Santa Elena Río Salinas es una comunidad indígena situada al sur del municipio de Sayaxché, departamento de Petén, Guatemala, la cual está integrada por unas 150 familias cuyo idioma es el maya Q’eqchi’.
Además de estar asentada a la orilla del Río Salinas, Santa Elena está rodeada por plantaciones de palma de aceite, las cuales han ocasionado daños ambientales en la zona, así como violaciones a los derechos humanos de sus habitantes y despojo de sus tierras.
Nicolás Pop, habitante del lugar, comentó que su comunidad, en la que solo existe un pozo artesanal para obtener agua, fue fundada en 1979 por trabajadores madereros y familias provenientes de departamentos como El Quiché y Alta Verapaz, quienes llegaron en busca de tierras para cultivar.
“En nuestra comunidad, por mucho tiempo hemos sobrevivido de la agricultura. Con nuestras familias labramos la tierra para producir nuestros alimentos”, dijo Nicolás Pop.
En la actualidad, los propios pobladores comentaron que dependen económicamente de la producción de granos básicos como el maíz, frijol, arroz, pepitoria o semilla de calabaza (Cucurbita mixta pang), en menor escala de chiles de distintas especies, y de la crianza de animales domésticos. En su mayoría, se desempeñan como trabajadores en fincas ganaderas y empresas de palma de aceite.
La plantación de palma africana se observa desde las comunidades indígenas en el municipio de Sayaxché. Año 2022. Foto: Rosa Leonardo
La siembra de palma africana en Sayaxché
Según el estudio realizado por Liliam Maeda de La Rosa: “Diagnóstico socioeconómico para la producción de maíz (2008)”, publicado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, “la mayor parte del territorio de Sayaxché forma una planicie aluvial de los ríos La Pasión, Salinas y Usumacinta, pertenecientes a la denominada cuenca sedimentaria. Estos afluentes forman al menos 16 riachuelos, arroyos y lagunas que tienen paso por las comunidades de ese municipio”.
El documento Riesgos de la agroindustria de la palma africana para las áreas protegidas y diversidad biológica en Guatemala, elaborado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), refiere que: “una hectárea sembrada con palma africana necesita alrededor de 25 mil litros de agua por día y para empezar a producir frutos, en un período de tres años, la palma africana requiere un mínimos de 150 a 200 litros de agua por día. Aún en plantaciones más viejas, durante los meses secos se requieren hasta 300 litros por día y por planta”.
Por otra parte, el anuario estadístico 2018-2019 de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA), dice: “el cultivo de palma africana está distribuido en tres regiones en Guatemala; la región sur que cubre seis departamentos y, representa el 21.45% del cultivo, mientras que al nororiente abarca los departamentos de Izabal, Baja Verapaz y tres caudales importantes: Lago de Izabal, los ríos Motagua y Polochic, con el 19.93% de palma cultivada, mientras que la región norte abarca los departamentos de Petén, Alta Verapaz y Quiché, con 58.62%”.
Dicho anuario señala que el municipio de Sayaxché es el más representativo en cultivo de palma y que en 2017, contaba con el 40% de la totalidad de palma cultivada en el país.
De acuerdo con los documentos citados, la alta fertilidad de la tierra en Sayaché, su tipo de suelo con altos contenidos de nutrientes y materia orgánica, además de su abundante agua, hacen de este municipio, uno con grandes extensiones de palma africana. De tal suerte que en el municipio hay cinco empresas productoras de aceite de palma: Agroindustria Reforestadora de Palma S.A. (REPSA), TIKINDUSTRIA, Agroindustria Palmera San Román, S. A., Palmas del Ixcán, NAISA e Industrias Chiquibul S.A. Todas agrupadas en la Gremial de Palmicultores de Guatemala GREPALMA incluyendo plantas procesadoras de aceite.
La estrategia para apoderarse de tierras de campesinos
Nicolás Pop relató que entre 1960 y 1980 en Sayaché existían montañas vírgenes, bosques nativos con maderas preciosas de cedro (Cedrela odorata), caoba (Swietenia macrophylla), incluso rosul (Dalbergia retusa). Los ríos eran limpios y cristalinos, hasta que ingresaron varias empresas madereras a extraerla. Fue así como, agregó, “las tierras fueron acaparadas por finqueros/ganaderos y después por empresas palmeras”.
Otros de los pobladores de Sayaxché coinciden con que durante la presidencia de Alfonso Portillo (2000-2004) hubo una política de regularización de tierras dirigida por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Según Pop, representantes del INTA llegaron a la comunidad a ofrecer mediciones de terrenos y escrituras a muy bajo costo, lo que permitió que muchas familias legalizaran sus parcelas y posteriormente pudieran venderlas.
Durante el Gobierno de Portillo, las empresas palmeras pusieron su mirada en esas tierras que ya tenían legalizadas algunos de los campesinos. Muchas familias vendieron desde 30 a 60 hectáreas de terreno. Según el boletín informativo El Observador 2015, producido por Asociación Civil El Observador, quienes realizan investigación, análisis y sistematización de información en Guatemala: “para el año 2007 la empresa Palmas del Ixcán habría adquirido 5,500 hectáreas y sembró sus primeras plantaciones en las riberas de los ríos Chixoy, Salinas y sus afluentes, en las comunidades de Roto viejo, la Soledad Sayaxché y una parte de la Franja Transversal del Norte”.
Foto satelital: Google Earth Engine. Así lucía el municipio de Sayaxché, El Petén en 1984, cuando aún no existía presencia de la palma aceitera y la ganadería no se había extendido.
Conflicto laboral entre Industrias Chiquibul y Santa Elena Río Salinas
Casas de algunos habitantes de la comunidad Santa Elena Río Salinas, construidas justo a orillas del río. Año 2022. Foto: Rosa Leonardo
En 2020, cuatro campesinos de Santa Elena Río Salinas fueron detenidos y posteriormente encarcelados, porque Industrias Chiquibul, S.A., para la cual trabajaban, los acusó de plagio o secuestro, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. La acusación que les hizo la empresa se debió a que un grupo de trabajadores manifestó su descontento por su despido injustificado y exigió las prestaciones laborales.
Según el abogado defensor, Juan Castro, los delitos de plagio y secuestro fueron reformados porque el Ministerio Público “no consiguió las pruebas suficientes para argumentar esos delitos”. Por tal motivo, a los acusados los llevaron a debate por usurpación agravada y detenciones ilegales, ante el Tribunal de Sentencia, en San Benito, Petén.
De acuerdo con información proporcionada por las personas entrevistadas, en 2019 Industrias Chiquibul despidió a unos 300 trabajadores que vivían en comunidades cercanas a la palmera, en su mayoría, provenientes de la comunidad Santa Elena Río Salinas. Nicolás Pop, de 60 años, y uno de los agraviados, dijo que él laboró como jornalero, aproximadamente tres años y fue despedido sin la liquidación correspondiente a un trabajador agrícola.
Según el Ministerio de Trabajo de Guatemala (MINTRAB), para el año 2019, una persona que realizaba actividades agrícolas debía ganar unos Q90.16 diarios (USD12), más bonificación o incentivo de Q250 (USD33) lo que asciende a unos Q2 mil 992.37 mensuales (USD399).
Sin embargo, estos campesinos, recibían Q60 diarios (USD8). El trabajo consistía en una jornada de seis de la mañana a ocho o diez de la noche. “Nosotros estábamos conscientes de todo lo que habíamos trabajado en la palmera, por eso fuimos por la vía pacífica, a pedir que nos pagaran las prestaciones o si no, que nos devolvieran nuestro empleo; estábamos en lo peor de la pandemia por la COVID-19, nuestras familias tenían hambre y no teníamos nada que comer. Sin embargo, nos dijeron que había órdenes de no brindarnos más trabajo, ni pagarnos”, relató con tristeza Nicolás Pop, al recordar lo difícil que fue para él y su familia afrontar esa situación.
Desde el inicio de la problemática, las personas que fueron despedidas no presentaron una denuncia ante el MINTRAB, porque quisieron dialogar y negociar con la empresa, pero al no conseguir una respuesta positiva, acudieron a las manifestaciones.
Pop comentó que había personas con siete u ocho años de trabajo y les pagaron solo Q2000 (USD266) de prestaciones. Ante la negatividad de los dirigentes de Industrial Chiquibul, de resolver la problemática por la vía pacífica, los campesinos cercaron el área, propiedad de la empresa y evitaron el ingreso del personal, hubo confrontación entre trabajadores y manifestantes. “El encargado de la empresa ordenó el enfrentamiento y hubo disparos con armas de fuego, por parte de la seguridad de la palma”, recordó Pop.
Un mes después de esos enfrentamientos, los campesinos buscaron dar seguimiento al caso, sin embargo, fueron detenidos y encarcelados por agentes del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC).
En 2021, el Tribunal de Sentencia de San Benito Petén sentenció a cuatro años conmutables, con suspensión condicional de la pena, a las cuatro personas criminalizadas por Industrias Chiquibul S.A.
El abogado defensor, Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, opinó sobre la sentencia: “consideramos que es una sentencia injusta, no se apega a todos los medios de prueba presentados por la defensa. Pero si vemos cómo el Estado, a través de esta, se consuma como un cómplice de estas formas de explotación moderna, trata de personas en su manifestación laboral, no comprende el contexto en que se está dando el acaparamiento de tierras y la explotación de personas indígenas”.
Audiencia de declaración de Nicolás Pop. De izquierda a derecha, Paulino Temú (abogado defensor) Julio Jacinto (procurador), Nicolás Pop (el acusado) y Claudio Caal (acompañante). Año 2022. Foto: Rosa Leonardo
Mujeres indígenas también resultan afectadas por la palma africana
Las mujeres de las comunidades Santa Elena Río Salinas, San Román, Las Arenas, Esperancita del Río, El Pato, entre otras, que habitan en la rivera y cerca de riachuelos provenientes de los ríos Salinas, Usumacinta y La Pasión dijeron que después de que industrias Chiquibul ingresó al área, han experimentado diversos impactos.
La escasez de agua, la deforestación de bosques nativos de donde obtienen plantas medicinales, leña u otros insumos son algunos de los daños por la siembra extensiva de la palma. Además, las personas viven con temor por las constantes amenazas que provocan los conflictos agrarios por el cambio de uso de la tierra.
“Desde el año 1976 hasta el 2000, no había tanta venta de bebidas alcohólicas en las comunidades indígenas de Sayaxché. Sin embargo, con el establecimiento de las empresas palmeras en el área, hay más bares y cantinas; existe un aumento significativo de consumo de bebidas alcohólicas y ocurren con más frecuencia casos de violencia doméstica”, relató Matías Pop.
En las comunidades Ranchón Carolina, Sechaj y Las Arenas, del municipio de Chisec, Alta Verapaz que forman parte de la Franja Transversal del Norte (FNT) y que en el Norte limitan con Petén, ocurren conflictos similares, a raíz de siembra de la palma africana, la tenencia de la tierra y el uso del agua.
Margarita, una mujer indígena, de 40 años de edad, vive en Sechaj, Chisec. Contó que en esa comunidad el río San Román fue desviado por medio de tubería, para llevar el caudal hacia la plantación de palma africana, tal como ha sucedido con todos los ríos cercanos a las empresas palmeras en Sayaxché.
El alcalde de Sayaxché, José María Cabnal, ante la problemática que viven las personas por las empresas de palma africana expresó: “lo único que puedo hacer es monitorear los sucesos dentro de las comunidades, intentar mediar” y agregó que: “son las instituciones como el Ministerio Público, El Ministerio de Trabajo y la Procuraduría de Derechos Humanos, las que deben dar solución a la conflictividad dentro de estas comunidades”.
Desastre ecológico causados por la actividad de las palmeras
En 2015 ocurrió un desastre ambiental en el río La Pasión, también en Petén. Entre abril y junio de ese año, fuertes lluvias provocaron el desborde de una laguna de oxidación (aguas residuales constituidas a pocos metros de las afluentes del río), de una planta procesadora de palma aceitera, ubicada en la comunidad El Pato, propiedad de la empresa Reforestadora de Palma Africana (REPSA).
El desborde de la laguna de oxidación provocó la muerte de varias especies de peces, tortugas, otros ecosistemas y plantas acuáticas. El Centro de Medios Independientes (CMI) catalogó el hecho como un “ecocidio”.
Vecinos de ese municipio responsabilizaron a REPSA del desastre. Elmer Ponce, periodista local del Informante Petenero, filmó la escena y la mortandad de peces, que cubría un aproximado de 150 kilómetros a lo largo del río. Los resultados de exámenes toxicológicos realizados por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) indican que en el agua había presencia del químico malathion (nombre común malatión). Según el departamento de salud y servicios para personas mayores de New Jersy (2004), hoja informativa sobre sustancias peligrosas, “la exposición al malatión puede causar una intoxicación rápida y mortal por organofosforados, con dolor de cabeza, sudor, náusea, vómitos, diarrea, pérdida de coordinación y muerte”.
Por otra parte, una fuente que prefirió omitir sus datos por temor a represalias, dijo que “lo que se vertió al Río La Pasión fueron aguas sin tratar, producto de una actividad industrial y también con una carga bacteriana muy alta. Cuando estas bacterias cayeron al río, junto con el resto de contaminantes químicos, dejó sin oxígeno el agua, contaminó y provocó la mortandad de los seres vivos que allí vivían”. Además, añadió: “los peces no murieron solo por falta de oxígeno, sino también por la presencia de contaminantes, fue una combinación de factores”.
Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), debido a la contaminación del Río La Pasión, hubo un aproximado de 14,000 personas afectadas en 19 comunidades ubicadas en la ribera, que fueron impactadas económicamente, pues varias de ellas se sostenían de la pesca artesanal de especies como el sábalo (M. atlanticus) y los robalos (Centropomus spp).
Áreas protegidas en peligro a causa de invasiones y el monocultivo
Gerson Ochaeta, un biólogo de profesión que reside en Petén y que trabajó como gerente para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá (AMPI) en el año 2021, ha realizado estudios de caracterización biológica, entre ellos, un diagnóstico sobre elementos biofísicos en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) para estudiar especies en peligro de extinción.
Según Ochaeta, “todo monocultivo cuando se desarrolla de manera insostenible provoca daños ambientales. Empresas que se dedican a la producción de palma africana en Petén han transformado la cobertura boscosa, han talado grandes cantidades de árboles, bosque natural y frondoso, ese cambio de uso de suelo, ese cultivo, trae en sí, una afectación directa a la biodiversidad, mata la flora y fauna del área”.
Luis Solano, quien es investigador y periodista, autor del boletín informativo “El Observador” indicó que “estas empresas son de propiedad nacional, producen a lo interno y comercializan al exterior”, información que amplía en la “Revista Enfoque, Boletín No. 36”, “Palma Africana y empresas que expanden aceleradamente a lo largo de la Franja Transversal del Norte (FNT)”.
Además, los principales actores, sobre todo en Petén, que hacen uso del agua en grandes cantidades son la industria y la ganadería, señaló Ochaeta.
Por otra parte, Alejandro Mérida, ingeniero forestal y subdirector interino del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en Sayaxché, indicó que en ese municipio existen varios conflictos agrarios relacionados a la palma africana, pues las personas que se quedan sin tierras, se ven obligadas a residir en áreas protegidas, como la Reserva Biológica San Román, lugar que también está rodeado por palma africana. “El mercado de tierras e invasión de áreas protegidas, son problemas que también puede ocasionar un cultivo como ese, esto daña la flora y fauna en protección”.
El CONAP, en su Plan Maestro para áreas protegidas del sureste dice que “existen seis áreas protegidas localizadas en los municipios de Sayaxché y La Libertad (municipio colindante) que cubren una extensión de 185,156 hectáreas, incluyendo la zona de amortiguamiento.
Para Mérida ese plan está en proceso de actualización, “efectivamente, son casi las últimas áreas significativas de bosque que quedan dentro de la Reserva de la Biosfera Maya en Sayaxché”.
Por otra parte, Mérida indicó que esa reserva tiene algo en particular y es resguardar la especie de rosul (Dalbergia), una especie en peligro de extinción, debido a la tala de bosques nativos y frondosos. “Hemos perdido nuestra flora y fauna, animales como el tigrillo, jaguar, pavo petenero, incluso el tapir, ya no se observa en estas áreas, antes era muy frecuente verlos a la orilla de los ríos la Pasión o el Usumacinta”, dijo.
En Santa Elena Río Salinas, además de los conflictos con la empresa palmera sus habitantes sufren inundaciones
Algunas de las casas en Santa Elena Río Salinas cuentan con tapancos (plataforma elevada en el techo, dentro de la casa) que les sirven para guardar sus cosechas en temporada de lluvia. Sin embargo, en la actualidad, durante esa época del año también han tenido que resguardarse ellos ahí o acudir a otros sitios: El salón comunal, la escuela primaria y la iglesia católica, pues según cuenta don Matías Pop, sufren inundaciones.
Como en la comunidad, las inundaciones y sus consecuencias para la salud y el ambiente no se hacen esperar, cuando hay tormentas cuentan con el apoyo de la Coordinadora Local de Riesgo a Desastres (COLRED), que es coordinada por Matías Pop Asig, uno de los agraviados por Industrias Chiquibul.
Sin embargo, Matías Pop Asig dijo que desde que fue criminalizado y a pesar de que habita una zona vulnerable, no ha podido continuar ejerciendo el liderazgo de la COLRED, porque aún existen restricciones y medidas de seguridad a favor de Industrias Chiquibul y le causan temor.
Una de las responsabilidades de Matías Pop era monitorear el pluviómetro y estar en comunicación directa con la CONRED antes, durante y después de una inundación. “Yo me fui a capacitar hasta El Salvador, para ejercer mi cargo”, indicó Matías.
Entre los recientes impactos naturales que han experimentado en la comunidad, Matías señaló las tormentas ETA y IOTA en 2021 y en 2022, las afectaciones por la tormenta tropical Julia, la cual provocó pérdidas en cultivos de maíz y frijol de una 150 familias, y se inundaron 40 viviendas.
El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC); en una publicación de su página oficial, “La influencia del ser humano en el cambio climático”, indica que “las principales amenazas que enfrenta Guatemala ante este fenómeno son las sequías e inundaciones (causadas por lluvias extremas). Y advierte que se proyecta que algunos de estos impactos sean más fuertes y más frecuentes en un futuro no muy lejano.
Acciones para preservar el medio ambiente y hacer frente a las problemáticas agrarias
Rudy Flores, coordinador de la Sección de Educación para el Desarrollo Sostenible (SEDES), del CONAP región Petén, indicó que existe una mesa técnica conformada por instituciones ambientales, presidida por el CONAP, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de Flores, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), y organizaciones como la Fundación Integral del Hombre y su Entorno (CALMECAC), la Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago Petén Itzá (AMPI), la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), entre otras. Los integrantes de dicha mesa se reúnen mensualmente para acordar acciones, formas de conservar y proteger el medioambiente y mitigar los impactos que experimentan por el cambio climático.
En estas mesas no participan las empresas palmeras, explicó Flores, “no se ha dado la oportunidad, ni el tema para reunirnos, mucho menos para crear una acción conjunta”.
A partir de las problemáticas laborales, agrarias y ambientales que vive a diario la población del municipio de Sayaxché se organizó y formó el movimiento “Qana’ Ch’och”’, que en idioma maya Q’eqchi’ significa “madre tierra”. El movimiento está integrado por 30 comunidades que buscan solución a las citadas situaciones y realizan acciones de concienciación en las comunidades indígenas, donde no hay presencia de empresas palmeras, sobre la importancia de preservar la tierra, el agua, los bosques y demás recursos naturales que los rodean.
Una de esas acciones, indicó Matías, es la solicitud de árboles de cacao que la comunidad gestionó, junto al Concejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), ante la Asociación italiana AMKA Onlus. Según Miguel Giménez, quien es estudiante de agronomía y técnico de campo de esta entidad, un aproximado de ocho mil plantas de cacao fueron distribuidas a 100 personas de la comunidad. “Hemos observado que las tierras de esta localidad son muy productivas, la intención es posteriormente buscarle comercio al cacao seco. Con esta acción estamos reforestando y al mismo tiempo producimos, para lograr algún ingreso a largo plazo”, puntualizó Giménez.
Además, agregó Giménez, “el cacao necesita sembrarse asociado con otras plantas, para que produzca en buen término, esto es lo que se conoce como sistemas agroforestales. Y la intención de sembrar cacao, es diversificar la producción agrícola, pero este proyecto no tiene ninguna intención extensiva”.
Por su parte, Matías especificó: “los pueblos indígenas consumimos el cacao en bebidas; como el fresco de cacao molido y también lo usamos en nuestras ceremonias mayas”.
David Paredes, coordinador de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) comentó: “tenemos conocimiento de la situación que viven las comunidades indígenas debido al monocultivo de palma, por esa razón, en 2021, se envió una solicitud a Leo Heller, relator de las Naciones Unidas en Guatemala, para que nos envíe un informe sobre el agua y saneamiento en esta localidad, porque queremos conocer los efectos de la palma africana en las comunidades y crear acciones concretas para intentar frenar este flagelo, pues es como un monstruo, un pulpo con tentáculos que tiene injerencia en diferentes ámbitos, políticos, económicos y sociales”, según Paredes, “hasta enero del 2023, no se ha emitido dicho informe, se espera que en el transcurso del año se pueda conocer” indicó.
Paredes agregó que en las comunidades de Sayaxché están promoviendo la agroecología y la economía comunitaria, para apoyar a la población campesina e indígena. “Las personas aprenden sobre huertos familiares y comunitarios, acciones para recuperar las prácticas ancestrales como el cultivo en asocio indicó que por este medio pueden fomentar la siembra de bosques, preservar los suelos con materia orgánica, la recuperación de conocimientos ancestrales; para utilizar semillas criollas y abonos orgánicos, de esta forma evitar utilizar químicos que dañan la salud y evitar la venta de la tierra.
Explicó Paredes que el cultivo en asocio también conocido como el “Sistema Milpa”, es un método que se usa en la agricultura; se combinan los cultivos (siembra de maíz, frijol, ayote y chile, juntos) para efectuar un mayor aprovechamiento de la tierra.
Los pobladores de Santa Elena Río Salinas, a pesar las condiciones difíciles que les ha tocado experimentar, están actuando para detener la tala inmoderada de bosque, crean acciones de conservación para mitigar los impactos causados por el monocultivo de palma. Ellos están organizados, defienden el agua y sus tierras, están conscientes que de ello depende el futuro de las siguientes generaciones, dijo Paredes.
*Este reportaje se produjo con el apoyo de la Internew´s Earth Journalism Network
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