La delegación de las FARC-EP en La Habana asumió ayer que sus acciones han afectado a la población civil, si bien dejaron claro que «la población no ha sido ni blanco principal ni secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas. Nunca ha existido en las FARC una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población».
«Somos conscientes de que no siempre los resultados de nuestras acciones han sido los previstos o esperados por las FARC. Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda, que al prolongarse ha generado mayores y múltiples impactos, pero jamás como parte de nuestra razón de ser», manifestó el delegado Pablo Atrato, quien recientemente ha llegado a Cuba como miembro de la subcomisión técnica nombrada por la guerrilla para abordar junto a altos mandos militares del Ejército colombiano el fin del conflicto.
Definió estas afectaciones como «exceso de fuerza, error involuntario o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra». La guerrilla se ciñó al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, «teniendo en cuenta las particularidades de los conflictos armados internos y a la existencia de una juridicidad guerrillera».
Sobre este último punto, Atrato remarcó que «en los casos en los que incumpliendo nuestra normativa interna, miembros de la insurgencia han causado daños intencionadamente a la población civil, siempre hemos actuado consecuentemente y adoptado medidas sancionadoras contra los responsables».
Esta declaración se incluye dentro en un paquete de propuestas «mínimas» que las FARC-EP han presentado a lo largo de la semana sobre los derechos de las víctimas, dentro del cual exigen que se reconozca la responsabilidad de partidos y organizaciones políticas en el conflicto y su «prolongación innecesaria, incluida la conformación de una cultura de la confrontación y el exterminio»; la de «latifundistas, empresas, grupos económicos y de poderes corporativos transnacionales sin perjuicio de propietarios de la tierra y del capital nacional o transnacional, que en diferentes momentos del conflicto se han comprometido con la solución política y los procesos de paz», así como la de los medios de comunicación.
Instan, además, a que se reconozcan oficialmente «la responsabilidad central de Estados Unidos en el origen, persistencia, expansión, escalamiento e intensificación del conflicto» y «la permanente intervención de los servicios de Inteligencia israelí y británico, que han estimulado, escalonado e intensificado el conflicto».
Él Ejército oculta datos sobre un nuevo caso de espionaje
La Fiscalía General de Colombia denunció ayer que el Ejército ocultó información cuando la Policía Judicial llegó hasta la sede del Comando General del Centro de Inteligencia Militar (CIME) para investigar la existencia de bases de datos con información sobre periodistas, funcionarios o diplomáticos,
El director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Julián Quintana, explicó en una rueda de prensa que cuando los investigadores llegaron al Comando General del CIME se encontraron «con la sorpresa de que el Ejército no entregó la supuesta base de datos, ni copias de la investigación disciplinaria abierta por el centro ni tampoco de la auditoría que habían hecho a la CIME» por este nuevo caso de espionaje. La revista colombiana «Semana» ha revelado la existencia de una lista con los correos electrónicos -tanto de trabajo como personales- de decenas de personas relacionadas de alguna forma con el proceso de diálogo entre el Gobierno y las FARC. Entre los espiados hay personal de confianza del Alto Comisionado para la Paz y negociador Sergio Jaramillo, periodistas colombianos y extranjeros, editores de prensa, radio y televisión y diputados.
Quintana adelantó que la Fiscalía abrirá una investigación penal para descubrir «por qué el Ejército está ocultando estos documentos». GARA