La resistencia del pueblo garífuna, entre el despojo y el narcotráfico

Carolina Bedoya Monsalve

Ciudad de México. El rapto de 20 integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, por parte de cuatro hombres fuertemente armados, el pasado 17 de julio, es parte de las violaciones a los derechos humanos y territoriales que enfrenta el pueblo garífuna, que con el golpe de Estado hace cinco años se han intensificado más, señala Miriam Miranda Chamorro, coordinadora de la asociación.

El pueblo afroindígena contempla 46 comunidades y 28 se encuentran dentro de áreas protegidas que están siendo afectadas por proyectos minero-energéticos, complejos turísticos y proyectos urbanísticos impulsados por el gobierno nacional y empresas transnacionales.

La comunidad Vallecitos, municipio de Limón, Colón, es parte del territorio de los garífunas, que limita con el mar Caribe y una zona altamente boscosa e inhóspita, donde no hay una ciudad o pueblo cerca; y ha sido el lugar perfecto para que el narcotráfico se quiera adueñar del lugar. Miranda Chamorro informa que la asociación hizo inspecciones a diez minutos del campamento, porque ahí el crimen organizado construyó pistas de aterrizaje para legitimar su presencia en el territorio.

“Para supuestamente controlar estas pistas, el Estado las dinamitó, pero no hizo un monitoreo en la zona para saber si la seguían usando o no; nosotros fuimos para ver qué estaba sucediendo y nos encontramos con cuatro hombres que por su aspecto parecían sicarios,  no traían el rostro cubierto, como si no les importara que los viéramos, además con armas de alto calibre”, narra Miriam Miranda y agrega que lo único que hizo el gobierno fue rellenar los huecos con pinos, pero no tiene ninguna estrategia o política para que los garífunas regresen a sus territorio.

“Ellos nos querían juntos, no querían que no separáramos. Uno de ellos llamó al supuesto jefe que hacía a su vez de intermediario. Nos quitaron los teléfonos celulares y nos dijeron que si les dábamos las fotos que les tomamos a la pista nos dejaban ir, porque la orden era matarnos”, relata Chaparro, y añade que uno de los compañeros logró escapar con un celular y de esa manera dar aviso a las demás compañeras.

Territorio en disputa

La Ley de Propiedad de Honduras, de acuerdo a OFRANEH, fue aprobada en el año 2004, sin consultar a los pueblos indígenas y afro descendientes. En el 2003 se realizó una consulta con el pueblo garífuna, en la que rechazaron los dos borradores de ley porque generaban la desaparición de la propiedad comunitaria.

Vallecitos es un territorio que la asociación ha defendido de los intereses del Estado y del crimen organizado. Son unas 120 manzanas de tierra, donde hace 10 años asesinaron a un garífuna y “la gente quedó con mucho miedo, nadie quería salir, pues los sicarios todo el tiempo están en las calles, como si nada”, manifiesta la coordinadora de OFRANEH

El pueblo garífuna ha denunciado la destrucción de la Laguna de Micos para la construcción de un proyecto turístico que es parte del Plan Puebla Panamá; la exploración y explotación de petróleo también es parte de los proyectos extractivistas; los monocultivos de palma africana en humedales; proyectos hidroeléctricos, flotas pesqueras industriales y la construcción de carreteras ilegales en poblados como San José de la Punta – Sico y Betulia-Río Cocos, informa la asociación

Las 980 hectáreas  del territorio de Vallecito  fueron tituladas a favor del pueblo garífuna por el Instituto Nacional Agrario (INA), informa Miriam Miranda, en el año de 1997, pero después el crimen organizado se adueñó de una gran parte de su territorio.

“Nosotros vivimos el despojo por los proyectos extractivistas, además del narcotráfico, que cada vez es peor en Honduras. Siente la gente que en cualquier momento la pueden matar, porque después de 10 años de despojo muchos no hemos podido regresar a nuestros territorios a habitarlos como debe de ser, sin ninguna preocupación por que lleguen y nos saquen o nos maten”, refiere Miriam Miranda.

Golpe de Estado

Después del golpe de Estado en el 2009, cuando perdimos todos los derechos conquistados por nuestros ancestros, advierte Miranda Chamorro, el narcotráfico y el crimen organizado se reinstalaron y el despojo se convirtió en una política de gobierno.

“En el 2012, hubo una especie de golpe militar técnico, porque el poder legislativo sacó a los magistrados que habían rechazado varios proyectos de desarrollo. Y este golpe, que así decidimos llamarlo, sirvió para que el gobierno terminara de entregar todos nuestros recursos a la minería, a los proyectos energéticos  y a las ciudades modelos, que tanto afectan nuestras comunidades”, indica.

El 74 por ciento del territorio garífuna está dentro de las ciudades modelos, informa Miriam Miranda en entrevista telefónica con Desinformémonos. Estas ciudades son autónomas, en el sentido de que tendrían sus propias leyes y gobiernos, ubicadas en uno de los países más violentos del mundo,  con un alto porcentaje de pobreza, sin acceso a la educación ni a la vivienda, con narcotráfico y un grave problema de migración.

Además, en Honduras está latente la situación de los monocultivos que afectan la fertilidad de la tierra, es el caso de la palma africana que destruye los demás recursos.

Hay un vaciamiento de las comunidades por el despojo y el destierro  para la imposición de estos proyectos, además de la migración que cada vez se está llevando a más hondureños a peregrinar por territorios muy peligrosos.

Un claro ejemplo de lo que ocurre actualmente en Honduras es la libertad de prensa que en los últimos dos años ha cobrado la vida de casi 34 periodistas: “parece no haber salida en este país, si defiendes tu territorio te matan; si no aceptas las cosas como te las quieren imponer, te matan; estamos ante un país dominado por el narcotráfico”, manifiesta Miriam Miranda.

“Nuestra seguridad, después del rapto, tiene que correr por cuenta nuestra. El gobierno dice querer asumirla protegiéndonos con cuerpos de seguridad del Estado, pero ésta es  proporcionada por el mismo Estado que también nos ataca y reprime. La militarización no es la respuesta para un país dominado por el crimen organizado, la delincuencia y un gobierno igualmente  corrupto”, advierte la coordinadora de la asociación

“El escenario actual para el pueblo garinagu, es complicado y más cuando si eres defensor de los derechos humanos y territoriales. Nosotros hemos hecho audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunciado las diferentes violaciones del territorio,  y en unos meses tendremos otra en Panamá, lo que nos pone en una situación cada vez más riesgosa”, expresa Miriam Miranda y advierte que a pesar de todo, la resistencia cultural, musical y sus tradiciones espirituales, les permite seguir en la lucha. Actualmente, unas 160 personas habitan el campamento y cada vez están llegando más.

El pueblo garífuna es afroindígena arahuaca y su cultura se basa en la colectividad y la defensa de la madre tierra. Además, por estar cerca del mar, éste tiene gran significado espiritual para el pueblo en sus rituales y ceremonias, pero el narcotráfico también usa este lugar para transportar la droga.

Garinagu

“Nosotras trabajamos la tierra, sembramos y la dejamos descansar otra temporada para que se pueda recuperar, no usamos fertilizantes; pero el Estado se aprovecha de nuestra forma de pensar para decir, junto con los acaparadores de tierras, que nosotras no la trabajamos, y que entonces para qué la queremos. Esta es su excusa para despojarnos de ella”, reclama Miranda Chamorro.

El turismo es otro de los problemas que enfrenta esta población afroindígena hondureña, pues pretenden privatizar las playas y el mar es parte importante de su cosmogonía, expresa Miriam Miranda. El turismo y la llegada de proyectos de urbanización, advierte, van a afectar nuestra cultura, pues allí está nuestra materia prima para hacer, por ejemplo,  los tambores que construimos para los rituales y las cosas que utilizamos en la construcción de una casa para las ceremonias y que también salen del bosque”.

Miriam Miranda, mujer afroindígena, concluye: “nosotras no vamos a salir de nuestros territorios, vamos a resistir como hasta ahora lo hemos hecho, desde la cultura y la resistencia pacífica. Hacemos un llamado a la comunidad internacional que siempre nos han apoyado y al país entero a que construyamos la paz, a pesar de lo complicado que es hacerlo acá”.

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