Guerrero, a pesar de la violencia que nos azota por los grupos de la delincuencia, los cuales cuentan con la complicidad de autoridades locales y corporaciones policiacas, es una fuente de inspiración en toda América Latina. Fue el primer estado en legislar sobre desaparición forzada, también en esta entidad sureña se formó una comisión de la verdad y actualmente la lucha de las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos se ha transformado en referente nacional que, en medio del dolor y el sufrimiento, son un grito de esperanza.

Guerrero representa también un estado donde prevalece un gobierno caciquil y en el que la presencia militar ha causado estragos, al grado de que las más de 700 desapariciones de 1970 son parte de las desapariciones actuales, porque todas son desapariciones continuadas y sólo dejarán de serlo cuando se dé con el paradero de los ausentes.

Con un lenguaje sencillo pero muy preciso y contundente, Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, expresó que el paradigma militar impuesto en Guerrero no es para erradicar las desapariciones, lamentablemente el patrón crónico de la impunidad ha contribuido a que las desapariciones forzadas y los desplazamientos forzosos se incrementen en los municipios más violentos.

La corrupción acendrada y la falta de rendición de cuentas son factores que también contribuyen a la desaparición forzada, son técnicas de terror que buscan acallar a quienes levantan la voz y se empeñan en sepultar la verdad.

Frente a la estrategia de muerte de nuestros gobernantes, prevalece nuestra esperanza por la vida advirtió Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano Fray Juan de Larios en el foro Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, que organizó Tlachinollan en el marco de su 23 aniversario.

El incremento de las desapariciones y las desapariciones forzadas (en las que participan elementos del Estado) lacera e indigna a nuestro país. La estrategia de seguridad pública que privilegia la militarización de nuestro territorio hoy deriva en 32 mil personas desaparecidas, según los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), aunque existe un subregistro que no permite conocer la realidad de este problema a escala nacional.

La presencia de familiares y colectivos de los estados de Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Coahuila, Ciudad de México y de las diferentes regiones de Guerrero son una luz que nos guía en este sendero marcado por la violencia. Su lucha tenaz está marcando un nuevo rumbo en nuestro país por la forma en que las mismas familias se han colocado no sólo en el centro del debate, sino como las protagonistas del cambio, como el eje articulador de las luchas y las agendas centradas en las víctimas.

La sociedad mexicana debe unirse a la lucha por las personas desaparecidas en nuestro país, tenemos que poner un alto rotundo que obligue a parar este delito que día a día lastima a las familias afectando cada vez más a las y los jóvenes, es el llamado que hizo Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla desaparecido desde el 25 de agosto de 1974.

Al dolor de las decenas de familias se unieron las 43 madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, quienes a casi tres años de la desaparición de sus hijos esperan que las autoridades federales cumplan con el cronograma de trabajo para el avance de las líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En esta misma sintonía Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (Oacnudh), resalta la importancia de que el gobierno mexicano reconozca la dimensión de la problemática de la desaparición forzada como paso primario para su erradicación y solución.

Reitera que se deben desarrollar políticas de prevención; de investigar diligentemente la desaparición de personas para poner fin al patrón crónico de impunidad.

Es importante que se garantice el acceso efectivo a la justicia y se concreten todas las medidas necesarias para lograr una búsqueda efectiva que permita encontrar a las personas desaparecidas. Lo más importante para familiares y colectivos es la reafirmación del compromiso por parte de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos para seguir caminando juntos para la erradicación de personas desaparecidas.

Por su parte el Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue muy enfático “al afirmar que no podemos hablar del respeto y la vigencia de los derechos humanos, en tanto no demos respuesta y solución al problema de las desapariciones en México. Emplazó a las autoridades a dar cumplimiento en sus responsabilidades para que familiares y amigos de víctimas tengan conocimiento de lo sucedido. Se comprometió a contribuir en la búsqueda de la verdad, a la reparación de los derechos de víctimas.

Los testimonios y denuncias de las familias y colectivos es la fuerza que nos empuja para continuar en las batallas contra el dolor y el miedo, y para juntar las voces y las historias, porque los desaparecidos son nuestros desaparecidos, porque los desaparecidos son de todos. Porque esta lucha es la lucha por la vida, porque el clamor de México de vivos se los llevaron, vivos los queremos y vivos los encontraremos, es un aprendizaje luminoso que ha cruzado el umbral del dolor individual al dolor colectivo y de construir un proceso organizativo donde las mujeres son claves que no solamente han levantado la voz e increpado al poder, sino que son la fuerza del cambio, son el grito de nuestra esperanza.