Ciudad de México, 23 de enero del 2015. Hace unos minutos el Juzgado Penal del Distrito de Cholula, emitió el auto de formal libertad al activista y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Flores Solís, quien se encontraba preso acusado de motín, despojo, privación ilegal de la libertad y de robo, a pesar de dos amparos a su favor que probaban la falta de fundamento del auto de formal prisión, emitido por un juez en Cholula. Juan Carlos estuvo privado de su libertad durante nueve meses
El proceso jurídico de Flores Solís, informó su abogado defensor, Antonio Lara Duque, estuvo marcado por las irregularidades, y las acusaciones en su contra carecían de fundamento. Durante dos ocasiones la Procuraduría del Estado de Puebla emitió recursos de revisión de su caso, sin embargo el juez de Cholula que llevaba su cargo respondía a la sentencia con otro auto de formal prisión, tan sólo cambiándole algunas palabras, que eran básicamente una transcripción de los fallos pasados.
El jueves 22 de enero la procuraduría le dio un ultimátum al juez para que emitiera otra resolución en el caso del activista. Para la organización, puntualiza Lara Duque, este anuncio determinaría la posición de la justicia poblana, pues el gobierno de esta entidad que encabeza Rafael Moreno Valles, se ha caracterizado por ser uno de los gobiernos mas enfocados en la represión y actualmente más de 30 personas están presas o tienen órdenes de aprehensión.
Flores Solís, colaborador de Desinformémonos sobre los megaproyectos en Puebla, es parte del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), que se oponen al Proyecto Integral Morelos, que prevé construir dos termoeléctricas, un gasoducto de 160 kilómetros que atravesaría 60 pueblos en tres estados en una zona de riesgo por el volcán Popocatépetl, además de un acueducto que pasará por 19 pueblos en Morelos.
Según datos del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas del estado de Puebla (FOSyPue), alrededor de 45 activistas se encuentran presos por oponerse a los megaproyectos que los despojaran de sus territorios y recursos naturales, además de los que se oponen a las políticas del gobierno estatal, tal es el caso de Rubén Sarabia y de su hijo Alttonatihu Rubén, de la Unión Popular de Venteros Ambulantes acusados de narcomenudeo y nueve ediles auxiliares que se resisten a que la administración de Moreno Valle acabe con los registros civiles, que implicaría que los poblanos de lugares remotos se tengan que trasladar hasta la capital del estado.
