El 12 de mayo de 2014, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, presentó su informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Canadá. El documento revela los abusos a los derechos humanos que sufren los pueblos en la actualidad, así como la desigualdad crónica presente en la sociedad canadiense.

Durante su visita al país en 2013, Anaya se reunió con comunidades indígenas y funcionarios del gobierno de seis provincias para desarrollar una evaluación exhaustiva de la situación. Aunque Anaya resaltó el sólido marco legal canadiense, encontró que no se habían producido mejoras en las condiciones de vida de los indígenas desde la última visita del Relator Especial en 2004.

Canadá fue el primer país en extender la protección constitucional a los pueblos indígenas hace 30 años. A pesar de autoconsiderarse a la vanguardia de los derechos indígenas, esta percepción está lejos de la realidad. Canadá defraudó a sus pueblos originarios y las relaciones entre ambas partes están rotas.

La brecha socioeconómica entre los canadienses indígenas y no indígenas continúa siendo grande. En 2005, un canadiense medio ganaba C$30.000 al año, mientras que los ingresos medios para una persona de las Primeras Naciones (término que refiere a los indígenas de Canadá excluyendo a los inuit y métis) se limitaban a C$20.000. Las Primeras Naciones que viven en reservas son las más pobres de los tres grupos indígenas de Canadá: sobreviven con C$12.000.

No hay suficientes servicios al alcance de las comunidades aborígenes, principalmente en áreas remotas. La prestaciones públicas de infraestructura, salud, educación y otros servicios básicos son inadecuadas. El sector de la vivienda está en crisis, en particular en las reservas: un alarmante 45% de los pueblos de las Primeras Naciones vive en edificios que requieren reparaciones considerables. La mitad de los sistemas de suministro de agua utilizados por los pueblos indígenas presenta riesgos para la salud entre medios y altos.

La población canadiense goza de niveles educativos elevados. Un cuarto de la población adulta posee un título universitario; pero ese número cae al 6,5% entre los indígenas. La probabilidad de que los jóvenes indígenas acaben sus estudios secundarios es casi tres veces menor que la del resto de la población.

Para intentar abordar este problema, el actual gobierno envió recientemente al Congreso el proyecto de Ley C-33 de Educación de las Primeras Naciones. Sin embargo, la controversia en torno a su contenido terminó precipitando la renuncia del jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones, Shawn Atleo, lo que condujo al estancamiento del proceso de discusión de la ley.
La historia de América desde adentro – Idle No More

Las consecuencias sociales de la desigualdad son fuertes y las estadísticas impactantes: los aborígenes tienen siete veces más probabilidades de ser asesinados y dos de ser víctimas de un delito violento. El consumo de drogas se ha disparado entre los indígenas y los niños son ocho veces más proclives a ser institucionalizados por los servicios sociales estatales.

A pesar de que solo el 3% de la población canadiense es indígena, representan el 23% de los reclusos y el 33% de las reclusas en las cárceles estatales. La tasa de encarcelamiento de mujeres indígenas creció un 80% en la última década, debido en parte al sistema de condenas mínimas introducido por el actual primer ministro Stephen Harper.

La situación es especialmente desalentadora para las mujeres indígenas. Más de 1200 mujeres y niñas indígenas han desaparecido en los últimos 30 años a lo largo de la Autovía 16, conocida como “Autovía de las Lágrimas”, en la provincia de Columbia Británica. El informe de Anaya recomienda que Canadá impulse una investigación nacional sobre estas desapariciones, cosa que hasta ahora el gobierno ha rechazado por considerarla innecesaria, a pesar de que los grupos indígenas la están reclamando.

Otra de las preocupaciones señaladas en el informe es la violación de los derechos vigentes en tratados. Si el gobierno aspira a modificar las políticas para tener un impacto en los pueblos indígenas, es necesario que los involucre en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, los dirigentes actuales han ignorado o limitado el acceso de los grupos indígenas a este proceso. En 2012 hubo modificaciones sin consulta previa de cinco leyes, lo que desencadenó la formación del movimiento de protesta “Idle No More” y agravó la pérdida de confianza en el gobierno.

El informe de Anaya es un testimonio del lamentable estado de los indígenas canadienses en la actualidad. Sin embargo, si se hubiera cedido a las presiones del gobierno este documento no habría sido publicado. Fueron necesarias tres solicitudes de permiso durante un año para que James Anaya pueda visitar oficialmente el país con el objetivo de evaluar la situación de los derechos humanos.

Este es solo un episodio más de una larga y tortuosa historia de opresión. En el periodo desde el siglo XIX hasta 1996, más de 150.000 niños y niñas indígenas fueron arrebatados de sus hogares familiares y enviados a internados. Estas instituciones formaban parte de un agresivo programa de asimilación para aniquilar las lenguas y culturas nativas y reemplazarlas por el inglés y francés, la cristiandad y la tradición “canadiense”. Muchos niños murieron en estas prisiones y sufrieron abusos por parte de profesores y otros tutores. Los efectos de este plan de asimilación siguen presentes en la sociedad y probablemente seguirán por generaciones.

Actualmente, la relación entre el gobierno canadiense y los pueblos indígenas está rota. Muchos de los dirigentes del gobierno y sus políticas se limitan a tomar medidas simbólicas para paliar la desigualdad y discriminación que sufren los pueblos. En el lenguaje actual de la política nacional, los llamados intereses canadienses (los de la población general) y los intereses indígenas son retratados como divergentes, en lugar de beneficiarse mutuamente en favor de la totalidad.

Según la revista Forbes, Canadá ocupa el puesto 14 en la lista de países más ricos del mundo, con un PIB de C$39.171 millones. Es paradójico que una parte de la población canadiense viva en condiciones de pobreza mientras sus tierras tradicionales contienen abundantes recursos naturales. También lo es que el gobierno ignore esta situación, mientras se beneficia de las reservas petroleras y mineras ubicadas en tierras indígenas. Dado que la población indígena continúa creciendo a un ritmo cinco veces mayor que el resto de los grupos étnicos de Canadá, esta disparidad amenaza con convertirse en una bomba de tiempo social. Si el gobierno continúa ignorando los reclamos lo hace a su cuenta y riesgo.