Foto: Joanna Giménez i Garcia

Un agricultor indio sujeta una gran bandera roja. La hoz y el martillo, símbolo de unidad de los trabajadores, destacan en color blanco. También se leen unas iniciales: ‘CITU’. “¡Los trabajadores y los granjeros se han unido para oponerse a las leyes anti-agricultores y anti-trabajadores del Gobierno!”, exclama el campesino. “No se aporta un salario mínimo. Y los suicidios de los agricultores incrementan día tras día. Mientras la gente es cada vez más pobre, las empresas y poderosos están volviéndose cada vez más ricos”, sentencia.

En septiembre de 2020, se encendió una chispa que no tardó en recorrer los estados de la colosal India como una llamarada, convirtiéndose en lo que se conoce hoy día como la mayor protesta de la historia con alrededor de 250 millones de manifestantes, la conocida como Farmers’ protest (Paro agrario de India). Tres años después, esta llama continúa ardiendo en forma de manifestaciones masivas que siguen reclamando derechos para los trabajadores y exigen una solución al actual Gobierno supremacista indio.

Alrededor de 300.000 granjeros se han quitado la vida entre 1995 y 2014 en la India. Los datos indican que la incidencia de suicidios de agricultores se ha mantenido elevada en los últimos años

El pasado 5 de abril tuvo lugar en Delhi, capital de India, una protesta multitudinaria. Según CITU (Centro de Sindicatos Indios), la mayor asamblea de trabajadores del país, y una de las organizaciones convocantes, participaron alrededor de 100.000 manifestantes llegados de los distintos estados del país. Esta concentración es sólo una continuación del Paro Agrario de India que hace no mucho significó un movimiento que cambió la sociedad india para siempre, y que sigue alzando la voz en contra de la privatización y de las medidas neoliberales del actual Gobierno. Las otras organizaciones convocantes a parte de CITU, fueron AIKS (Unión de Agricultores de toda la India) y AIAWU (Unión de Trabajadores Agrícolas de la India) cuyas siglas se podían leer en las miles de banderas que portaban los manifestantes. Según asegura CITU en un comunicado oficial: “Los trabajadores y campesinos, acudieron a exigir que se ponga fin al asalto en curso a sus medios de subsistencia y que se adopten políticas que permitan el acceso a la educación, la sanidad y una vida digna para ellos y sus hijos.” También acudieron en apoyo a la manifestación colectivos de estudiantes y ecologistas. Los sindicatos de tendencia socialista-marxista que convocaron la protesta, aseguran que “el éxito de la lucha campesina, dura ya un año” y que “han conseguidos numerosas victorias recientes contra las políticas antipopulares”. Pero, ¿qué ha ocurrido en la India para encontrarse en esta situación actualmente?

En septiembre de 2020, tres leyes agrícolas fueron aprobadas bajo el mandato del actual partido extremista hindú BJP (Partido Popular Indio). Esta noticia desencadenó el rechazo de millones de agricultores y campesinos, quienes representan aproximadamente un 70 % de la población india, según Naciones Unidas. Las tres leyes agrícolas que encendieron las protestas, fueron expuestas por el primer ministro Narendra Modi como un avance que mejoraría la situación económica de los trabajadores del campo. Sin embargo, fueron denominadas por los sindicatos como “leyes anti-agricultores”, que les dejarían a merced de la voluntad de las grandes corporaciones, dada su naturaleza desregulacioncista y neoliberal.

Las desigualdades del sector agrícola no son una novedad. Alrededor de 1960, la recién independizada India trataba de combatir una gran hambruna que azotaba el país. El Gobierno, dedicó grandes esfuerzos en modernizar la agricultura con ayuda de EEUU, este proceso se denominó la Revolución Verde. En ese contexto, India desarrolló un sistema para asegurar los precios justos que se sigue usando actualmente. Establecieron unos precios de referencia para la compra-venta de cultivos entre agricultores y comerciantes. A pesar de que no era un sistema perfecto, proponía unos estándares mínimos. Sin embargo, la Revolución Verde que comenzó como una promesa de progreso, acabó en catástrofe, significando la muerte para miles de personas, incluso hoy día.

Alrededor de 300.000 granjeros se han quitado la vida entre 1995 y 2014, según la NCRB (Oficina Nacional de Registro de Delitos). Los datos indican que la incidencia de suicidios de agricultores se ha mantenido elevada en los últimos años. Fue en los años 70 cuando los trabajadores del campo empezaron a acabar con su vida de manera masiva, ante la desesperación de sus familiares. Consecuencia de la forzosa industrialización de la Revolución Verde, millones de granjeros no pudieron permitirse el coste de las nuevas maquinarias, pesticidas y demás medios que la industria agrícola demandaba para seguir siendo competitivos en el mercado. Empezaron entonces a pedir préstamos a propietarios privados y bancos que más tarde fueron incapaces de devolver. De hecho, datos del Ministerio de Estadística Indio, muestran que actualmente más del 50 % de los hogares agrícolas están endeudados. Para el reportero especializado en la India rural Palagummi Sainath, la correlación está clara: “Los agricultores se han matado en los años en que la cosecha ha sido excelente. Y en temporadas en las que ha fracasado. Se han quitado la vida en gran número en años muy diferentes. (…) El monzón —temporada de lluvias— tiene un impacto muy real en la agricultura. Pero no es en absoluto la razón principal de los suicidios agrícolas. Los problemas de la deuda, la hipercomercialización, la explosión de los costes de los recursos y las graves crisis y volatilidad de los precios pasan a un primer plano. Factores todos ellos impulsados en gran medida por las políticas estatales”.

Décadas de hartazgo sirvieron como caldo de cultivo para que la aprobación de las tres leyes agrícolas desencadenara grandes movilizaciones. Cada una de las leyes desregulaba una parte del sistema. La primera, creaba espacios de comercio fuera de los mercados regulados, que habrían acabado con la previa regulación de precios y permitido que las grandes corporaciones jugaran con sus propias condiciones. La segunda, creaba un marco para los acuerdos entre comerciantes y campesinos sin ninguna supervisión, lo que dejaba a los agricultores en una situación de inferioridad, con pocas opciones para evitar los malos acuerdos. Además, habiendo eliminado la regulación, dejarían a los agricultores en manos de los términos de las grandes empresas o si no, viéndose forzados a abandonar la industria agrícola. Por último, la tercera ley eliminaba el límite de almacenamiento de cultivo previamente establecido por el Gobierno para controlar los precios. Un almacenamiento ilimitado significaría que los productores con más recursos materiales, acabarían con los pequeños granjeros.

El Paro agrario de la India duró entre el año 2020 y 2021. Empezaron las protestas en el Punjab, una zona históricamente socialista y con una gran afiliación sindical. Durante ese año de movilización, 700 manifestantes murieron, y varios se suicidaron como protesta, como el caso de un sacerdote sij, que se disparó en plena protesta. Dejó una carta de suicidio escrita a mano, en la que escribió que ‘no podía soportar el dolor de los agricultores’. El apoyo internacional fue resonado, sobre todo en Estados Unidos, donde tuvieron lugar grandes manifestaciones de la comunidad india emigrada. Finalmente, tras un año de protestas sostenidas, el 19 de noviembre de 2021, Narendra Modi anunció en un discurso televisado que derogaría las tres leyes. 

“Pedimos desechar los códigos de trabajo que este Gobierno quiere implantar para convertir a los trabajadores en esclavos. Acabarán con el derecho a huelga, acabarán con el derecho a organizarse. No se aporta ningún salario mínimo a los agricultores”

Tras el triunfo de las protestas, la industria agrícola sigue siendo duramente castigada y, según anuncian los sindicatos, existe una necesidad urgente de reformas que protejan los derechos de los trabajadores. Por eso mismo, las agrupaciones sindicales, tras haberse visto enormemente fortalecidas, han continuado exigiendo demandas relacionadas con la mejora de los servicios públicos, un salario y pensión mínimos o la regulación ante la subida de los precios. Actualmente, el salario medio de un campesino es de 18.000 rupias (200€) y piden incrementarlo a 26.000 rupias (300€). Además, ahora cuentan con un amplio apoyo de la opinión pública y de figuras de autoridad, como el economista marxista indio Prabhat Patnaik, que respecto a la protesta del pasado 5 de abril, hizo las siguientes declaraciones para el periódico The Hindu: “Esta protesta se trata de unir a las clases trabajadoras para defender sus intereses materiales y evitar su empobrecimiento, impuesto por las políticas neoliberales de este Gobierno neofascista”, declaró, y añadió que las consecuencias políticas de una manifestación de este tipo sólo se producirían con el paso del tiempo.

El agricultor indio que sujeta una gran bandera roja con una hoz y un martillo, continúa: “Pedimos salarios mínimos, pedimos desechar los códigos de trabajo que este Gobierno quiere implantar para convertir a los trabajadores en esclavos. Acabarán con el derecho a huelga, acabarán con el derecho a organizarse. No se aporta ningún salario mínimo a los agricultores”, está visiblemente exaltado, pero se nota que sabe su discurso de memoria. “Ahora, los trabajadores y granjeros, se han unido en una única plataforma. Y están demandando al gobierno de Modi: ‘O cambias tu ley y tus políticas, o te cambiaremos’, este es el eslogan. Salva a la gente, salva al país, salva a la economía de este país, esa es nuestra demanda.”

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