México. El gobierno mexicano responde con acciones de terrorismo de Estado a una sociedad civil que lo tiene acorralado, debido a su falta de respuestas en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sostiene el abogado Sergio Soto, defensor de seis jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones que exigen la aparición con vida de los estudiantes de Guerrero.

Entre el 15 de noviembre y el 20 del mismo mes, las policías federal y del Distrito Federal consignaron a 28 jóvenes, en el contexto de las movilizaciones que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas.

En ninguno de los tres procesos penales, resume el abogado Sergio Soto, se respetó la presunción de inocencia ni las garantías de un debido proceso legal, como la adecuada defensa, el derecho de aportar propias pruebas y a que no te fabriquen incriminatorias. “Los estándares internacionales de derechos humanos no se están respetando por decisión del Estado”, acusa.

 “Se usa como primera línea el derecho penal para tratar de desarticular la protesta social sobre diferentes causas, donde una de las fundamentales es la exigencia de justicia. No es posible que frente a la corrupción, abuso de poder y violación masiva de derechos humanos la autoridad goce de impunidad y se pretenda fabricar delitos que no cometieron a los que salgan a protestar”, denuncia.

Con la tragedia de Iguala del 26 y 27 de septiembre, cuando la policía local ejecutó a seis civiles y desapareció a 43 estudiantes, explica el abogado, la sociedad está despertando, y por medio de movilizaciones continuas de millones de personas realiza exigencias al Estado –exhibido como violador de derechos humanos-, y la respuesta que recibe “es el terrorismo”.

Los músicos “que pudieron ser los siguientes desaparecidos”

Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López pudieron ser los desaparecidos número 44 y 45, explica el defensor, pues fueron detenidos el 15 de noviembre por agentes federales de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal, vestidos de civil y sin presentar orden de aprehensión.

Soto describe que sus defendidos son jóvenes con compromiso social que se expresan a través de la música –Jacqueline Santana tiene promedio de 9.3 en la carrera de Economía-, y han participado en las acciones en solidaridad con los normalistas víctimas de desaparición forzada en Iguala. Bryan Reyes fue detenido durante las movilizaciones del 1 de diciembre de 2012, en la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, y su caso está por resolverse: la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver sobre la constitucionalidad del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que comprende el delito de Ataques a la paz pública, un tipo penal “ambiguo y abierto, en el que cabe cualquier conducta”, explica el defensor.

Los jóvenes detenidos se ganan la vida tocando en cafés, vendiendo hamburguesas veganas y, en el caso de la estudiante, con el apoyo económico adicional de sus padres. Una semana antes de su detención, observaron a sujetos vestidos de civil y con radios vigilando la zona donde viven, “con miradas insistentes hacia el piso donde tienen su departamento”, explica Sergio Soto. El día de la detención, Bryan Reyes se comunicó con su hermana y le dijo que no acudiera a su hogar por la presencia de gente en actitud sospechosa; avisó a su abogado, Jorge Miranda, y decidieron salir a aprovisionarse de alimentos, en conjunto con su amigo Ulises Chávez. Al bajar un puente peatonal, cerca de 15 personas lograron capturar a Jacqueline Santana y Bryan Reyes, mientras Ulises Chávez logró huir.

Alertado por los transeúntes, un policía capitalino encañonó al conductor del Chevy blanco en el que trasladaban al joven músico. De acuerdo con el testimonio de Jacqueline Santana, el policía federal le comunicó: “No te metas, es un operativo federal”.  Más adelante, una camioneta de la policía local interceptó a la caravana, y uno de los agentes de civil exclamó, siempre de acuerdo con la información de la estudiante de Economía: “Qué no entienden estos hijos de la chingada que es un operativo, les dije que no fuera público, ya es un desmadre, todo mundo se enteró y ahora hay que presentarlos al Ministerio Público”.

Antes de presentar a los detenidos al Ministerio Público, los policías interrogaron a Bryan Reyes sobre su participación en las acciones en solidaridad con Ayotzinapa y sobre 12 personas, “en particular sobre un chico que fue detenido con mismo modus operandi, Julián Luna, que está ahora en el Reclusorio Norte, acusado de robo a un policía federal”, relata Soto.

Los policías federales alegaron que los jóvenes robaron500 pesos a una de las policías, usando un arma blanca. Se levantó la Averiguación Previa FVC/VC-3/T2/03048/14-11 por el delito de robo agravado calificado contra el ejercicio de la autoridad. “Ya ahí nos enteramos que se trataba de policías del área encubierta, no cualquier tipo de elementos. Son un comando de inteligencia, cuya función tendría que ser contra la delincuencia organizada, no contra estudiantes que participan con música en movimientos sociales”, detalla Soto.

“Empezó entonces una novela mal hecha, con actitudes de terrorismo de Estado; a Jacqueline la manosearon y la amenazaron con violación, lo que es tortura psicológica. En el Ministerio Público empezó un calvario porque no nos admitieron pruebas, y el fiscal y el procurador tomaron la decisión política de que fueran consignados”, describe el abogado.

Sergio Soto, en conjunto con otros abogados con quienes asumió la defensa de forma solidaria, ofrecieron pruebas, recabaron videos, y pidieron un informe a la policía federal sobre la adscripción de tres policías, de nombres Lidia Zárate Herrera, la denunciante, José Montiel González, el que la acompaña, y Luis Alberto Castillo Gordillo.

El proceso está lleno de irregularidades, denuncia el defensor, como la no inspección del lugar de los hechos, que los oficios sobre la adscripción de la policía no se llevaron a las instancias correspondientes, que la declaración de los policías sea exactamente la misma, y que el juez local haya aceptado el caso, cuando debió ser trasladado a un juzgado federal por ser la supuesta ofendida una policía.

En esta semana, un juez federal deberá resolver si atrae el caso, pues el local se declaró incompetente. “Pueden decretar la libertad, reclasificar el delito a uno menor o sostenerse en la acusación”, explica Sergio Soto.

Se trata de un proceso “ridículo” que demuestra la connivencia del gobierno local con el federal en el uso del derecho penal  represivo para disuadir inconformidad social, “todo desde agentes del Estado”.

Amenazas a los detenidos en el Zócalo

En el intento de toma del aeropuerto de la Ciudad de México del 20 de noviembre, en solidaridad con Ayotzinapa, la policía detuvo a 15 estudiantes y los amenazó “con llevarlos a Oaxaca y hacerles lo mismo que a los 43 normalistas de Ayotzinapa”, lo que es tortura sicológica, explica Soto.

Los primeros ocho detenidos salieron una vez pagadas sus fianzas, luego lo hicieron tres estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, “y cuando le toca el turno al encargado de la oficina de abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Ministerio pide tiempo para comer; a la media hora les dicen que a los cuatro que faltaban (Miguel Ángel Lara, José Manuel Morales, Alejandro Cabrera y Samantha Irais Buendía) ya los trasladaron al Reclusorio Norte y al de Santa Martha por ataques a la paz pública, ultrajes y portación de objetos aptos para agredir”, dentro del caso 364/2014.

El sábado 22, la juez pidió fianzas por 50 mil pesos en billete de depósito o 100 mil en efectivo por cada estudiante; el abogado general de la UACM ofertó dejar en garantía el inmueble del plantel Del Valle pero no se lo aceptaron, aunque tiene facultades para ello. “Se lanzó una convocatoria a las 9:30 de la noche para reunir el monto; para las 12 de la noche, con morralla, y a través de cooperativas, amigos, colectivos y  familiares, se juntaron los 200 mil pesos”, relata el defensor. Unas horas después, salieron libres.

Luego vinieron los detenidos en el Zócalo el mismo día, en un operativo conjunto del gobierno local y el federal. «Los varones fueron llevados al penal de máxima seguridad de Nayarit y las mujeres al de Veracruz”, continua.

Con la represión, la sociedad “estamos pasando del estupor a acciones más directas, con la posibilidad una revuelta popular muy parecida a lo que se vivió en Egipto y Medio Oriente”, valora el defensor, quien agrega que la acción directa como ejercicio de defensa propia se vuelve legítima.

El presidente Enrique Peña Nieto “considera que él encarna al Estado, como el rey Luis XIV, y desconoce cómo funciona la ingeniería de división de poderes”, al igual que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.

“No hay que olvidar que Mancera responde a intereses propios y es cercano de la teoría penal del enemigo, que se aplicó en el Chile del pinochetismo, en la Alemania nazi y en el 11 de septiembre de Estados Unidos. A la gente que cuestiona se le considera enemigo y hay que reducir al máximo sus garantías para preservar el Estado”.

 “Las condiciones pre revolucionarias para formación de un gran movimiento armado están dadas”, advierte.