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La minería de níquel produce presos políticos en Guatemala

Nelton Rivera

Foto: Nelton Rivera

Cristóbal Pop es maya q’eqchi’ y pescador artesanal, logra permanecer un buen tiempo buceando en el fondo del Lago de Izabal para realizar este tipo de pesca. Trabaja la carpintería y es artesano de distintas formas de animales que habitan su entorno. Tortugas, manatís, son algunos de los animales de madera en las artesanías que fabrica. Además, es el presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales del municipio de El Estor, Izabal, un municipio en el Caribe guatemalteco habitado mayoritariamente por el pueblo q’eqchi’.

La gremial es una organización bastante joven. Inició en 2016, contó con el reconocimiento municipal y logró agrupar a distintos colectivos de pescadores artesanales del territorio. La junta directiva y sus agremiados nunca imaginaron que librarían una batalla legal y política contra una empresa minera con gran cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Cristóbal sobresalió por su capacidad de liderazgo. A sus 40 años de edad, piel morena, personalidad fuerte, la primera impresión que da al conocerlo es de seriedad y determinación. Tiene tres hijos, logró ganarse el respeto y admiración de las comunidades q’eqchi’ del municipio en poco tiempo, pero la defensa del lago ante la contaminación minera, lo llevó a ganarse varios enemigos que ven en el níquel una forma de producir una fortuna sin rendirle cuentas a nadie.

El 22 de enero de 2019, fue ligado a un proceso penal por los delitos de “detenciones ilegales”, a pesar de que un fiscal del Ministerio Público le solicitó al juez el sobreseimiento de la persecución penal en su contra. Pop fue acusado por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) en agosto del 2017, junto a un barbero, siete pescadores y dos periodistas. Desde esa fecha el Gobierno y la empresa lo criminalizaron.

El juez de primera instancia penal de Puerto Barrios, Edgar Aníbal Arteaga López, se negó a beneficiarlo con una medida sustitutiva. Este mismo juez en 2017 emitió la orden de aprehensión en su contra y se negó en cinco ocasiones a realizar la audiencia para que se presentara de forma voluntaria al juzgado. Para los abogados que trabajan en su defensa, en Izabal los operadores de justicia, los fiscales del MP y la policía actúan según los deseos de la minera. El mismo criterio comparte el abogado Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y las comunidades.

Un poder así no se construye de la noche a la mañana. La minera de níquel en Guatemala tiene más de medio siglo de existir, su presencia data de 1950, la tierra en Izabal para esa época ya estaba en las manos de terratenientes. La primera transnacional en llegar al país para extraer el níquel en Izabal, fue la empresa Exmibal, subsidiaria de una empresa canadiense llamada INCO. La corrupción y la impunidad durante los regímenes militares, respaldados por la oligarquía nacional y los Estados Unidos, facilitaron la instalación de la minería en un vasto territorio habitado por el pueblo q’eqchi’. Luego de la intervención norteamericana en 1954, la Banana Chiquita Co. y la minera tuvieron el territorio a su antojo.

Sesenta y nueve años después, la empresa mutó a otros nombres como la Compañía Guatemalteca de Níquel (o CGN), que opera a través de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico). Sus capitales pasan de manos canadienses, como Hudbay Minerals, a manos suizo-rusas, con Solway.

La minera fue beneficiada durante el gobierno de Otto Pérez Molina. En 2012 “obtuvo legalmente” la licencia de extracción minera, licencia que fue denunciada por violar el derecho de consulta de los q’eqchíes. Pérez Molina ahora está encarcelado por dirigir una de las más grandes redes de corrupción en el país. El ministro que autorizó la licencia del proyecto Fénix, Erick Archila Dehesa, es un empresario que actualmente se encuentra prófugo de la justicia desde el año 2015.

Dos años pasaron desde las movilizaciones que realizaron los pescadores para denunciar la contaminación del Lago de Izabal con los deshechos tóxicos vertidos ahí. Ninguna institución del Gobierno aclaró la contaminación, ni la investigó, simplemente guardaron silencio.

Pop no sólo fue criminalizado y encarcelado, también sufrió un intento de secuestro el 24 de agosto de 2018. Se resistió y los atacantes tuvieron que huir del municipio. Para su familia, vivir durante 20 meses con la amenaza de que cualquier cosa podría pasar, no es fácil. Frente a su hogar —una casa de madera y lámina con un amplio jardín y árboles de sombra— la constante presencia de vehículos tipo camioneta agrícola, con vidrios polarizados y placas que no coinciden con el modelo, los mantuvo alerta. Ahora con su encarcelamiento la familia vuelve a ser golpeada, también la organización de pescadores y la resistencia de las comunidades.

La planta procesadora de níquel en El Estor, está ubicada a la orilla del Lago de Izabal. Es una gigantesca construcción que utiliza dos canales de agua, uno que extrae el agua del lago hacia la planta, luego traslada los desechos tóxicos en una piscina y el agua es expulsada por otro canal hacia el lago.

En los últimos meses aumentó la extracción de grandes extensiones de tierra para embarcarla en buques rumbo a Europa y Asia, modificando drásticamente la topografía del municipio. Aun los gritos de los saraguates o monos aulladores se resisten en medio del ruido y nubes de humo y polvo de las enormes chimeneas operando por las noches y madrugadas. La minera despareció las montañas en el área de extracción y están poniendo en peligro los nacimientos de agua de las comunidades.

Para Cristóbal y las comunidades, es urgente detener la actividad extractiva en El Estor para evitar un desastre de contaminación. Se trata de una empresa que opera sin cumplir la ley de minería en el país. En breve, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podrían amparar al pueblo q’eqchí y a la gremial sobre la ilegalidad de la licencia minera, e incluso podría ordenar el cierre de las operaciones de la mina. ¿Hasta dónde la corrupción o la impunidad seguirán protegiendo este tipo de empresas?

El desastre como el ocurrido por la empresa minera Vale en la ciudad de Brumadinho, en Brasil, tendría que darnos la voz de alerta sobre los severos daños a la naturaleza y a la gente que se corren con este tipo de minas.

Mientras tanto, Pop deberá permanecer encarcelado. Lo mismo ocurre con Eduardo Bin Pou (vicepresidente de la gremial), Vicente Rax y Tomás Ché, pescadores. Junto al periodista Carlos Ernesto Choc, corresponsal de Prensa Comunitaria, afrontan un injusto proceso penal y una persecución por parte de la empresa minera.

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