Guatemala. Quienes se beneficiaron del genocidio realizan todos los esfuerzos por cortar la posibilidad de seguir con la vía jurídica, que puede llegar hasta ellos. El reciente pronunciamiento del Congreso para negar el exterminio sistemático de pueblos indígenas sirven para corroborar cómo, treinta años después, siguen dispuestos a mantener sus privilegios por encima de la verdad y la justicia.

A mediados de mayo se conoció que el día 24 de abril, el Congreso de la República de Guatemala aprobó un punto resolutivo en el que,en un texto un tanto confuso, decidió que en Guatemala no existiógenocidio. Una parte del documento señala: “Bajo el infame prisma de la sangre que ha regado nuestra tierra y el dolor que ha inundado el alma de la patria a partir de un conflicto inútil y la falta de consensos para superar con absoluta certeza jurídica nuestras diferencias sociales”;[1], más adelante, precisa que “como consecuencia del encausamiento penal, conocido como El Juicio del Siglo, no obstante que la legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados, resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado interno”. [2]

La reacción fue inmediata por parte de quienes participaron en las actividades organizadas para recordar el 10 de mayo de 2013, cuando la jueza Yasmín Barrios, del Tribunal A de Mayor Riesgo,emitió públicamente la sentencia que condenó al general Efraín Ríos Montt por genocidio y  contra los deberes de la humanidad.Fue la primera vez que se reconoció judicialmente las atroces dimensiones de la actuación del ejército de Guatemala a principios de los años ochenta.

Ante la sentencia condenatoria de 2013, la cúpula patronal aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se declaró “en asamblea permanente” y,apenas 10 días después, el juicio fue anulado por la Corte de Constitucionalidad, aduciendo problemas de forma.[4]

La actual declaración de los diputados es otro burdo intento porponer punto final a uno de los asuntos políticamente más espinosos, heredado del proceso de paz que se dio en los años noventa del siglo pasado, y se sitúa en la línea de las accionesde la Corte de Constitucionalidad y el CACIF. Todas ellas muestran cómo el racismo,que está en la base del genocidio perpetrado en aquellos aciagos años, sigue presente en la vida de Guatemala.

El reconocimiento del genocidio

En el seno del conflicto armado que sacudió Guatemala durante casi toda la segunda mitad delsiglo XX, se gestó el genocidio -que supuso la muerte sistemática de cientos de miles de personas bajo elargumento de que eran “guerrilleros comunistas”. Entre finales de los años setentae inicios de los ochenta, las más de 400 masacres realizadas por el ejército supusieron la mayor matanza de población indígena perpetrada en América Latina en el siglo XX, resultado de una política sistemática de exterminio por parte del Estado.

El tamaño y la dimensión racista de esta tragedia no fueron tratados durante el proceso de paz en toda su profundidad. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas(AIDPI) no hubo ninguna mención al hecho de que las masacres y la tierra arrasada se centraron en territorios mayas. De la misma manera, en los acuerdos referidos a la violencia sufrida y ejercida –el de Derechos Humanos, Reasentamiento, Desmilitarización, en la misma amnistía- tampoco hay mención alguna del hecho de que la mayoría de las víctimas de la represión fueron comunidades indígenas arrasadas por una política sistemática de muerte.

Hubo que esperar a la publicación del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en 1999, para que la relación entre racismo y violencia de Estado, tan evidente en la historia, en los recuerdos y en las imágenes, encontrara un sustento documental. Los datos del recuento fueron contundentes: a raíz del conflicto armado, en Guatemala murieron o desaparecieron más de 200 mil personas, de las que el 83 por ciento fueron indígenas, y el 93 por ciento de los decesos fueron ocasionados por el ejército u otros cuerpos de seguridad. [5]

No se trató de las bajas producidas en el conflicto entre dos partes. En el Tomo III de los 12 de que consta el informe, se dedican 90 páginas a este tema. Cuando la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) trabajó la forma en que se dio la violencia en las áreas indígenas, llegó a la conclusión de que la política llevada a cabo por el ejército contra la población indígena constituye un delito de genocidio, entendido de acuerdo a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, ratificada por el Estado de Guatemala en 1950. [6]

“La CEH puede confirmar que, en una determinada etapa del enfrentamiento armado interno, específicamente durante los años 1981 y 1982, el Ejército identificó a grupos del pueblo maya como enemigo interno, porque consideraba que constituían o podían constituir la base de apoyo de la guerrilla, en cuanto sustento material, cantera de reclutamiento y lugar para esconder sus filas. De este modo, el Ejército, inspirado en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), definió un concepto de enemigo interno que fue más allá de los combatientes, militantes o simpatizantes de la guerrilla, incluyendo en dicho concepto la pertenencia de las personas a determinados grupos étnicos”[7], señalaron en su informe.

El mérito del informe de la CEH es que permitió llamar por su nombre a algo que no fue oficialmente reconocido.La contundencia de las cifras no dejó lugar a dudas respecto a la dimensión étnica de las masacres y la muerte planificada. Desde ese momento empezaron a surgir voces que clamaron que este episodio trágico no se puede entender sin el racismo. [9]

Si tenemos en cuenta la definición clásica de Memmi de racismo como “la valorización generalizada y definitiva de una diferencias, reales o imaginarias, con el fin de justificar sus privilegios o su agresión”,[10] no se puede usar otra palabra para hablar de una ideología, de unos comportamientos y estrategias que permiten matar a cientos de miles de personas porque se les considera un “enemigo interno”.

 El juicio de RíosMontt: el cómo y el quiénes del genocidio

Tras esta constatación, el juicio celebrado en 2013 referido a la actuación de Ríos Montt, como jefe de Estado de Guatemala,contra el pueblo ixil, y la sentencia condenatoria por el delito de genocidio, fue lo suficientemente rotundo como para cerrar el debate en torno a los hechos de inicios de los ochenta.

La sentencia[12] es un ejercicio jurídicamente impresionante, que en sus más de 700 páginas refleja todo lo que se oyó en los más de 50 días que duró el juicio. A través de las voces de hombres y mujeres que actuaron como testigos y peritos, el genocidio quedó desmenuzado en cada una de sus acciones, al mostrar una por una las formas en que se ejerció la muerte sobre personas civiles desarmadas.

Los testimonios y peritajesdel juicio permitieron ver cómo fueron planificadas las masacres; cómo se utilizó el terror y el miedo; cómo el abuso sexual contra las mujeres fue sistemático; cómo se quemaron cosechas y ganado. Ante tal avalancha de información pormenorizada, ¿cómo negar la calidad de exterminio sistemático de la población ixil supuestamente levantada?

La planificación de la estrategia militar no deja lugar a dudas sobre la voluntad de exterminio de esas comunidades de “indios comunistas” que amenazaban el orden. Con esta justificación masacraron a miles de hombres y mujeres, ancianos y ancianas, niñas y niños, todas ellas población civil desarmada, no sólo ixiles, sino achi’s, q’anjobales, akatekos, kaqhikeles y muchos más en todo el país.Por eso, el

juicio no sólo demostró que hubo genocidio: mostró cómo se ejecuta uno.

Además del cómo, el juicio mostró el quiénes. Uno de sus aspectos más impresionantes es que puso nombres y apellidos, rostros, historias y recuerdos, lágrimas y sonrisas a las testigos que sobrevivieron a los horrores de la muerte. Las mujeres y hombres ixiles que desfilaron con toda su dignidad frente al tribunal, y cuyas fotografías recorrieron el mundo entero,fueron verdaderos protagonistas de todo el proceso.

El juicio también sirvió para avanzar en algo a lo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico renunció en su momento: dar nombres y poner caras a los responsables de todas estas atrocidades. A finales de los años noventa no había condiciones para eso, yahora pareció que tal vez sí. Pero los hechos mostraron que, otra vez, fuellegar demasiado lejos.

El juicio buscóprocesar a los responsables políticos de las prácticas genocidas: el jefe de Estado y el responsable de Inteligencia Militar. Pero además, adelantó en dar a conocer a algunos de los responsables directos de los hechos. Uno de ellos es el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que bajo el seudónimo de “Mayor Tito Arias” dirigió las operaciones militares de Nebaj, principal población ixil. Se dice que el juicio se torció cuando él fue nombrado de forma explícita como responsable de la represión en Nebaj, pues se pasó a un nivel de responsabilidades que no era admisible.

Fue fundamental el peritaje desarrollado por Marta Casaus el 4 de abril de 2013.[13] En su intervención, mostró cómo las acciones genocidas desarrolladas contra los ixiles –y de ahí contra cualquier otro pueblo- no fueron resultado de una mente enferma ni de una conducta desviada, ni siquiera de una estrategia militar desesperada, sino el fruto de una ideología que rige todo el comportamiento social de nuestro país: el racismo.

Si mucha gente no se quejó o directamente no se enteró de lo que pasaba en el altiplano en los años de exterminio, es porque eso entraba en la normalidad, lo “natural”. El genocidio no fue una anomalía, sino la máxima expresión de una forma de entender y organizar la sociedad, siempre necesitada de la violencia para mantener su orden: el racismo.

Marta Casaus mostró que el racismo -y la violencia que conlleva- es un medio para mantener los privilegios de unos pocos sobre las mayorías. Además de los responsable materiales directos, hubio quienes se beneficiaron directamente de tanto terror y maldad. Como nos mostró Plaza Pública en esos días, algunos de ellos apoyaron de forma directa las acciones genocidas.[14]

Como sector dominante en la historia de este país, la oligarquía de origen criollo provocó el genocidio cuando sintieron que su situación de privilegio se veía amenazada. No les importó que murieran 200 mil personas, que 400 aldeas desaparecieran, que miles de mujeres fueran violadas, que un millón de personas tuvieran que salir de sus casas, con tal de mantener un sistema en que solamente ellos han salido beneficiados.

La actualidad del racismo y la violencia de Estado

Quienes salieron beneficiados del genocidio realizan todos los esfuerzos por cortar la posibilidad de seguir con la vía jurídica, que puede llegar hasta ellos. Las reacciones del CACIF, de la Corte de Constitucionalidad y ahora del Congreso de la República sirven para corroborar cómo, treinta años después de aquella barbarie, siguen dispuestos a mantener sus privilegios por encima de la verdad y la justicia. Pese a declaraciones y firmas de paz, testimonios e informes, funcionarios internacionales y dependencias gubernamentales, el racismo sigue presente en la vida política de Guatemala y siempre asociado a la violencia de Estado

La resolución del Congreso es un buen ejemplo. Por un lado, niega la legalidad vigente y pasa por alto la decisión de un Tribunal, convertida en sentencia, al decir que “resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio”. Ante ello, cabe la pregunta de Alfonso Porres: “¿cuáles fueron las prácticas que el benéfico Estado de Guatemala permitió a su ejemplar ejército, garante de la constitución y la soberanía nacional? ¿Qué fue entonces de los 200 mil muertos y el millón de desplazados que reporta la Comisión de Esclarecimiento Histórico?[15]

Por otro lado, la resolución del Congreso actualiza la negación a la ciudadanía guatemalteca de capacidad de juicio y discernimiento: “discusión que trasciende a los tribunales de justicia, y se da en los medios de comunicación social, sectores de opinión, pueblos, plazas, calles, comunidades y en los hogares guatemaltecos, abriendo así nuevamente la polarización entre hermanos, propiciando condiciones contrarias a la paz y que impiden una definitiva reconciliación”.[16]

El desprecio por la verdad histórica y por la mayoría de la población, que está detrás de la declaración del Congreso, de las actuaciones del CACIF y de la Corte de Constitucionalidad en las semanas siguientes a la sentencia con la que finalizó el juicio, son una demostración de poder e impunidad, un acto de violencia simbólica que actualizó de golpe toda la violencia de treinta años atrás. De nuevo, racismo y violencia del Estado aparecen juntas como una forma de mantener la situación privilegiada de unos pocos.

Este mismo desprecio por la vida de las personas, las comunidades y los pueblos es el que está detrás de la forma en que los últimos gobiernos tratan las demandas que surgen de las comunidades, muchas de ellas, las mismas que fueron arrasadas hace 30 años. Se niegan a reconocer la capacidad de las comunidades para decidir su futuro, acusándolas -como siempre lo hacen- de estar manipuladas en las consultas comunitarias y vecinales y en todas las acciones emprendidas para defender el espacio de vida que les queda. Tratan a líderes y personas movilizadas como delincuentes y terroristas, y acaban disponiendo de su vida y su libertad en juicios que son burlas a la justicia.

La persecución, hostigamiento y asesinato de líderes comunitarios se hace de una forma sistemática y planificada, como ocurre en Monte Olivo, en San Rafael Las Flores, en Huehuetenango y en muchos más lugares. Todo ello nos vuelve a hablar del desprecio absoluto contra esa población, que es mayoritaria en el país, de la negación de su calidad de personas y de ciudadanos.

De nuevo se trata del racismo, y de nuevo lleva aparejada la fuerza del Estado contra aquellos que cuestionan las políticas que sólo benefician a unos pocos, los mismos que desde hace siglos manejan la maquinaria estatal para mantener sus intereses.

26 mayo del 2014

[1] http://www.prensalibre.com.gt/noticias/politica/Genocidio-negado-legisladores_0_1138086211.html

[2]Citado en “El fascinante mundo de la resolución 3-2014”, Alfonso Porres, Prensa Comunitaria 17 mayo 2014 http://comunitariapress.wordpress.com/2014/05/17/el-fascinante-mundo-de-la-resolucion-3-2014.

 [4]http://comunitariapress.wordpress.com/2013/05/21/documento-fallo-de-la-corte-de-constitucionalidad-caso-genocidio/

[5]CEH, 1999: Guatemala, Memoria del Silencio. Informe, Comisión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala.

[6] CEH, 1999-volumen III: 314

[7]   ibid: 418

 [9] Genocidio, la máxima expresión del racismo. CALDH, Guatemalka 2004; Marta Casaús Genocidio: ¿la máxima expresión del racismo? Guatemala: F&G Editores, 2008.

[10] Albert Memmi (1972) El hombre dominado. Un estudio sobre la opresión. Cuadernos para el Diálogo. Madrid.  

 [12] Sentencia por Genocidio y delitos contra los deberes de Humanidad contra el Pueblo Maya Ixil. Guatemala 2013. 10 de mayo de 2013 Guatemala: Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos / Asociación por la Justicia y Reconciliación.

 [13]http://comunitariapress.wordpress.com/2013/04/05/otto-perez-molina-mayor-tito-daba-ordenes-de-ejecucion-quema-y-saqueo-juicio-por-genocidio/

[14] “Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra”, Martín Rodríguez Pellecer, Plaza Pública, 21 agosto 2013. http://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra.

[15] “El fascinante mundo de la resolución 3-2014”.

[16]Citado en “El fascinante mundo de la resolución 3-2014”.