Daniel Ortega enarbola una izquierda que no es compatible con los valores que defienden los líderes progresistas. El sandinismo que representa se ha divorciado de los movimientos sociales y sus principales luchas en Nicaragua

El 26 de octubre de 2006, seis días antes de las elecciones generales, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con Daniel Ortega entonces como líder en la oposición apoyó con sus 38 votos en el Congreso la derogación del aborto terapéutico. Ese gesto de Ortega, ejecutado por sus diputados, fue el punto de quiebre entre un partido político que se autodefinía de izquierda y uno de los movimientos sociales más fuertes de entonces, el feminista. También marcó, meses después, el inicio de una guerra contra las mujeres y sus organizaciones que luchaban por sus derechos.

El Frente Sandinista, que en 1979 lideró la última revolución política-militar de la izquierda de América Latina, selló con esa derogación una alianza con los sectores más conservadores del país para ganar votos y evitar una cuarta derrota electoral de Ortega. “Votos vergonzantes”, tituló el extinto El Nuevo Diario, que en su portada destacó la “mojigatería” con la que actuaron los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (conservador), la Alianza Liberal Nicaragüense (conservador) y el Frente Sandinista.

“Fue una embestida contra las mujeres”, recuerda la socióloga y defensora de los derechos de la mujer María Teresa Blandón. “El Frente Sandinista hace mucho, dejó de ser lo que era”, añade. Con la derogación, Nicaragua pasó a formar parte del club de cinco países en el mundo en el que el aborto está completamente prohibido.

Blandón es activista por los derechos de la mujer desde los 18 años, pero desde julio de 2022 vive un exilio forzado, porque Ortega ordenó que no la dejaran regresar a su propio país, en el contexto de una guerra contra la sociedad civil, en la que desde 2018 han desaparecido 3.106 oenegés mediante la anulación de personerías jurídicas.

Las recientes acciones de Ortega contra la libertad de asociación no son fruto de un cambio de rumbo reciente. Desde el primer momento, al calor del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el líder rojinegro comenzó a desviarse por caminos torcidos a los principios de izquierda: los campesinos, la clase trabajadora, las feministas e intelectuales que vieron en el FSLN un proyecto político esperanzador no tardaron en detectarlo, rememoran algunos protagonistas consultados por OTRAS MIRADAS.

“La guerrilla sandinista era de izquierda, este Gobierno no”, afirma a plomo Gioconda Belli. La poeta y novelista nicaragüense de 72 años, fue perseguida y juzgada por la dictadura de Somoza por su relación con aquel movimiento armado en los años 70, por lo que tuvo que irse al exilio. Hoy vive en España, exiliada de nuevo, perseguida por la formación política que una vez defendió, y de la que Ortega y su esposa Rosario Murillo, tienen el control total. “De aquel FSLN sólo quedan siglas, verborrea y colores. Ahora es una agrupación sin luces”, acusa.

Luis Carrión Cruz, exmiembro de la Dirección Nacional del partido, comparte que la revolución alentó la creencia en una nación mejor y en la que los movimientos sociales tendrían protagonismo. “El FSLN quería transformar la realidad, elevar la calidad de vida de la gente que tenía menos” y tenía una apuesta “por un cambio de sistema, no sólo de personas”, recuerda.

Hoy cree que si algo cambió después, se debió a la naturaleza militar del sandinismo. “Éramos una organización donde lo militar acabó siendo determinante”, señala. A la vez sostiene que la búsqueda por centralizar el poder y las exigencias disciplinarias a sus cuadros originó las primeras fracturas entre el FSLN y su entorno social. En el país llegó a creerse que hecha pedazos la dictadura de Somoza, quedaba eliminada también la presa que no permitía fluir la participación política de todos. “Como izquierda, el FSLN dijo que impulsaría el pluralismo político”, recuerda Belli.

Cuarenta y cuatro años después, Daniel Ortega ha usado el control del Estado para aniquilar a sus adversarios políticos. Ilegalizó partidos, secuestró a sus líderes, inventó juicio para encarcelarlos y, recientemente, los desterró, sin ciudadanía y sin derechos civiles. “El Frente Sandinista ya es otra historia”, dice el opositor Luis Fley, un excomandante que combatió al sandinismo de los años 80 junto a unos 3,000 campesinos desde la llamada Contrarrevolución. “Los campesinos fueron los primeros en ser traicionados por Daniel Ortega”, dice el opositor. “Y desde 2018, traicionó a todo el país”, agrega Fley, quien en el exilio lidera la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN)

CONTRA LAS MUJERES

Agustina lloró con amargura. Hacía tiempo que no se sentía así: “golpeada, impotente”. La última vez fue hace cinco años y dos meses, cuando Leonel, su expareja, le fracturó la muñeca derecha y le hizo sangrar del pómulo izquierdo. Esta vez el agresor no era Leonel, no lloraba de dolor ni sangraba.

“El agresor”, como ella lo llama, vive en Managua, tiene 77 años y lo conoció cuando era un guerrillero. Ella tenía 20 años. “Ese Daniel Ortega ahora es un ladrón, un machista”, dice una mañana, 8 de febrero, en Matagalpa, al norte de este país de 130.000 kilómetros cuadrados. En esta ciudad, este día comenzó mal para las mujeres. Policías entraron por la fuerza y tomaron las instalaciones de la organización feminista Grupo Venancia, cuya personería jurídica había sido anulada desde el 1 de julio de 2022, terminando así 31 años de trabajo en defensa de las mujeres.

Los agentes antidisturbios del régimen rodearon la casa, rompieron candados y tiraron puertas. De esa forma, desaparecía el espacio de un grupo de mujeres a las que el Gobierno declaró enemigas, pero que Agustina reconoce como las que la salvaron de una muerte casi segura al lado de Leonel.

La ocupación de la sede del Grupo Venancia es una de las más recientes estocadas oficialistas contra las feministas en Nicaragua. Una guerra que, según Blandón, ya lleva años, pero se intensificó después de 2018, con la aprobación de leyes como la Ley Especial de Agentes Extranjeros, con las que el Gobierno cerró más de 150 organizaciones de la sociedad civil que protegían los derechos de las mujeres. Según las defensoras, detrás de la persecución sin tregua contra el movimiento feminista está Rosario Murillo, cuyo poder es igual o mayor al de su marido Daniel Ortega.

Dos hechos sellaron la ruptura sin reversa del feminismo con el FSLN. El primero fue la denuncia por violación contra Daniel Ortega que hizo Zoilamérica Narváez. El 4 de marzo de 1998, la hija mayor de Rosario Murillo acusó a su padrastro de haber abusado sexualmente de ella desde los 12 a los 19 años, y los movimientos feministas no dudaron en llevar el caso a juicio. El segundo hecho fue la penalización del aborto terapéutico ocho años más tarde. El Frente Sandinista, desoyó a 25 organizaciones locales feministas y de derechos humanos y 21 organizaciones médicas que le pidieron oponerse a la reforma.

En el exterior, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la medida aumentaría la tasa de mortalidad materna en Nicaragua, que en el año 2006 era de 83 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El Ministerio de Salud (Minsa) dijo el año pasado que lograron disminuir hasta un 60% las muertes maternas, pero las organizaciones feministas lo ponen en duda. En 2017, 11 años después de la penalización del aborto y 10 del Gobierno de Ortega, la mortalidad materna en Nicaragua, según la OPS, se estimó en 98 por cada 100.000 nacidos vivos.

“Haber abolido el aborto terapéutico convierte el Frente Sandinista en una organización en extremo conservadora”, señala Silvio Prado, un investigador de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.

SINDICATOS: CASCARONES “BLANQUEADOS”

En Nicaragua sólo 24 de cada 100 ciudadanos en edad de trabajar tienen un empleo formal y 76 luchan por sobrevivir en la informalidad y el subempleo, admitió en febrero pasado Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN).

A eso se suma el costo de la vida, la canasta básica familiar se eleva a 528.42 dólares, cuando hace un año tenía un valor de 459.16 dólares, es decir, un aumento del 13.11%. El salario promedio oscila entre 150 y 350 dólares.

Meylin García cobra 8.700 córdobas (U$239.53) como profesora en una escuela de primaria en Nueva Segovia, menos de la mitad del costo de la canasta básica. “Todo está muy caro, esto no se aguanta”, dice esta madre de dos niñas.

Con un panorama social tan gris, ningún sindicato en Nicaragua reclama por los bajos salarios, el desempleo y el alto costo de la vida. Desde 1990 al 2006, los sindicatos sandinistas, con Daniel Ortega como líder de la oposición, promovieron 477 huelgas y paros violentos. Sin embargo, desde el 2007, cuando Ortega regresó a la Presidencia, ni una sola protesta se ha organizado.

“Están cooptados, como en los años de la Revolución, son sindicatos con militancia orgánica”, explica Silvio Prado quien en la época integró la Asociación Nicaragüense de Educadores de Nicaragua (Anden), afín al sandinismo.

Y quien osó rebelarse fue purgado. Es el caso del fallecido dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) Roberto González, quien el 21 de agosto de 2009 le dijo públicamente a Daniel Ortega que el país no necesitaba “chagüites” (discursos), sino trabajo, comida, salario digno y vivienda. González llegó a dirigir 284 sindicatos hasta 2011. Ese año Ortega le pasó factura “a sus desvaríos” sacándolo de la lista de candidatos a diputados.

LA “DESCAMPESINIZACIÓN” DEL FSLN

En 1979, nadie puso en duda que un movimiento de izquierda conquistaba el poder en Nicaragua. El Frente Sandinista apostó por una economía mixta, el pluralismo político, el no alineamiento y una reforma agraria profunda. “La redistribución de la tierra que estaba en manos de pocos antes del triunfo de la revolución, remataba las buenas intenciones del proyecto”, recuerda la escritora Gioconda Belli.

En el campo, Nicaragua no era menos desigual que en la ciudad. De los ocho millones de manzanas bajo explotación agropecuaria, por ejemplo, casi tres millones, el 36%, estaban repartidas en propiedades superiores a las 500 manzanas y en manos de muy poca gente, anota la revista Envío.

Así, el nuevo Gobierno tenía la responsabilidad de cambiar esa realidad abrumadora en el campo: las pequeñas fincas de menos 50 manzanas sólo representaban el 17.5% de la tierra en explotación. Nueve años más tarde, en 1988, de esos ocho millones de manzanas, el 48% integraba ya el sector beneficiado con la reforma, y producían.

Las propiedades agrícolas en manos de los pocos privados se redujeron en al menos 3.7 millones de manzanas, es decir la mitad. Las grandes propiedades de más de 500 manzanas llegaron a ser solamente medio millón de manzanas, el 6.4% del total de la época.

“La cuarta parte de las tierras agrícolas de Nicaragua pasaron a ser explotadas de forma colectiva, en cooperativas y empresas agropecuarias estatales, de acuerdo al modelo que impulsó la revolución”, comparte un investigador de la revista, que pide hablar bajo anonimato por encontrarse actualmente en Nicaragua. Esos logros se debieron en gran manera a un movimiento fuerte del campesinado organizado en la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), surgido a finales de 1978 y que se visibilizó más con el triunfo revolucionario.

Pero muy pronto las cosas comenzaron a cambiar. “Los campesinos no escaparon a que el FSLN los considerara aparatos de la revolución, por lo que los cooptó también”, agrega Belli. “Perdieron su autonomía y los convirtieron en activistas”.

En 1981, el Gobierno revolucionario inició como parte de la Reforma Agraria la organización de las cooperativas, cediendo tierras al campesinado, pero sin títulos. La mayoría seguiría igual, sin tierras. “Se echó a andar un régimen corporativo que dejó a los campesinos bajo mando de cooperativas, para su control, los liderazgos en esas cooperativas se ejercían de forma ideológica y sin autonomía. Esto generó crisis en ese movimiento”, añade Silvio Prado.

La primera secuela de este descontento es la división del campesinado. Una muy buena parte sale de la ATC y funda su propia organización: la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) asumió la demanda campesina insatisfecha por la tierra. “Se dan cuenta que la organización no busca soluciones a los problemas que enfrentaban ellos, que es la tierra. Eso explicaría porqué más adelante se rebelan en una lucha armada, que es lo que después se conoce como la Contra”, anota el exguerrillero urbano Moisés Hassan.

La derrota del sandinismo en 1990 tiene un poderoso impacto en las relaciones del FSLN con los movimientos sociales. El campesinado llegó resquebrajado por el impacto de la guerra y en el FSLN hubo desbandada hacia todos lados.

En el caso de los campesinos, pasaron de armados a autoconvocados para defender su tierra en 2013, frente a un enemigo conocido y la delirante idea del canal interoceánico que partiría en dos el país para competir con Panamá.

La obra que sigue nueve años en papel, cruzaría el territorio nacional de este a oeste, con una extensión total de 278 kilómetros, incluyendo un tramo de 105 kilómetros del Lago Cocibolca. Lo que ni Ortega ni sus funcionarios dijeron en público es que la obra afectaría las poblaciones en 13 municipios, según la Red por la Democracia y el Desarrollo Local. La lucha contra el canal convocó a los campesinos a integrar el llamado Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, al que también llaman Movimiento Campesino Anticanal.

Después del 2018, varios de los líderes campesinos fueron apresados, acusados de terrorismo y sentenciados, primero en 2019 y después nuevamente en 2022. El 13 de junio del 2019, se venció el plazo de seis años para que la empresa extranjera mostrara la pruebas para financiar la construcción de la obra. La ley dice que al llegar a ese tiempo, la concesión queda suspendida y la ley debería derogarse, pero Ortega la mantiene viva, y con ello, persiste la amenaza contra los campesinos y sus tierras.

REBELIÓN EN LAS AULAS

La Nicaragua de abril de 2018 juntó a dos generaciones distintas en un interés común. Jubilados y millennials se vieron en las calles enfrentando palos, piedras y bombas lacrimógenas. De pronto todo un país ardía bajo la idea de exigir la derogación de una ley injusta en el Seguro Social para los primeros y que afectaría a los segundos al paso de los años. Ortega, autor de las reformas, se negó a oírlos y respondió con violencia causando muertos y heridos, y la exigencia pasó de la derogación de una ley, a que dejara el poder.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigó los asesinatos durante las protestas, explicó en uno de sus informes que el estallido social fue el producto “de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana”.

La organización universitaria había sido clave para la insurrección de 1979. Para el sandinismo, la universidad era ante todo una plataforma de lucha social. “Era desde ahí, desde lo que se conoció como Frente Estudiantil Revolucionario (FER) que el FSLN logró proyectar hacia los barrios la lucha ideológica contra la dictador de aquellos años”, señala el comandante Carrión Cruz.

La derrota electoral del FSLN en 1990 impactó también en el movimiento estudiantil. La organización no pudo escapar a la crisis de aquella derrota, que afectó el andamiaje de poder del Frente Sandinista, condimentada por una especie de ruptura generacional de su dirigencia.

En los primeros años de 1990, el movimiento estudiantil tendría la fuerza para volver a las calles, esta vez con el motivo de exigir la entrega presupuestaria para el fondo de becas. En 1992 paralizaron al país por 50 días, siendo esta una de las huelgas de más duración. En el periodo 1990-2006 los estudiantes se lanzaron a las calles casi cada año.

Una semana después del estallido de protestas de abril de 2018 contra Ortega y sus reformas a la Seguridad Social, dirigentes de UNEN las descalificaron, negando que estudiantes de los recintos universitarios las hubieran promovido.

La respuesta del gobierno sandinista al levantamiento social de los estudiantes fue muerte y represión. 355 personas fueron asesinadas por policías y parapolícías, según la CIDH. Sus informes han señalado que desde el Estado, se armó a fuerzas irregulares para disparar a matar tras cinco meses de violencia y una crisis que persiste hasta ahora.

La reforma a la Ley de Autonomía Universitaria excluyó de los fondos estatales a dos universidades de donde provenían los universitarios que lideraron las protestas de abril y dejó en manos del Consejo Nacional de Universidades, un institución rectora de las universidades públicas, la distribución de los fondos estatales bajo criterios discrecionales y no en cumplimiento de la ley.

El 3 de diciembre de 2018, durante el XVI congreso de la UNEN, la dirigencia le juró lealtad a Daniel Ortega y en un hecho sin precedentes en la historia de la dirigencia estudiantil universitaria, su presidente Luis Andino, pidió “sacar a las universidades enemigas de la revolución del presupuesto del Estado”. Ortega, por supuesto, se lo concedió.

LÍNEA DE TIEMPO DE HECHOS CLAVE

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Este trabajo es parte del especial Sueños Robados. La decadencia de la tiranía en Nicaragua. Trabajo de periodismo colectivo coordinado por la alianza Otras Miradas con la colaboración de: Desinformémonos de México, los medios nicaragüenses Divergentes, Despacho 505, Expediente Público, Agencia Ocote de Guatemala y Público de España.