Foto: Los caminos que conducen a la minera están controlados por seguridad privada que está armada y vigila el paso de cualquier persona a la zona. (Edu León)
Los defensores medioambientales de la costa norte de Honduras saben que hay balas con sus nombres escritos o con los nombres de sus seres queridos. En lo que va del 2023, siete defensores de la tierra y del agua han sido acribillados en el Bajo Aguán, un valle de tierra fértil donde los campesinos provenientes de tierras yermas se apuntaron a un proyecto de cultivo de palma africana que los atrajo en los años 70.
Las últimas víctimas han sido Santos Hipólito Rivas, de 46 años, y su hijo Javier Rivas, de 15 años. Fueron asesinados la tarde del domingo 12 de febrero, cuando se movilizaban en una motocicleta en medio del campo hondureño.
Las últimas víctimas han sido Santos Hipólito Rivas, de 46 años, integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, y su hijo Javier Rivas, de 15 años. Fueron asesinados la tarde del domingo 12 de febrero
La Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), de las cuales Rivas formaba parte, remarcaron que el campesino tenía las medidas cautelares dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2019 y que el Estado es “incapaz de proteger a los defensoras de la tierra y el agua en el Aguán”.
Rivas había sido amenazado por miembros de un grupo armado que opera en el Bajo Aguán y había hecho varias denuncias. Un mes antes de ser acribillado había pedido más protección, pero todo fue en vano.
Es muy difícil dar con el origen de las balas en Honduras. La mayor parte de los asesinatos queda en la impunidad. Son sus familiares y amigos los que buscan que su situación sea conocida más allá de sus fronteras.
La violencia criminal en Honduras, sin vivir en guerra, deja un promedio diario de entre diez y 13 personas muertas, según organismos de derechos humanos. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cifra en 22 los asesinatos diarios en el país.
Las autoridades hondureñas atribuyen la violencia criminal en parte al crimen organizado, al narcotráfico y a las pandillas, conocidas como “maras”. Pero nada dice de los campesinos que le plantan cara a los proyectos extractivistas y son asesinados.
Más muertes en el caribe hondureño
El doble homicidio de Rivas y su hijo fue precedido por el asesinato del presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro el miércoles 18 de enero, y el asesinato de los campesinos Alí Domínguez y Jairo Bonilla, el sábado 7 de enero, quienes se habían opuesto a una empresa minera de óxido de hierro que está asentada en la montaña donde nacen sus fuentes de agua.
Una de las víctimas de enero es el hermano de Reynaldo Dominguez, un defensor medioambiental que ha salido de Honduras varias veces para denunciar el acoso que sufren por parte de una empresa minera que les enjuició y los mantuvo presos durante más de dos años.
Domínguez no es la única persona que ha perdido a sus seres queridos. Atacar al entorno familiar de los defensores y defensoras se ha convertida en una de las tácticas habituales. Lo mismo le ocurrió a Esly Banegas, parte de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, cuyo hijo fue asesinado en 2016.
El doble homicidio de Rivas y su hijo fue precedido por el asesinato del presidente de la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Omar Cruz Tomé y su suegro el 18 de enero, y el asesinato de los campesinos Alí Domínguez y Jairo Bonilla, el 7 de enero
La presidente de Honduras, Xiomara Castro, hace poco estuvo en España buscando firmar acuerdos que mejoren la vida de los 150.000 hondureños que han huido de su país y están asentados, sobre todo, en Barcelona y Madrid. Las organizaciones campesinas del país, sin embargo, se quejan de la desatención para los casi cinco millones de personas que viven en el campo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó en días pasados su preocupación por el alza de los asesinatos de defensores en el Bajo Aguán, y pidió al país tomar medidas que le permitan acabar con la violencia en la zona.
Lamenta, especialmente, que dos de las víctimas tenían medidas de protección del Sistema de Protección que no sirvieron de nada. “Es prioritario la implementación efectiva de las medidas de protección otorgadas a favor de las y los defensores de la tierra en el Bajo Aguán”, enfatizó la OACNUDH en un comunicado.
La Oficina de la ONU instó al Estado de Honduras a “redoblar sus esfuerzos” para avanzar en el cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo entre el Gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), como la instalación de la Comisión Tripartita que quiere investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto.
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