De los 480 estudiantes normalistas de Mactzumactzá, el 90 por ciento son indígenas. La mayoría pertenece al pueblo Tzeltal, que convive con jóvenes indígenas de los pueblos Tzolzil, Tojolabal, Zoque, Chol y Mam. Es la riqueza lingüística y cultural que forma parte de la fortaleza de esta normal rural.  A pesar de sus raíces ancestrales, la educación que reciben es para reproducir la desigualdad social, al ser receptores de un modelo educativo centrado en el individuo y en la servidumbre. En la normal han aprendido a luchar desde dentro de las aulas para no perder su identidad, y mantener el sentido de justicia social que le dio origen a este modelo educativo. Muchos jóvenes provienen de comunidades indígenas muy recónditas, donde no hay luz eléctrica, ni caminos rurales para trasladarse en algún vehículo. Hay normalistas que caminan más de 10 horas para llegar a San Cristóbal de las Casas. Es toda una osadía ingresar a la normal porque implica superar la brecha lingüística y enfrentar los tratos discriminatorios de los ladinos, así como las actitudes hostiles y racistas de los patrones y de la clase política vetusta.

El vínculo con las comunidades indígenas forma parte de ese “espíritu público”, que intentó imprimir José Vasconcelos a las normales rurales, infundiendo en los estudiantes el sentido de sacrificio de la educación, a imagen de cualquier labor misionera. Es decir, educar para entregarse a una causa mayor. La pedagogía para la acción en las normales rurales fue concebida por Moisés Sáenz, bajo la influencia de John Dewey, en un modelo pedagógico de “aprender haciendo”. Enfatiza el sentido práctico de la escuela que debe de estar íntimamente ligada al entorno que rodea a los estudiantes. Esta metodología fue apropiada por las normales rurales, al transformarse en un espacio abierto en constante interacción con las comunidades indígenas y campesinas. La actividad agrícola formó parte de la enseñanza pública. Para el exsubsecretario de educación “la escuela rural libre de tradiciones y con un campo amplio de urgentes necesidades donde laborar, es la institución que más contribuirá a la transformación de México”. Este compromiso social de los estudiantes normalistas, adquirió mayor vigor con el autogobierno ejercido desde la base estudiantil, que es un logro que han defendido con su sangre para mantener su autonomía, y forjar el acero como futuros maestros y maestras rurales.

El normalismo rural hizo realidad el derecho a la educación para los hijos e hijas de las familias indígenas y campesinas. El modelo de escuela-internado, púbico y gratuito para mujeres y hombres, bajo un modelo formativo en el que se combina el estudio con el trabajo, es una conquista histórica que las nuevas generaciones de normalistas han preservado ante la embestida privatizadora de la educación, promovida por los gobiernos caciquiles y neoliberales. El contexto social y educativo en que surgen las normales rurales las hermanó con las demandas y luchas sociales de los pueblos indígenas. Este vínculo entre escuela y comunidad definieron el perfil educativo y el compromiso social de las y los normalistas cuya matriz cultural se cimienta en las comunidades indígenas. La combatividad de los estudiantes es producto de esta tradición organizativa, anclada en la conciencia social y política que adquieren desde que ingresan a la normal.

La vida interna de las normales implica una rigurosa disciplina en el estudio y en el trabajo, también formas de organización colectiva orientadas a cumplir con las tareas que realizan cotidianamente para el correcto funcionamiento de su casa–escuela. Hay una observancia rigurosa en el cumplimiento de las actividades académicas y del trabajo colectivo, así como de las tareas encomendadas para emprender acciones orientadas a difundir sus demandas. Esta lucha tenaz e inclaudicable ha propiciado reacciones irascibles de los gobernantes en turno.

Históricamente las normales rurales son las instituciones que mayores ataques han sufrido, con la perversa intención de cerrarlas y desaparecerlas. Por tratarse de actores incomodos de extracción indígena, se les criminaliza y se les da un trato de delincuentes. Varios gobiernos caciquiles como los de Guerrero, Chiapas e Hidalgo, además de emprender una campaña de odio, para justificar la represión, han utilizado la fuerza para someter y acallar sus demandas legítimas. La cárcel, los gases lacrimógenos, las balas de goma y las armas de fuego se han utilizado contra las y los normalistas, que en todo momento abanderan el cumplimiento de su pliego petitorio. Son demandas básicas relacionadas con el aumento de la matrícula, la aplicación de exámenes de manera presencial, el apoyo económico para prácticas escolares, así como el incremento del presupuesto para el comedor estudiantil, el mejoramiento de la infraestructura del internado y sus salones de clase. Esas demandas históricas han desencadenado acciones represivas desproporcionadas, donde varios jóvenes indígenas han perdido la vida o los han privado de su libertad.

En Mactzumactzá, desde el 2003 cuando Pablo Salazar Mendiguchía destruyó los dormitorios, el comedor y varios salones de clase con el fin de cerrar la normal, los estudiantes mostraron su casta al resistir esta ola represiva y reagruparse con las demás normales rurales.  Rentaron por un tiempo algunas casas en la colonia Plan de Ayala, para defender su escuela. A base de movilizaciones y de un trabajo muy intenso entre los estudiantes, lograron recuperar el comedor, algunos dormitorios y canchas de básquetbol. Con trabajo voluntario y cooperaciones de los padres y madres de familia, así como de organizaciones hermanas reconstruyeron sus dormitorios. A pesar de este esfuerzo siguen en la precariedad y en el hacinamiento al dormir más de 6 personas en cuartos de 3 por 3 metros, adaptando literas de tres camas. Reciben 74 pesos diarios, para las raciones alimenticias por cada estudiante. Tienen que sobrevivir con frijoles, huevos y sopas, y con el riesgo inminente de que algún edificio se colapse.

Las carencias económicas que desde niños y niñas padecieron en sus comunidades, se multiplican ahora que se encuentran estudiando en la normal. Experimentan el odio racial de la población ladina, y el golpeteo permanente del gobierno morenista de Rutilio Escandón Cadenas. La postura inflexible de aplicar el examen de admisión de manera virtual, propició el desalojo violento de los estudiantes que protestaban en la caseta de cobro de la autopista San Cristóbal – Tuxtla Gutiérrez. Detuvieron a 74 mujeres que fueron recluidas en el penal de El Amate, y 19 varones que fueron vinculados a proceso, junto con dos indígenas desplazados de la comunidad de Chenalhó, que se encuentran en el Cereso 14 del municipio de Cintalapa.

La exigencia de las y los normalistas de que las autoridades apliquen un examen presencial en un cuadernillo de papel con lápiz, en lugar de aplicarlo en línea por la inoperancia de la conectividad en comunidades indígenas, profundizó la animadversión del gobernador quien envío granaderos, para reprimirlos. El ejecutivo estatal, está muy lejos de entender la historia de las normales rurales y su mística cimentada en el servicio a las comunidades. Ha tirado por la borda, el histórico papel que desempeñan los maestros y maestras indígenas dentro de sus comunidades. Es una lucha sorda, contra la desigualdad social, y ahora en plena pandemia contra la desigualdad digital.

Publicado originalmente en Tlachinollan