Más despojos de tierras del gobierno de Puebla para el Proyecto Integral Morelos

redacción desinformémonos

Ciudad de México, 24 de febrero de 2015. La comunidad de San Miguel Papaxtla en Puebla, denunció la presencia de decenas de elementos de la policía estatal y federal en la entrada del pueblo este fin de semana. Minutos más tarde en el paraje conocido como Tecolotla, el terreno de Claudio Rosas Grande, campesino de la región, fue invadido por maquinaria pesada encargada de los trabajos del Proyecto Integral Morelos (PIM).

A pesar de que Rosas Grande no aceptó vender su terreno a la obra del gasoducto, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acordonaron el sembradío y acompañados por personal de la Subsecretaría Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla y resguardados en todo momento por los uniformados, le notificaron la expropiación de su terreno que estaba dirigida a una persona ya fallecida, denunció El Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, mediante un comunicado.

La construcción del gasoducto, de 160 kilómetros, continua aunque existe un amparo emitido desde el año pasado que ordena a la CFE suspenda provisionalmente la obra, que completa el setenta por ciento. El proyecto atravesará más de 60 pueblos en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, en los que siguen las amenazas por parte de las empresas encargadas del proyecto, Abengoa, Elecnor y Enagas, en complicidad con los gobiernos estatales que envían a sus fuerzas de seguridad para reprimir a los opositores y llevar a cabo las expropiaciones de sus tierras.

Una bomba de tiempo

Desde el año pasado los pueblos opositores han sido objeto de diferentes amenazas desde la privación de la libertad a partir de la fabricación de delitos, amenazas de muerte hasta la división de los pueblos para el cambio de uso de tierras y la venta de estas.

LA CFE y las empresas encargadas del proyecto, echaran a andar el proyecto a como dé lugar. Samantha César Vargas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), en un reportaje pasado en Desinformémonos, denunció que siguen con la instalación de los ductos sin respetar los trazos originales del proyecto. “La construcción no es continua porque muchos pueblos y ejidos no han querido vender”.

El proyecto también contempla la construcción de dos termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW), ubicadas en Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, actualmente activo; y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos, con una inversión de mil 600 millones de dólares.

Claudio Rosas, denunció ante el Ministerio Público del fuero común de San Andrés de Cholula, la expropiación de su terreno sin ninguna notificación previa. Además el campesino señaló tanto al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y a las empresas por la actuación en estos hechos. El funcionario que recibió la denuncia se se excusó en no poder llevar a cabo una expedición por tener sobrecarga de trabajo.

Los trabajos en el terreno continuaron sin parar, la constructora cabo una zanja, soldaron tuberías y ese mismo día pretendieron enterrar el ducto. Los uniformados custodiaron todo el tiempo a los trabajadores de la obra.

Fabricación de delitos

En diez meses 19 personas han sido apresadas por oponerse al gasoducto y dos termoeléctricas en zona de riesgo volcánico, y al menos 19 órdenes de de aprehensión circulan por supuesta privación ilegal de la libertad de funcionarios de la CFE, porque en muchas comunidades prohibieron la entrada de estos a sus tierras.

El próximo 28 de marzo el FPDT acordó una caravana indígena y campesina que saldrá desde Morelos y Puebla hacia la Ciudad de México, para exigirle al gobierno federal la solución pronta a todos los conflictos que ha generado la CFE, por querer imponer el gasoducto en las comunidades, sin otorgarles el derecho de decidir sobre las obras que afectan a sus territorios.

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