Solo en el noroeste argentino, la distancia entre un centro de salud y las comunidades indígenas puede alcanzar un promedio de nueve horas. Además, el 15% de las mujeres y disidencias indígenas accede a centros de salud de manera preventiva. Estos son algunos de los datos que refleja el observatorio integrado por compañeras de las comunidades indígenas en articulación con la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Ante la profundización de políticas de avasallamiento a los pueblos, la construcción colectiva busca garantizar el pleno ejercicio del derecho a la autonomía reproductiva.
Desde la aprobación de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2020, los feminismos han entrado en nuevas discusiones respecto de lo que significa acceder y garantizar el derecho a la autonomía reproductiva para todas las personas gestantes en Argentina. Garantizar el pleno ejercicio de este derecho es aún más complejo para las comunidades indígenas y campesinas que hoy, además, enfrentan un escenario de profundización de las políticas de confrontación, desacreditación e invisibilización de sus pueblos.
Previo al despliegue de la marea verde y del debate por la legislación de la IVE, hacia 2018, surgieron nuevos interrogantes en torno a la necesidad de incorporar la perspectiva política y social de otros feminismos.
“Comenzamos pensando cómo íbamos a incorporar la mirada indígena en el mundo feminista. La interculturalidad y la interseccionalidad son grandes conceptos para los feminismos, que teníamos que llevar a la práctica y ponerlos en el territorio”, cuenta Mónica Menini, abogada del equipo de Católicas por el Derecho a Decidir, quien también forma parte de un proyecto de articulación que protagonizan lideresas de diversas comunidades indígenas del país.
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) es una organización feminista que aspira a promover los derechos de las mujeres desde una perspectiva ética, teológica, católica y feminista, especialmente los que se refieren a la sexualidad y la reproducción humana, a través de espacios de reflexión y acción. En 2019, conformaron una Mesa de Intercambio con lideresas de las comunidades y pueblos indígenas de todo el país. Al día de hoy, son 12 las provincias involucradas en este proyecto de articulación que profundiza líneas de trabajo en torno a la garantía de los derechos de las mujeres y personas gestantes dentro de las comunidades, esto incluye no solamente la IVE, sino también el acceso a información sobre las prácticas de anticoncepción, abortivas y de reproducción sexual segura.
A partir de la creación de esta Mesa de Intercambio, han desarrollado dos grandes líneas de trabajo. En primer lugar, la elaboración de un compendio de legislación indígena que abarca tratados internacionales, leyes nacionales y marcos regulatorios provinciales, que funciona como una herramienta abierta de consulta para la sociedad en su conjunto. Y en segundo lugar, la construcción de un observatorio integral conformado y protagonizado por compañeras de las comunidades para el relevo de la situación de acceso a salud reproductiva. “Para nosotras, es importante que las lideresas pudieran ser investigadoras y las protagonistas de todo el proceso. Ellas no necesitan que nadie hable por ellas, tienen voz y saben perfectamente cómo discutir esto”, destaca Menini.
Los resultados son claros. Solo en el noroeste del país, una mujer de una comunidad puede demorar hasta 9 horas de distancia para acceder a un centro de salud. Y solo el 15% de las personas gestantes puede hacerlo de manera preventiva. Esta situación se agrava al considerar la violencia obstétrica, las violaciones sexuales intra y extra comunitarias, y las dificultades de comunicación entre las personas gestantes y los profesionales de la salud.
Consentimientos informados: la posibilidad de entender
Desde 2019 hasta la actualidad, la Mesa de Intercambio ha desarrollado capacitaciones, acciones de incidencia, encuentros y producción de materiales en lenguas originarias. Esto abarca wichí, chorote, guaraní, qom y mapudungun, y fueron realizados por mujeres líderes indígenas sobre derechos sexuales y reproductivos, aborto y violencias de género, en formato gráfico y audiovisual.
Entre estos materiales, se destaca la elaboración de los consentimientos informados sobre prácticas de salud. Acerca de ellos, hay un proceso detallado detrás de su construcción, ya que, según explica Mónica, las lenguas son bienes sociales colectivos y de gran valor para las comunidades. Esto implica que las lideresas llevaran a sus comunidades y cacicazgos el pedido de uso de sus lenguas originarias, para temas con alto estigma dentro de las comunidades como lo es la salud sexual reproductiva.
Destaca el trabajo de las compañeras y la necesidad de deconstrucción de una mirada blanca y eurocentrada sobre las comunidades: “Tenemos miles de prejuicios con las compañeras. Por ejemplo, que las indígenas no abortan. Eso es mentira. Las indígenas saben hacerlo desde tiempos ancestrales. Claro que, a día de hoy y no solo dentro de las comunidades indígenas, representa un estigma. Como lo es también para las personas gestantes en las ciudades”.
Una esperanza nace en las nuevas generaciones, adolescentes que, dentro de las comunidades, también proponen discutir la homosexualidad y las identidades de género, su aceptación y debate ante los cacicazgos. Esto también contribuye a la deconstrucción de una idea socialmente aceptada de que no hay disidencias en las comunidades.
Ley Bases: una nueva amenaza para las comunidades
Pensar en el marco legislativo que afecta a los pueblos indígenas y campesinos necesita cuestionar la aprobación de la Ley Bases, que representa una nueva amenaza a las normas vigentes de protección de estas poblaciones que, ya previo al desembarco del gobierno de Javier Milei, eran de difícil aplicación y cumplimiento.
“No nos falta legislación, lo que nos falta es un ejercicio real de las leyes de protección de los pueblos. Y esto, obviamente, que afecta, quién sino las mujeres indígenas saben y resguardan el uso de la tierra y de los recursos naturales”, destaca Menini al ser consultada por el impacto de las reformas pretendidas por la ultraderecha en nuestro país.
El intento de reforma constitucional en Jujuy es un antecedente no muy lejano en el tiempo que demuestra la resistencia de los pueblos ante el avasallamiento de bienes ancestrales y de los territorios en los que han construido sus saberes y su historia.
El capítulo del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases representa una de las amenazas más grandes. Y se convierte en una herramienta de vía de seducción a capitales extranjeros que, con la promesa de ingresar divisas extranjeras al país, tendrán condiciones privilegiadas para la explotación de recursos naturales. Recursos albergados en zonas donde muchas de las comunidades habitan.
Ante este complejo escenario, las formas de lucha y resistencia siguen encontrando fuerza en la articulación colectiva de los feminismos. El derecho a la autonomía reproductiva es un horizonte posible si la interseccionalidad e interculturalidad se fortalecen en los territorios y en las prácticas. Porque solo con políticas públicas integradoras y justas con los pueblos originarios se puede pensar un verdadero ejercicio del derecho de las personas gestantes.
Imagen de portada: CDD Argentina.
Publicado originalmente en La Tinta
