, criminalizaron la protesta social encarcelando a dirigentes campesinos, y abrieron el estado a los proyectos extractivistas; El mismo camino han seguido Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal, Graco Ramírez en Morelos, y el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. El obtener votos y ganar los puestos de elección popular ha sido un objetivo en sí mismo para los partidos de izquierda, que han estado dispuestos a renunciar a sus principios políticos por tener candidatos que les proporcionen votos, aceptando así postular para gobernadores a ex PRIistas, como Salazar Mendiguchia, Juan Sabines y Ángel Aguirre, hasta ediles vinculados con el narcotráfico como el sanguinario José Luis Abarca, responsable directo de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. Esta práctica no es privativa del PRD, candidatos vinculados al crimen organizado participan en todos los partidos políticos y me detengo a reflexionar sobre el caso específico del PRD porque en algún momento le otorgué mi voto a dicho partido. A estas alturas no sabemos si el crimen organizado ha infiltrado a los partidos políticos o si los partidos políticos han infiltrado al crimen organizado.

A nivel legislativo desde la llamada “traición del 2002” con promulgación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, que limitaba la autonomía indígena, se puso en evidencia la falta de compromiso de la izquierda partidista con las demandas de los sectores indígenas y campesinos del país. Esta reforma legislativa contó con el voto mayoritario de los tres principales partidos políticos, y representó una traición a muchos de los puntos incluidos en la llamada iniciativa de Ley de la COCOPA, elaborada por representantes de todos los partidos en respuesta a las demandas del EZLN.1

Paralelamente, los gobiernos PANistas de Vicente Fox (2000- 2006) y Felipe Calderón (2006-2012), más que una alternancia real, representaron una continuidad y profundización de las reformas neoliberales iniciadas por los gobiernos PRIistas y el inicio de una ¨guerra contra el narcotrafico¨ que promovió un baño de sangres sobre el país dejando un saldo de 150 mil muertos, entre ellos miles de civiles abatidos en ¨fuegos cruzados¨.

Tras la elecciones fraudulentas del 2012 el llamado ¨Pacto por México¨ promovido por Enrique Peña Nieto al inicio de su gobierno, vino a institucionalizar las complicidades que de por sí existían en el poder legislativo entre los diferentes partidos políticos para abrir al capital extranjero el sector energético, impulsar las reformas estructurales y criminalizar la protesta social.

La creación del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) fundado en enero del 2014 por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, despertó esperanzas entre algunos sectores de la izquierda que ya no veían sus intereses reflejados en la agenda política del PRD y que buscaban un espacio de representación que realmente defendiera los intereses de los sectores populares y promoviera el Estado de bienestar social que se ha ido desmantelando con las reformas neoliberales. Sin embargo, la tentación del poder como un fin en sí mismo, parece estar presente también en el nuevo partido, la candidatura por parte de MORENA del empresario Raúl Iragorri Montoya para presidente municipal de Cuernavaca, da cuenta de este pragmatismo. Iragorri se auto-propuso como candidato del PRI a la gubernatura de Morelos en el 2012, después de perder frente a Graco Ramírez la contienda interna por la candidatura del PRD. Las bases PRIstas morelenses rechazaron su propuesta por lo que terminó apoyando la candidatura del PRIista Amado Orihula Trejo. En el caso de Guerrero, se sabe en los medios políticos regionales que el ex Secretario de Salud, Lázaro Mazón, amigo personal del exedil de Iguala, José Luis Abarca, era el candidato a la gubernatura de ese estado por parte de MORENA, antes de que estallara el escándalo en torno a la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Es cierto que mucha gente honesta y comprometida con la justicia social ha optado por unirse a las filas de MORENA y algunos han aceptado ser candidatos a puestos de elección popular, sin embargo el problema de una cultura política autoritaria, clientelar y corrupta, sigue estando presente en todos los partidos políticos, lo que ha contribuido a su falta de legitimidad. Algunos plantean que los setenta años de gobiernos PRIistas corporativista siguen marcando la cultura política de todo el país y que es necesario desmantelar esta herencia cultural para democratizar a los partidos políticos y re-establecer una ética política distinta.

Ayotzinapa y la violencia del NarcoEstado

Paralelamente a este panorama partidista tan desalentador, los acontecimientos en Iguala Guerrero el año pasado, pusieron en evidencia la existencia de un Narco-estado que será el encargado de organizar y vigilar las elecciones del 7 de junio del 2015. El asesinato de siete personas y la desaparición forzada de 42 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados por policías municipales y entregados a integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos, mostró al mundo la manera en que en el crimen organizado funciona desde el interior del Estado mismo en distintas regiones de México.

Desde septiembre del 2014 la sociedad civil se ha movilizado a todo lo largo y ancho del país demandando justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes, con la consigna “Fue el Estado”. Las madres y padres de los desaparecidos y los actores políticos que se han movilizado con ellos nos vienen señalando en las marchas y mítines que el caso de Iguala, más que un acto aislado representa la permisibilidad de una política Estatal de la muerte. Los testimonios de los estudiantes sobrevivientes y de los activistas de derechos humanos de la región nos hablan de un continuum de violencias de larga data, que tiene como uno de sus nodos principales el papel del ejército y de grupos paramilitares durante la llamada “guerra sucia” de las décadas de 1960 y 1970. Lo que encontramos ahora es la transformación de tácticas de contrainsurgencia de esa época a la lucha contra el narco que justifica el papel del ejército en la vida cotidiana de centenares de comunidades en el estado.

El papel de las fuerzas armadas en actos represivos en el pasado lo muestra el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero presentado el 15 de octubre del 2014 (ver http://comverdadguerrero.org.mx/). Este informe elaborado por académicos y activistas de derechos humanos que durante dos años se dedicaron a documentar las desapariciones y violaciones a los derechos humanos cometidas en Guerrero durante la “guerra sucia” (1969-1979) presenta pruebas de la responsabilidad del gobierno mexicano en la desaparición de por lo menos 512 personas entre 1969 y 1985. La Comisión de la Verdad de Guerrero documenta cómo a lo largo de 14 años la Dirección Federal de Seguridad (DFS) utilizó a policías y militares para realizar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, abusos policiales y violaciones sexuales.

La historia que documenta la Comisión de la Verdad de Guerrero, sigue presente en la memoria histórica de los habitantes de la Montaña de Guerrero. A esta historia se unen las memorias más recientes de la masacre de El Charco, precisamente en el municipio de Ayutla de los Libres, de donde eran originarios cuatro de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Las denuncias de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa señalan la responsabilidad del Estado, no solo por omisión, sino por comisión. La complicidad del ejército mexicano en los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado ha recibido poca cobertura en los medios de comunicación, salvo algunas excepciones dentro del periodismo crítico, pero durante las horas en que duró la agresión policiaca a los estudiantes el ejército, que se encontraba en los perímetros de los sucesos, no intervino. Por lo contrario, los testimonios de los jóvenes sobrevivientes, como el de Omar García, integrante del Comité Estudiantil de Ayotzinapa, señalan que cuando finalmente aparecieron las fuerzas armadas fue dos horas después de los hechos y en lugar de ofrecer asistencia a los heridos de bala, detuvieron a los jóvenes y los golpearon. En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, dijo “Llegó el Ejército acusándonos de allanamiento (de un hospital), dándonos culatazos y al compañero herido también lo sometieron… nos dijeron: Ustedes se lo buscaron, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen.” Después los soldados exigieron que se identificaran y dijeron que sería mejor que dieran sus nombres verdaderos, “porque sino, sus familiares nunca los van a encontrar”.2

Esa tarde el coronel José Rodríguez Pérez celebraba en un baile con el presidente municipal de Iguala y su esposa, el primer informe de su administración frente al Sistema DIF. Los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes legales han demandado a lo largo de estos nueve meses que se abra una línea de investigación sobre el ejército y han encontrado por parte de las autoridades federales un rechazo a atender institucionalmente su petición. Al respecto Santiago Aguirre, Subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín señalaba recientemente en una entrevista que: “En los documentos oficiales hay pistas para estimar que deben investigarse los vínculos del 27 Batallón de Infantería con el Cártel de Guerreros Unidos. Una clave está en la declaración ministerial del exdirector de Seguridad Pública de Cocula, el mayor retirado Salvador Bravo Bárcenas, quien fue efectivo del 27 Batallón. Según su testimonio presentado el 15 de octubre del 2015, en octubre del 2013 él denunció ante el comandante del Cuartel de Iguala, Juan Antonio Aranda Flores, a varios de sus subalternos, entre ellos su segundo, Cesar Nava González, de presuntos vínculos con Guerreros Unidos. Sin embargo los altos mandos nunca investigaron estas demandas” (Proceso No. 1994, 18 de enero del 2015:11)

En este contexto se ha pedido a la Secretaria de la Defensa Nacional, no solo acceso a la base militar de Iguala, sino a las bitácoras que reportan todas las actividades de los efectivos militares. Esta negativa por parte de SEDENA proporcionar información se ha repetido en los casos de población civil detenida en flagrancia por efectivos del ejército por lo que el Centro Agustín Prodh llevado la denuncia ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) contra la opacidad de SEDENA, asunto en el que el organismo autónomo dio la razón al Pro.

Si bien no ha sido posible acceder a las bitácoras de SEDENA, papel del ejército en la detención de civiles y la violación a los derechos humanos en Guerrero está ampliamente documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan. La participación del ejército en este continuum de violencia se da paralelamente a una continuidad en los grupos de poder que desde la federación y desde el Estado siguen posibilitando la reproducción de la impunidad en Guerrero.3 En este contexto de violencia, de crisis de las instituciones y de impunidad, los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa han llamado a suspender las elecciones en Guerrero. Mediante plantones realizados durante el mes de marzo en las oficinas del Instituto Nacional Electoral en ese estado y en la ciudad de México los familiares de los desaparecidos han demandado la suspensión de los comicios señalando que de celebrarse las elecciones se perpetuarían las condiciones para que se repita un crimen brutal como el de los estudiantes. Además de la aparición de los estudiantes, los padres y madres de Ayotzinapa reclaman que antes de los comicios debe haber acciones y cambios contundentes para evitar que sean electos los llamados narcopolíticos.

Visitando Ayotzinapa en la Convención Nacional Popular

Respondiendo al llamado de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa a articular esfuerzos a nivel nacional asistí el 10, 11 y 12 de abril a la II Convención Nacional Popular que se realizó en las instalaciones de la Normal Raúl Isidro Burgos, en el municipio de Tixtla Guerrero. Entrar a las instalaciones es acercarnos a la historia de resistencia de las normales rurales en México, los murales que cubren sus paredes, los epígrafes que encabezan las entradas a las aulas, nos hablan de los orígenes de este proyecto político y de su compromiso con la justicia social. Surgidas en la década de los 20s del siglo pasado, bajo el influjo posrevolucionario, las normales rurales se proponían formar a jóvenes como maestros rurales que contribuyeran a la transformación social de las comunidades campesinas. Los estudiantes desaparecidos eran herederos de una cultura de resistencia y pensamiento crítico que despertó el odio y el rechazo de los poderes locales.

En el patio central de la normal nos encontramos con 43 pupitres con las fotografías de los jóvenes desaparecidos, cada pupitre se ha convertido en un pequeño altar en el que sus familias llevan flores, cartas, regalos. La personalidad y la vida de los jóvenes se pueden reconstruir como un rompecabezas a partir de los objetos personales. Médicos Sin Fronteras contribuye a reconstruir estas historias a través de un proyecto fotográfico en el que han dado cámaras a los familiares de los jóvenes desaparecidos para que fotografíen objetos, lugares, paisajes que aporten a su memoria. Estas fotografías están expuestas, junto con otras de los álbumes familiares que nos hablan de jóvenes alegres, deportistas, seguidores de la Chivas o de los Pumas, padres prematuros, hijos amorosos… Un caballo taciturno deambulando en un terreno baldío hace referencia a la espera: el pie de foto nos cuenta que el potrillo sigue esperando a su dueño. Duele físicamente su ausencia, no puedo evitar llorar y me avergüenzo de mis propias lágrimas, ante el valor que muestran padres y madres, que se mueven de un lado a otro por la normal recibiendo a los participantes.

La normal se ha convertido en un gran dormitorio y los participantes en la II Convención Nacional Popular llegan de distintas regiones del país. La diversidad de México se ve reflejada en los asistentes: indígenas de Chiapas y Oaxaca, jóvenes anarco-punks de la ciudad de México, maestros de Baja California, bomberos en resistencia del área metropolitana, electricistas del SME, todos movilizados por el dolor y el valor de los padres y madres de Ayotzinapa. La Convención se propone ser “un espacio de articulación, de acción común y de acumulación de fuerzas en la perspectiva de modificar de raíz el injusto régimen económico, político y social que hemos padecido los mexicanos” así lo explica la Convocatoria. Los padres y madres con los que logro dialogar tienen una única prioridad: encontrar a sus hijos con vida. La Convención les parece un espacio importante para difundir su lucha y articular la solidaridad. La mayoría de ellos son campesinos que tuvieron que abandonar su milpa y sus animales para buscar a sus hijos, no les interesa ser vanguardia de ningún movimiento, aunque si comparten con la mayoría de los asistentes su anhelo de justicia social.

Se organizan mesas de trabajo, no hay un liderazgo claro y todos vuelven los ojos a los padres para establecer la dinámica de trabajo. Me uno a la Mesa 3 bajo el Tema “Plan Nacional de Lucha”. Uno de los padres llama al orden y dice: “No sé nada de Convenciones, ni de Planes Nacionales de Lucha, pero ya tienen que empezar a trabajar porque se les está yendo el tiempo sin hacer nada.” Es la voz contundente de un padre que está acostumbrado a poner orden en su casa. Nos advierte que no se podrá quedar los tres días porque él y otros compañeros saldrán a “una búsqueda”, se hacen brigadas que siguen recorriendo las montañas, esas regiones controladas por “los malos” en donde creen que pueden estar sus hijos trabajando como esclavos. Están convencidos que siguen vivos, no es una postura política, es una convicción profunda. Saben que otros jóvenes han sido secuestrados y llevados a la fuerza a los plantíos de amapola a trabajar para el crimen organizado, sus padres no han denunciado por miedo a que los maten. Es secreto a voces que hombres y mujeres jóvenes de la Montaña han sido levantados, sin que nadie denuncie. Es este antecedente que el que les hace pensar que siguen vivos. Ningún decreto oficial, ninguna “verdad histórica” los hará suspender su búsqueda sin pruebas contundentes de que sus hijos han muerto. Del Plan Nacional de Lucha les importa lo que las organizaciones y personas ahí reunidas puedan hacer para que sus hijos aparezcan; para que el ejército abra sus cuarteles y les permita buscar pruebas; para que se suspendan las elecciones controladas por narco-políticos hasta que aparezcan sus hijos. Cada organización lleva su propia agenda: quienes piden que se incluya la liberación de los presos políticos; la no privatización del sector energético: el rechazo a los mega proyectos. Hay activistas profesionales que hablan con condescendencia y acaparan el micrófono; un joven anarquista que llama a quemar urnas e invita a los pacifistas que se oponen a “llevar agua y curar a los heridos”. Tanta arrogancia política me exaspera, y no puedo evitar sentir pena ajena ante los padres que escuchan pacientes los debates interminables de los asistentes. Finalmente, una de las madres que viene desde Tlaxcala se levanta y con voz firme nos recuerda que estamos reunidos para apoyar en la búsqueda de sus hijos, que todas sus causas pueden ser justas, pero que hay una urgencia, que cada minuto es valioso para ellos y pregunta quienes están dispuestos a salir en las “búsquedas”. Hay un silencio en la sala, alguien llama a un receso y su invitación queda en el aire…

Con este variopinto universo de activistas es con los que cuentan los padres de Ayotzinapa, con sus arrogancias y sectarismos o con sus solidaridades y experiencias, somos los que estamos, no hay más de momento. En otra de las plenarias una mujer de Sonora lee un documento en el que propone unos principios básicos para el trabajo colectivo de la Convención, algunos tienen que ver con la limpieza y el reciclaje, y la importancia de ser un ejemplo para los estudiantes manteniendo limpia la escuela y conservando el medio ambiente. Otro de los puntos habla sobre la equidad de género, la importancia de no reproducir actitudes machistas entre los compañeros. Un hombre de edad la interrumpe casi gritando, tiene aspecto de intelectual urbano, no logro averiguar qué organización representa pero interpela a la mujer diciéndole: “Aquí no hay lugar para feminismos, esos dividen al movimiento” muchas cabezas de hombres y mujeres asienten ante su afirmación. El hombre está verdaderamente molesto, acusa a la mujer de ver machismo en donde no lo hay y de desviar la discusión de temas “verdaderamente importantes”. Pensaba que este discurso ya había sido superado, al parecer sigue vigente entre algunos sectores que confluyen en estos espacios, inmunes al ejemplo del zapatismo que ha incluido en su agenda de lucha la Ley Revolucionaria de Mujeres, que reconoce que la construcción de una sociedad más justa debe de empezar por la democratización de la vida cotidiana. Aún hay mucho camino por recorrer, extraño a mis compañeras de la Red de Feminismos Descoloniales y pienso en el trabajo de hormiga que podríamos empezar a hacer en estos espacios. Pienso en Italia Méndez y en las otras compañeras de Atenco, sobrevivientes de la violencia sexual del Estado, que han apostado a trabajar con los hombres y mujeres de sus organizaciones para desarticular los discursos machistas que permiten que los cuerpos de las mujeres puedan ser vistos como centros del honor masculino. Pienso también en las compañeras zapatistas y en lo mucho que tendrían que enseñar a estos intelectuales de izquierda que siguen viendo al feminismo como un enemigo que divide. Pienso en los retos que tenemos enfrente para construir alianzas políticas con compañeros que se oponen a ver sus propias violencias y quieren combatir las violencias del Estado.

Somos los que estamos, me repetí al final de los tres días y con todos nuestros defectos, diferencias, tensiones, decidimos acercarnos a Ayotzinapa y acompañar la lucha de los padres. Tenemos la responsabilidad política de superar nuestras diferencias y crear alianzas entre los diversos en este momento de emergencia nacional. No tengo ni las capacidades, ni el valor para ir a la “tierra de nadie” controlada por los “malos” para buscar a los jóvenes como invitaba la madre de Tlaxcala, solo tengo la fuerza de la escritura como herramienta, y la pongo a su servicio escribiendo estas líneas. Si la democracia electoral no es una opción en el contexto actual, ¿hacia dónde podemos canalizar como feministas nuestra energía política? La propuesta de la democracia radical que articule las distintas luchas contra las diversas formas de desigualdad y exclusión resulta fundamental para replantear nuestras estrategias de lucha. El fortalecimiento de los procesos organizativos y la creación de lo “común”, las alianzas políticas y la promoción de espacios de reflexión colectiva que incluyan la importancia de la democratización de la vida cotidiana, la lucha contra el racismo y la violencia patriarcal puede ser una parte fundamental de nuestra agenda política, y nuestra humilde contribución para desarticular los poderes de muerte que tienen secuestrado a nuestro país.

 1La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), fue una comisión legislativa bicameral conformada desde marzo de 1995 por la Cámara de Diputados de México y de Senadores y sus miembros eran diputados y senadores de los diferentes partidos políticos en México y encargada de ayudar en el proceso de diálogo en el contexto del levantamiento zapatista. Como resultado de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el EZLN y el gobierno de México entonces encabezado por Carlos Salinas de Gortari, para reconocer constitucionalmente derechos a los pueblos indígenas, a la COCOPA se le encomendó redactar una propuesta de reforma constitucional que recogiera los principales consensos establecidos en los Acuerdos de San Andrés. Esta propuesta fue aceptada por el EZLN y era la base de la reforma legislativa que se llevó al Congreso en el 2002.

 2Entrevista realizada el 6 de Noviembre del 2004. Ver https://www.youtube.com/watch?v=x6kvWCWPk54

 3Muchas de las desapariciones que documenta el informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero se dieron durante la gubernatura de Ruben Figueroa Figueroa,  teniendo como mano derecha al general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien fue acusado en el 2004 de haber asesinado a 21 campesinos disidentes lanzándolos desde un avión. Fue exonerado de esos cargos y de otros que lo vinculaban con el crimen organizado, y en el 2008 fue condecorado por sus “servicios a la Patria” por el presidente Felipe Calderón. Murió en el 2010 en un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado. El hijo de Ruben Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer, fue también gobernador de Guerrero (1993-1996), y fue el responsable de la masacre de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) en donde 17 campesinos fueron asesinados y 21 gravemente heridos por fuerzas policiacas, cuando protestaban contra el encarcelamiento injusto de un compañero. Su nieto, Rubén Figueroa Smutny, fue diputado del Partido Revolucionario Institucional, y fue el vínculo entre el depuesto alcalde de Iguala, José Luis Abarca y el Comandante del 27 Batallón de Infantería, Coronel José Rodríguez Pérez, quien donó un amplio terreno para que el edil de Iguala construyera una lujosa plaza comercial. Durante la agresión de los policías de Iguala a los estudiantes de Ayotzinapa, y la posterior desaparición de los mismos, el coronel Rodríguez Pérez estaba en compañía del José Luis Abarca y su esposa.

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