Luego de seis años y ocho meses presos, el indígena tseltal, originario de San Juan Cancuc, Diego López Méndez, fue puesto en libertad, tras una intensa campaña nacional e internacional de sus amigos, familiares, activistas y defensores, que alegaron fue víctima de tortura para autoinculparse por un crimen que no cometió.

La tarde del 18 de julio del 2012, policías ministeriales vestidos de civil detuvieron arbitrariamente a Diego López Méndez, cuando se encontraba trabajando de mesero en un restaurante de San Cristóbal de Las Casas. No le presentaron orden de aprehensión y no se identificaron.

De acuerdo con el propio testimonio de Diego, los policías le pidieron seguirlos, lo subieron en una camioneta, lo esposaron con las manos de frente, y le exigieron autoinculparse al mostrarle la foto de una persona muerta que él desconoce. Lo trasladaron a otro lugar y, en el camino, lo amenazaron de muerte y golpearon en los oídos. Se intensfició la tortura física y psicológica, hasta obligarlo a autoinculparse.

Tras una intensa campaña encabezada por la Organización Mundial contra la Tortura, desde su sede en Ginebra, Suiza, y por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, hoy Diego está libre. En la próxima sesión del Comité Contra la Tortura de la ONU, que se celebrará a finales de abril, el gobierno mexicano deberá responder por estas prácticas, plantear políticas públicas para erradicarlas y acciones para reparar el daño cometido.

Durante el 2018, el Frayba recibió 13 denuncias de casos de tortura a integrantes de pueblos originarios: 6 tseltales, 6 tsotsiles y un chol, quienes se encuentran en prisión.

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