Madrid, España. “Mantener en el corredor de la muerte a 14 presos gravemente enfermos es inaceptable”, escribió el preso político vasco, Josu Uribetxebarria, en una carta remitida a la opinión pública el 8 de agosto, y después inició una huelga de hambre. “Sólo pido un trato digno”, reivindicaba desde su cama en el Hospital Donostia de San Sebastián.
Hace siete años le fue diagnosticado un cáncer de riñón. Ahora, la enfermedad se le ha extendido al cerebro y los pulmones. Según el parte médico, tiene un 90 por ciento de posibilidades de morir a lo largo del próximo año. Por eso, debería de estar en la calle. El gobierno español, sin embargo, ha alargado en el tiempo su decisión. Como él, otros 13 presos políticos vascos sufren enfermedades graves e incurables. Siguen en prisión a pesar de que la propia ley de Madrid permite que dejen atrás los muros por razones humanitarias.
Todo esto, en un contexto de cese definitivo de la lucha armada decretada por Euskadi Ta Askatasuna (ETA1) que no ha sido respondido con diálogo por parte del poder ejecutivo de Madrid. El gobierno de Mariano Rajoy se ha cerrado en banda y no acepta las demandas mayoritarias de resolución que llegan desde el País Vasco.
La solidaridad con Uribetxeberria se ha desatado, tanto en las cárceles españolas y francesas (donde permanecen encerrados la mayor parte de los 634 presos políticos vascos), como en las calles de Euskal Herria. Actualmente, un total de 541 prisioneros políticos se encuentran en lucha en 64 centros penitenciarios, de acuerdo con datos ofrecidos por Etxerat, la asociación de familiares de represaliados. La mayoría de ellos han secundado la huelga de hambre iniciada por Uribetxeberria. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Arnaldo Otegi, portavoz de la izquierda independentista vasca que permanece encerrado desde hace tres años. Sin embargo, en otras cárceles también se desarrollan “txapeos” (encierros en la celda sin salir al patio), encuarteladas, ayunos o envíos masivos de cartas de protesta al Ministerio del Interior español y a Instituciones Penitenciarias.
El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, del conservador Partido Popular (PP), se enroca en el “cumplimiento de la ley”, aunque sabe que si se aplica el reglamento penitenciario, Uribetxeberria debería ser puesto en libertad, especialmente después de que el jueves 16 de agosto se hiciesen públicos los resultados de sus pruebas médicas. Según los doctores, el preso político vasco padece un cáncer “irreversible” aunque permanece “estable”. No obstante, los sanitarios advierten que las probabilidades de que sobreviva los próximos 12 meses se reducen al 10 por ciento. Según el informe elaborado por el hospital Donostia, el 50 por ciento de los pacientes aquejados de un tumor como el que padece Uribetxeberria no resisten los siguientes nueve meses, una cifra que llega hasta el 90 por ciento en el período de un año.
La situación de Uribetxebarria se complicó a principios de agosto. Tras sufrir dolores de cabeza, el preso fue evacuado al hospital desde la cárcel de León (a 433 kilómetros de Euskal Herria). De ahí, Interior decidió acercarlo al hospital de Donostia. Desde los años ochenta, el gobierno español aplica la política de dispersión contra los presos políticos vascos. Esto implica que son encarcelados en centros penitenciarios distribuidos por toda la península, lo que provoca que sus familiares tengan que realizar largos viajes para poder tener una visita de apenas 40 minutos.
La demanda de libertad para Uribetxebarria se ha multiplicado desde su traslado a Donostia. En el exterior, decenas de personas protestan a diario; 12 se han sumado a la huelga de hambre indefinida en solidaridad con el prisionero político, cuya salud se deteriora también como consecuencia del ayuno. El jueves 16 de agosto, ocho personas fueron detenidas en una protesta frente a la sede del PP en la capital guipuzcoana, tras exigir el regreso a casa del preso.
Pese a ello, por el momento el gobierno español sólo ha aceptado otorgarle el tercer grado, que es el paso previo para la libertad condicional. Este mismo viernes 17, Instituciones Penitenciarias, el departamento del Ministerio del Interior que se encarga de las cárceles, decretó el tercer grado reconociendo “razones humanitarias” ante la grave enfermedad de Uribetxebarria. Eso sí: le impuso condiciones como no poder participar en actos que “ensalcen la violencia”, lo que podría ser interpretado como cualquier evento que quiera rendirle homenaje.
Sin embargo, no está todo dicho. La última palabra la tendrá la Audiencia Nacional, un tribunal especial ubicado en Madrid, heredero del Tribunal de Orden Público que funcionaba durante la dictadura de Franco. En principio, el juez ha solicitado informes médicos y ha preguntado si podría ser tratado en la cárcel, aunque la Junta de Tratamiento de la prisión de Zaballa (País Vasco) ya se ha mostrado partidaria de la libertad condicional. El alargamiento de la decisión solamente repercute en la salud del prisionero, que afronta ya más de una decena de jornadas en huelga de hambre.
En contra de la liberación de Josu Uribetxebarria se ha posicionado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, tradicional aliado de la derecha, y algunos miembros del partido en el gobierno español, un sector que siempre ha sido muy beligerante contra todo tipo de solución dialogada.
El apoyo a Josu se ha extendido por todo el territorio vasco, algo que no ha gustado a los jueces españoles. El magistrado Santiago Pedraz prohibió el viernes una manifestación que tenía previsto reclamar la libertad del prisionero enfermo y que estaba convocada para el sábado 19 en Bilbao por Herrira, el movimiento de solidaridad con los presos políticos. Pese al veto, los partidos, sindicatos y organizaciones sociales firmantes del Acuerdo de Gernika (una alianza para la normalización política en Euskal Herria) realizaron un llamamiento a concentrarse en la misma localidad.
A la espera de la decisión que adopte el juez, la tensión se mantiene en Euskal Herria, donde la mayoría de la población se ha posicionado a favor de un proceso de diálogo con el que resolver el conflicto político. Sin embargo, por el momento, Madrid no mueve ficha. Pese a su situación, Uribetxebarria agradeció los ánimos y animó a la ciudadanía a seguir adelante. “Los pasos que se han dado en los últimos meses y la situación que tenemos en Euskal Herria son muy positivos, los veo muy bien. Soy optimista con la situación política y con el proceso, vamos muy bien. Ánimo, gracias y un abrazo fuerte a toda la gente. ¡Aurrera bolie2!”, señaló el represaliado en una nota hecha pública por el diario Gara y el portal Naiz.
El caso de Uribetxebarria ha vuelto a poner sobre la mesa que todavía quedan más de 600 presos políticos vascos, algunos de ellos con más de dos décadas encerrados. Pese a llamadas al diálogo materializadas en iniciativas como la Conferencia de Aiete, auspiciada por el exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, el ejecutivo de Madrid sigue anclado en el inmovilismo.
