Para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los trágicos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre, no solo cambió su forma tradicional de vivir, al tener que dejar sus casas en el campo y formar una comunidad dentro de la normal rural donde estudiaban sus hijos, sino que experimentaron un cambio radical en su vida. Su identidad como campesinos se trocó por la de defensores y defensoras de la vida, por la de hombres y mujeres que dejaron todo para concentrar sus fuerzas en la búsqueda de sus hijos. No sucumbieron ante el dolor y la desesperación, tampoco permanecieron pasivos, por el contrario, sacaron la casta guerrera para salir a las calles y las autopistas y espetarle al gobierno su responsabilidad por la desaparición de sus hijos. ¡Fue el estado! vino a ser el grito que condensó el sentir generalizado de una población que se siente agraviada por las más de 23 mil desapariciones que se han registrado en los últimos 8 años en todo el país.

Para Melitón Ortega, su vida como maestro en la Montaña adquirió otra dimensión: su preocupación por la extrema pobreza en que se encuentran sumidos los niños y niñas indígenas, que como castigo tienen que caminar varias horas para asistir a la escuela, escaló a lo más alto, al vivir desde hace 4 meses y medio al borde de la exasperación por no saber nada de los 43 estudiantes desaparecidos. Confiesa que su estado de ánimo ha cambiado ante tanta indolencia, cerrazón y tozudez de las autoridades que han sido incapaces de entregar resultados fehacientes sobre el paradero de sus hijos. No solo cargan con este sufrimiento que los atormenta día y noche, sino que tienen que soportar los desprecios, la información falsa, el escarnio y el espectáculo delincuencial que promueven las autoridades a través de la televisión, para imponer su verdad y acallar el clamor de las víctimas.

La postura de los padres y madres de familia fue muy clara desde que establecieron comunicación con las autoridades de primer nivel; les dijeron que solo confiarían en la palabra del presidente de la república, en la del secretario de gobernación y en la del procurador hasta que les mostraran con pruebas científicas el lugar donde se encuentran sus hijos. Este comentario le resultó incómodo tanto al presidente Enrique Peña Nieto, como al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al mismo Procurador de la República Jesús Murillo Karam, porque era como restregarles en su cara que no había confianza en lo que decían y ordenaban. El incumplimiento a los 10 compromisos contraídos por parte del Presidente de la República sobre todo en los temas más álgidos como el de la búsqueda con vida; el de las investigaciones sobre las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes y el apoyo total que se le brindaría al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar de manera independiente los peritajes, fue lo que desencadenó una serie de desencuentros con los padres de familia, el comité estudiantil y sus abogados, al grado que empezó una embestida del gobierno contra ellos. Se buscó descalificar y desacreditar al vocero de los padres y madres de familia Felipe de la Cruz y al abogado Vidulfo Rosales, presentándolos como personas que tienen otros intereses ocultos y cuya trayectoria es oscura.

La incompetencia de las autoridades federales combinada con su complicidad con los grupos políticos vinculados con el crimen organiza y la impunidad que impera, las ha llevado a tomar una postura intolerante y dura contra quienes cuestionan y critican la manera como han realizado sus investigaciones. Han cerrado filas para defender la verdad oficial declarada como histórica por parte del Procurador y sobre esta versión han querido concluir el caso Ayotzinapa para contener por la fuerza la grave crisis que enfrenta este gobierno que no ha podido contener la violencia ni mucho menos dar con el paradero de las personas desparecidas.

El enojo de las autoridades es tan grande que se ha extendido no solo hacia los padres y madres de familia, a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, a sus abogados y hacia todo el movimiento nacional que ha abanderado su causa, sino que se ha abalanzado también contra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y contra el Comité de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas (CED, por sus siglas en inglés).

La PGR le espetó al EAAF el pasado 9 de febrero, que carecía de expertos como los que tiene la PGR y que se estaba extralimitando en sus facultades al querer entrometerse en todo y hasta pedirle cuentas a la misma autoridad. Con la forma tan burda de descalificar a un equipo de científicos que tiene una reputación mundial por el trabajo impecable que han realizado en varios países donde la lucha de los familiares de personas desaparecidas marcó cambios estructurales en estos países, que se vieron obligados a investigar a las autoridades responsables y a castigarlas de manera ejemplar. En México las autoridades se oponen a que se llegue a la verdad y se descubra todo el entramado delincuencial que subsiste en las estructuras de gobierno, que son las que han permitido que continúe esta práctica execrable de la desaparición forzada de personas.

Para los padres y madres de familia, el gobierno federal lejos de afianzar sus investigaciones al ponerlas bajo el escrutinio de los organismos internacionales muestras sus flaquezas y sus serios temores de que se ventilen los vicios acendrados que persisten en este tipo de indagatorias. El gobierno se niega aceptar la posibilidad de que existan perspectivas científicas diferentes a la suya, descalificando de entrada la opinión experta y calificada del EAAF. Las familias han exigido respeto para las y los peritos del EAAF y ratifican su plena confianza en ellos, resaltando que sus años de trayectoria es la mejor recomendación sobre su rigor científico y probado compromiso con los familiares de las víctimas de desaparición forzada.

Por otra parte, el mismo gobierno mexicano a través de la secretaría de gobernación (que suplantó a la secretaría de relaciones exteriores) descalificó de un tajo las recomendaciones emitidas por el Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas al comentar que “no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados.

La forma tan soez de recibir estas recomendaciones no es sino la desfachatez de un gobierno que se siente impune ante los organismos internacionales, que cree que nadie lo puede llamar a cuentas y que al interior del país ninguna instancia internacional puede entrometerse para cambiar sus formas de procurar justicia y de atender a las víctimas. El gobierno Mexicano le dolió que el CED declarara que en México se practican las “desapariciones generalizadas” en gran parte del país, y por lo mismo, el Estado enfrenta serios desafíos en cuanto a la prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas.

El Comité criticó al Estado por la impunidad reflejada en “la casi inexistencia de condenas por este delito” y que caracteriza tanto las desapariciones de la llamada Guerra Sucia como las de hoy. Criticó también “las serias dificultades que existen en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, recomendando entre otros que el Estado priorice la inmediata búsqueda con vida ante cualquier denuncia de desaparición. Por la urgencia de esta recomendación, pidió al Estado rendir cuentas sobre su implementación en el plazo de un año.

Nuestro estado es el ejemplo más claro de esta cruda realidad. Existen más de 500 casos de desaparición forzada desde la “Guerra sucia” que se mantienen en la impunidad, a pesar de que existe la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de Rosendo Radilla, cuyos responsables de su desaparición fueron elementos del Ejército Mexicano. A pesar de esta resolución las autoridades no han dado con el paradero de Rosendo, al igual que las centenas de desaparecidos. Lo más grave es que se mantiene intacto este aparato represivo que se ha robustecido con la llegada de más militares y grupos de la gendarmería nacional, cuya presencia responde a la estrategia de contención social, represión selectiva y desactivación del movimiento social que ha emergido en torno a la lucha de los padres y madres de los 43 desparecidos.

El gobierno federal se ha encargado de manotear para descalificar a los organismos internacionales para imponer a cualquier costo político su verdad y al mismo tiempo ha afinado la maquinaria de la represión para imponer el orden como sucedió en la década de los 70s, recurriendo a las acciones irregulares, atentando contra la vida y la seguridad de quienes luchan por un cambio y generando terror con las prácticas abominables de las desapariciones forzadas.

Este primero de marzo llegaran a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión interamericana de derechos humanos que comenzarán la verificación de la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Como sociedad tenemos que acuerparlos y de exigirle al gobierno que respete su trabajo y que se evite desacreditar u obstaculizar las tareas que tienen encomendadas. Son personas de probada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos. Son un baluarte para los padres y madres de familia. Su aporte será determinante para que el gobierno de México recomponga su investigación y atienda las recomendaciones en cuanto a los planes de búsqueda de personas desaparecidas. Los manotazos del gobierno están a la vista, no permitamos que sus estridencias y barruntos impidan que como sociedad podamos desenterrar la verdad y dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.