Foto: Somos Télam

La Ley Bases aprobada por la Cámara de Senadores profundiza el modelo político-económico de explotación de la naturaleza, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Las grandes empresas internacionales, que ya contaban con amplias ventajas de rentabilidad y ausencia de controles, celebraron la medida. El extractivismo es política de Estado.

El Senado aprobó la Ley Bases. Ahora el proyecto regresará a la Cámara de Diputados, donde se deberá revisar las modificaciones que, aunque mínimas, hizo la Cámara Alta al proyecto del Gobierno. La iniciativa beneficia a grandes trasnacionales, como mineras, petroleras y firmas del agronegocio. Todas las asambleas socioambientales, movimientos campesinos y organizaciones indígenas coinciden en que esta norma profundiza el modelo extractivo y, al mismo tiempo, incrementará la presión (y los conflictos) territoriales en Argentina.

Tras un empate de 36 votos afirmativos, 36 negativos y cero abstenciones, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villaruel, resolvió a favor del proyecto del Ejecutivo. En las horas previas trascendió que la senadora Lucila Crexell será nombrada en la Embajada ante la Unesco a cambio de su voto afirmativo. También fueron llamativos los votos a favor de los peronistas Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos Espínola (Corrientes). «Este proyecto exacerba la matriz extractivista porque genera beneficios fiscales, financieros y cambiarios que acentúan la política de saqueo de nuestra naturaleza. Y su tratamiento fue escandaloso. Es la Banelco del siglo XXI. Más que una explicación política, hay que buscar una explicación criminal», afirmó tras la sesión Enrique Viale, de la Asociación de Abogades Ambientalistas.

El abogado fue uno de los expositores de la sociedad civil contra la Ley Bases en la Cámara de Diputados. «Estábamos discutiendo leyes del siglo XXI y pasamos a discutir temas del siglo XIX», afirmó entonces. Ya con la aprobación de ambas cámaras, denuncia: «Estamos ante un gobierno negacionista del cambio climático y de la cuestión ecológica, que además es entreguista y está manejado por grandes corporaciones. Esto le cae como anillo al dedo a Elon Musk para saquear el litio argentino, por ejemplo. Pero no hubiera salido sin la complicidad de gran parte de la denominada oposición». En la Cámara Alta hay sólo siete senadores oficialistas, por lo que la gran mayoría de los votos fueron de legisladores de otros bloques.

Al volver el proyecto a Diputados, se abren tres posibilidades: la primera es que esa cámara apruebe la ley tal como salió del Senado. La segunda es que la apruebe pero insista en el proyecto original (para eso necesita la mitad de uno). Y la tercera es que rechace todo. En caso de darse este último escenario, el tema no podría volver a tratarse durante este año. Pero para Viale no es probable que ocurra. «Hay que estudiar si no hubo complicidades por parte de senadores que acompañaron diciendo que hacían modificaciones, sabiendo que después vuelve a Diputados y se puede volver al proyecto original», apunta y concluye: «Hay que seguir más juntos que nunca defendiendo a la naturaleza, los territorios y la patria».

RIGI: las puertas abiertas para el saqueo

«Este proyecto significa más extractivismo, menos democracia y un gobierno que pone todo el aparato represivo al servicio de las corporaciones», resume Viale. La sanción del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) es el mayor exponente del modelo que busca instalar la Ley Bases. Dicho régimen comprenderá proyectos de «foresto industria» (como se llamó durante el debate al agronegocio), infraestructura, minería, energía y tecnología.

Las empresas de esos rubros que hagan inversiones de más de 200 millones de dólares tendrán enormes ventajas en relación al resto de las empresas del país. Entre ellas, obtendrán una reducción en el impuesto a las Ganancias, no tendrán restricciones ni aranceles para importar maquinaria e insumos —lo que desalienta la compra a proveedores nacionales— y tampoco pagarán retenciones a las exportaciones. Sumado a eso, a partir del tercer año del proyecto no tendrán obligación de liquidar ni de ingresar al país las divisas que generen por las exportaciones que realicen. Además, tendrán prioridad en el acceso a recursos como el agua o la energía ante un escenario de escasez. Durante los próximos 30 años tendrán «estabilidad fiscal»: no podrán tener modificaciones impositivas ni legales.

El RIGI fue uno de los temas que generó más polémica en el Senado por los beneficios que otorga a los grandes capitales. Sin embargo, las modificaciones terminaron siendo sólo cosméticas. Uno de esos cambios fue modificar (según se observó en el debate) «agroindustria» por «foresto industria». «Con esto estamos protegiendo al campo, a la agroindustria, a sectores tradicionales argentinos. No necesitamos que vengan grandes capitales, compren el complejo aceitero de Santa Fe, hagan un RIGI y no paguen impuestos. Esto es para actividades nuevas, como la forestal, que en Argentina está tan mal manejado que terminaron todas las pasteras yéndose a Uruguay», alegó el senador salteño Juan Carlos Romero.

Al votar de forma afirmativa, el legislador también manifestó, en relación al artículo 163, que demanda la adhesión de las provincias para la aceptación de un proyecto: «Se protege el ejercicio legítimo de las provincias. Soy reacio a que le cedamos el resguardo ambiental a la Nación o que aparezcan los grupos ambientalistas porteños a decir si es bueno o no un proyecto en la Puna. La cuestión ambiental es de las provincias».

Los senadores decidieron no resguardar el derecho al ambiente sano ante el desembarco de estas empresas. Ni siquiera cuando lo solicitó en plena sesión la senadora Edith Terenzi (Juntos por el Cambio, Chubut), quien preside la Comisión de Ambiente de la Cámara Alta. «El régimen se concentra únicamente en cuestiones económicas, sin embargo todos sabemos que va a haber un fuerte impacto de los proyectos incluidos en el RIGI en los derechos ambientales. A lo largo de todo el articulado del RIGI no hay mención de la materia ambiental, de pasivos ambientales y de su remediación con respecto a los proyectos de inversión que se propongan. No hay ninguna condición a las empresas beneficiarias para presentar estudios de impacto ambiental ni evaluaciones de los impactos acumulativos de estos proyectos», argumentó. Y propuso agregar el requisito de que los emprendimientos den pruebas de su “sustentabilidad ambiental” para ser aprobados y que el incumplimiento de la normativa ambiental sea causal de exclusión del régimen.

Ninguna de las dos propuestas fueron tenidas en cuenta. Pero la legisladora terminó votando a favor. 

En el mismo sentido votaron Guillermo Andrada, senador del PJ cercano al gobernador Raúl Jalil de Catamarca. Una de las modificaciones que propuso fue incluir un plan de desarrollo de proveedores locales, aunque no avanzaron en la contratación de trabajadores locales para los proyectos mineros. En la bancada oficialista también se sumaron los votos a favor del RIGI de Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

Sin organismos ni fondos para proteger la naturaleza

La Ley también salió del Senado con otras modificaciones en materia de regulación ambiental y cesión de recursos. En el artículo 3°, de delegación de facultades, se habilita al presidente Javier Milei a avanzar en la reforma del Estado y una reorganización administrativa. Para ello, se le permite modificar la estructura jurídica, disminuir competencias o, directamente, eliminar organismos estatales. Entre los espacios claves para la coordinación y aplicación de políticas ambientales que quedarán a merced del Presidente están el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianiglia) y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

En la Cámara Alta se exceptuó de este artículo a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Geológico-Minero Argentino (Segemar) y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).

Durante la sesión, la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (UP) propuso sin éxito quitar la palabra “eliminar” de las facultades cedidas al Presidente. En tanto, el artículo 5° faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Entre ellos, el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el Foder (orientado al desarrollo de energías renovables) y el Fodis (destinado a la promoción de generación distribuida de energías renovables).

La decisión del Congreso de avalar la posibilidad de eliminar estos fondos perjudica a las áreas protegidas como, por ejemplo, los bosques nativos. “La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de los artículos del 30 al 39 de la Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques (Ley 26.331)”, indicaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Hidrocarburos para la exportación

El proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo (nacional o provincial, según corresponda), podrá otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación, autorizaciones de transporte y almacenaje, y habilitaciones de procesamiento de hidrocarburos. El Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de esas actividades. También se elimina la prioridad del abastecimiento interno y la potestad del Ejecutivo de fijar precios.

«Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Nacional», se lee en la iniciativa. De esta manera, se modifica la Ley 17.319 de Hidrocarburos; la 24.076, de Gas Natural, y la 26.741, por la cual se nacionalizó el 51 por ciento de YPF en 2012. Además, introduce cambios en los entes reguladores y en las leyes 15.336 y 24.065, sobre generación, transporte y regulación de la energía eléctrica.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva