Foto: Archivo de Mujeres Mazatecas

“Si me preguntaran qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socio-económico determinado, al cual arrojan todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad: por eso la cárcel alberga principalmente pobres…”

Xosé Tarrio González

Son siete los presos políticos mazatecos de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, asediada por un caciquismo local incrustado por la violencia y hermanado con la corrupción que se tiene en el estado de Oaxaca. Sus nombres son Jaime Betanzos, Omar Morales, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Isaías Gallardo y Francisco Durán. Ellos, maestros, fueron parte del pueblo que desafió al poder caciquil que ha sobrevivido por muchos años en la región, y ahora se encuentran recluidos en los Centros Penitenciarios de Cuicatlán, Tanivet y Villa de Etla.

El 14 de diciembre de 2014, en Eloxochitlán se llevaba a cabo una asamblea comunitaria en la que se definiría el rumbo de la comunidad, una reunión que disputaba el poder a los caciques locales protagonizado por Manuel Zepeda Cortés.

Ese día, un grupo de Manuel Zepeda disparó contra la asamblea, provocando angustia y temor. Entre la confusión del ataque, los pobladores detuvieron y entregaron a Manuel Zepeda Lagunas, el hijo del “cacique mayor”, con una arma de fuego a las autoridades locales. Él estaba con vida, pero muchos pobladores de la comunidad fueron culpados de su muerte, hecho detonante para fabricar delitos contra integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón.

Su historia no dista mucho de otras en el México rural del siglo XXI: represión a quien se opone, asesinato al que levanta la voz, amenazas para todos, un dominio constante en el territorio, fabricación de delitos y cárcel para los que sobresalen en la comunidad, ello siempre acompañado con la complicidad del poder judicial y político.

“En realidad fueron criminalizados y perseguidos por los mismos delitos un total de 40 personas de la comunidad”, expone en entrevista con Desinformémonos Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, abogada de los presos políticos e integrante del grupo de mujeres mazatecas que luchan por la libertad de sus familiares injustamente presos. “Esas 40 personas son representativas del municipio, se fabricaron delitos por parte del grupo del cacique con el objetivo claro de desarticular a la comunidad”, señala Argelia.

Ese día de la primera quincena del 2014, expone Argelia Betanzos, “se desarticuló una comunidad y se tomó el control total de ella”. Explica que así empezó también la impunidad, cuando Elisa Zepeda Lagunas, hija del cacique Manuel Zepeda, ganó la candidatura local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y en esa legislatura asumió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado de Oaxaca, la cual le dejó un margen para la administración de justicia a discreción.

La defensora mazateca remarca que el 14 de diciembre 2014 “lo que ocurrió fue una manipulación de hechos por parte del grupo de caciques para fabricar los delitos que los presos tienen encima. Algunos ya ganaron libertad de uno de los delitos, y otros de otros; como el homicidio calificado de Manuel Zepeda Lagunas y la tentativa de homicidio de Elisa Zepeda Lagunas, y dos compañeros más están acusados del homicidio calificado de Gustavo Estrada Andrade”.

Han sido ocho años en los que la asamblea comunitaria ha vivido atemorizada, y la disputa este año nuevamente estará centrada entre los caciques del pasado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Manuel Zepeda Cortés, viejo y nuevo cacique que realiza alianza con el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca.

Breve reseña de la historia de Eloxochitlán de Flores Magón

Eloxochitlán de Flores Magón es una comunidad mazateca o Ha Shuta Enima, que para algunos quiere decir “los que trabajamos en el monte, o gente venado”, y se encuentra en lo que se conoce como la Región Cañada en el estado de Oaxaca.

Eloxochitlán es una palabra náhuatl que significa “donde la floración es pronta”, pero su nombre en ha shuta enima es Nguixo, que significa “lugar debajo de las nubes”, pues es montañoso y cuenta con un área semiárida.

Nguixo o Eloxochitlán es uno de los siete municipios de Oaxaca que se rige por un sistema normativo interno, basado en los usos y costumbres, expone la abogada mazateca Argelia Betanzos. “Para los pueblos como el nuestro un elemento clave para la toma de decisiones es el consenso. El consenso no es algo ideal en nuestra comunidad, especialmente cuando en las decisiones públicas se trata. No fue ideal en el siglo pasado, tampoco ahora, mucho menos desde hace una década, pero hasta la fecha podemos afirmar que el consenso es practicado en la vida ordinaria de nuestra comunidad, que se desarrolla comúnmente en los barrios, congregaciones y agencias», explica.

La Asamblea Comunitaria está compuesta por barrios, congregaciones y agencias, en la cual se discuten asuntos de la vida comunitaria e incluso las cuestiones político electorales. Dicha reunión se desarrolla en lugares públicos y los pobladores son llamados por el perifoneo.

En la Sierra Mazateca, además del consenso como distintivo de la vida comunitaria, sobresalen el respeto, la mano vuelta, el escuchar al Consejo de Ancianos y las prácticas ancestrales que aún se llevan en una gran parte de las comunidades.

En esta comunidad nació en 1873 el intelectual y periodista Ricardo Flores Magón, que hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha utilizado como símbolo y en documentos de gobierno, sin conocer y reconocer la lucha de resistencia del pueblo que vio nacer al polémico personaje.

Para Argelia Betanzos, la sierra enfrenta el grave problema de la influencia de políticas públicas que se quieren imponer como si las comunidades fueran espacios urbanos. “Es una idea de ‘progreso’ y ‘desarrollo’ ajena a nuestras comunidades, quieren cambiar las viviendas o imponer la educación ajena al idioma y a las costumbres de la comunidades”, explica.

¿Cómo se originó el conflicto? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué sucedió?

El conflicto de caciques en Eloxochitán inicia a principios del año 1900, y a la fecha sigue siendo el mismo origen, relata Argelia Betanzos. “Es un yugo impuesto por grupos caciquiles, durante la primera mitad del siglo pasado Eloxochitlán estuvo literalmente dominado por un férreo caciquismo impuesto por Juan Hernández Miramón, presidente municipal de 1975-1977. Él era una persona de origen poblano, junto con toda su familia sitiaron la comunidad y por más de 50 años se tenía que cumplir con un especie de impuesto a esta familia”, precisa la abogada mazateca.

Este grupo, señala Betanzos, “también impactó a pueblos vecinos como Huautla de Jiménez, lo que propició una ausencia de participación pública de las comunidades, tanto de mujeres como de hombres, pero principalmente de mujeres, ya que implementó una especie de legitimación de sus decisiones con reuniones con puros hombres. Al término de los trabajos comunitarios, la mayoría ya bastante embriagados con aguardiente tomaban decisiones por consenso, pero eran decisiones que ya estaban tomadas de antemano, siempre por el grupo caciquil”.

Pero ya desde los años 50 hasta esta década, los jóvenes comenzaron a proponer ideas para que Eloxochitlán practique el consenso heredado de la vida cotidiana, ya que esta “práctica” se la habían adueñado los caciques. Relata que en la época de los sesenta, estos jóvenes se hicieron maestros y son ahora los que pugnan para que Eloxochitlán se llame de Flores Magón.

De 2010 a 2013 se revivió al grupo caciquil y a la cabeza se encontró Manuel Zepeda Cortes y su hija Elisa Zepeda Lagunas, de la mano con Eliazar Hernández, descendiente de ese grupo histórico. Se adueñaron del río y de los recursos pétreos, comenzaron a desviar el cauce del río y una brutal explotación de los recursos naturales, lo que agudizó el conflicto en la comunidad.

Los hechos del 14 de diciembre del 2014

El 24 de noviembre del 2014, un grupo impulsado por los caciques locales desplazó con violencia a integrantes del cabildo indígena que administra el municipio. “Ello fue por no dar cuentas a una auditoría a su administración en años anteriores”, explica Betanzos, defensora de derechos humanos. “Este grupo armado se apoderó del palacio municipal”, añade, pero a pesar de ello la comunidad siguió en actividades con su cabildo indígena, por lo que el 14 de diciembre se dieron cita para llevar a cabo el nombramiento de su nuevo alcalde. “Cuando la asamblea se disponía a realizar el acto tradicional, la asamblea fue balaceada por este grupo de caciques. Algunos heridos de la comunidad fueron certificados por médicos que atestiguan”, señala la abogada.

Integrantes de la asamblea comunitaria, relata Betanzos, lograron capturar con posesión de arma de fuego a Manuel Zepeda Lagunas, el cual fue entregado al ministerio público de Huautla de Jiménez. “Nadie lo secuestró. Afortunadamente existe un informe público firmado por agentes estatales de investigación que asienta que se encontraron a policías municipales llevándose a Manuel Zepeda Lagunas a la agencia del ministerio público”, precisa la defensora mazateca.

Betanzos insiste en que existen inconsistencia en las acusaciones, pues “ese día se entregó a Manuel Zepeda al ministerio público, lo apartaron de la vista de los policías que lo llevaban y no realizaron las diligencias de protocolo. Estos policías de las comunidades con mediana instrucción, algunos con primario, otros si nada, se quedaron esperando la realización de la diligencia, que nunca llegó”.

Lo que sí llegó, expone, fueron policías estatales “que esposaron a los compañeros y lo único que les dijeron fue que en la ciudad de Oaxaca iban a explicar que pasó en el pueblo”. Así detuvieron a unos profesores en Huautla de Jiménez y a otros en distintos lugares.

Aquí es donde comienza la defensa, prosigue en el relato Betanzos. “Para ese momento en la comunidad ya estaba el miedo. No existían hechos comprobados, tampoco los delitos, existían ya inconstancias en los dicho y hecho”, dice. La Procuraduría no pudo obtener imágenes de las supuestas lesiones a Elisa Zepeda, que según ella fue agredida, y no se acreditó en el expediente a pesar que existían muchos peritos. “¿Cómo es posible que no hayan podido capturar una sola imagen?”, se pregunta.

Lo mismo sucedió con las conclusiones de la necropsia, pues “los resultados de las dos son iguales de las de las personas fallecidas con punto y coma, las imágenes carecen de metodología, no tienen ni medida, ni rótulo, no se sabe a qué cuerpo corresponden”, denuncia Betanzos.

La defensa de los acusados quiso interrogar a la perita que realizó la necropsia, pero renunció y hasta la fecha no aparece, y la Procuraduría no da razón de su paradero. “Todas estas irregularidades en el caso hacen pensar de una fabricación de delitos”, añade la defensora mazateca.

La justicia en Oaxaca es de una sola manera, corrupta

Argelia Betanzos asegura: las autoridades de Oaxaca, las secretaríaas de gobierno, el gobernador, sus congresos y su sistema judicial actúan de un sólo modo, se acompañan y se solapan.

En el 2014, el gobierno estatal los criminalizó y les fabricó delitos. Terminando la gubernatura de Gabino Cué Monteagudo, llegÓ la de Alejandro Murat Hinojosa, quien ha llevado el caso entre la omisión y el olvido.

La defensa de los presos desde el inicio tuvo que acudir a los jueces federales, quienes todavía en 2015 y 2016 dictaminaron con mayor libertad. Fueron los jueces federales, expone la defensora de derechos humanos, “los que sentaron las bases de inocencia en los amparos ‘históricos’ 56 y 59 -2015; bases donde dijeron que ningún auto de formal prisión, ni orden de aprehensión, habían en realidad demostrado ni siquiera la sospecha, la probable responsabilidad de que mujeres y hombres fueran autores de algún delito”.

A partir de estos criterios, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca emitió en 2019 varias liberaciones en apelación y clarificando que se basaban en los precedentes federales, sin embargo,“con la llegada de Elisa Zepeda Lagunas a Morena y después a candidata, y después para ocupar una diputación en el Congreso de Local asumiendo la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se bloqueó con ello cualquier acceso al congreso sobre el caso de los presos”.

Lo único que reveló el ingreso de Elisa Zepeda a Morena y a la diputación en el ejercicio de la justicia “fue el conflicto de intereses y el tráfico de influencias en la llamada cuarta transformación, y un largo camino para la libertad de los presos políticos”, expone Betanzos.

En 2018, acudieron al Senado de la República, donde se ponía en marcha un “programa de detección de presos políticos”. Entraron a una lista que fue entregada a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, “el caso fue remitido a una mesa de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia que nos dijeron que fue creada para analizar estos casos, pero ya en la realidad los abogados nos dijeron que ellos tienen otra función y no la de los presos”.

Para la defensora de los derechos humanos era claro que siendo Elisa Zepeda Laguna diputada por Morena en Oaxaca, el proceso ya estaba viciado: “ahora en las oficinas de la Subsecretaria de Alejandro Encinas, no nos atienden, no se trata que nos crean, ni siquiera nos quieren escuchar”, puntualiza.

“Queremos preguntar a los senadores, diputados, funcionarios, abogados, al presidente: ¿dónde quedó la lista de presos políticos? ¿De qué color es su justicia en la 4t?”, cuestiona Betanzos.

Las demandas de las mujeres mazatecas

En este camino, Argelia Betanzos reflexiona que “la libertad de los presos políticos y el regreso de los desplazados de Eloxochitlán de Flores Magón no vendrá de los gobiernos ni de los sistemas judiciales, las 22 sentencias de libertad se las arrancamos a varias instancias y logramos criterios federales que nos declararon inocentes y libres”.

La búsqueda de la justicia mexicana es una interrogante, “jamás se habría detenido a los compañeros, se habría perseguido a pobladores y desplazado a mujeres. Si ella existiera en México, se habría detenido a los que dispararon contra la asamblea, los que se adueñan del territorio, se habría ya liberado a los presos”, remarca la abogada mazateca.

Nuestras demandas, expone, “son la libertad inmediata de los siete presos políticos, porque ya en juicio hay material suficiente para que hoy se decida que sean libres. Exigimos el cese a la persecución de las personas desplazadas, el alto a la fabricación de delitos de la gente que lucha. Nos negamos a ser cooptados por los partidos políticos, exigimos el respeto a nuestra autonomía y la no intromisión de los partidos, y también no oponemos a el saqueo de los recursos humanos y naturales y rechazamos completamente el discurso y el uso de la imagen de Flores Magón que usa el ejecutivo federal, teniendo en sus cárceles a presos políticos”, señala Argelia.

En qué condiciones físicas y psicológicas se encuentran los presos

Los siete presos se contagiaron de COVID-19 en el año 2021, fueron vacunados, pero la pandemia les ocasionó muchos más temores. Argelia Betanzos cuenta que su padre Jaime Betanzos le informaba que las enfermerías estaban llenas y no todos regresaban a sus celdas en tiempos de las olas de COVID-19, así como que actualmente dos de ellos tienen afectaciones en las vías respiratorias

Luisa Alvares, esposa de Francisco Durán Ortiz, quien se encuentra en el penal de Cuicatlán, menciona que su esposo “tiene dolor de cintura y siente que se ahoga, malestar de garganta, y muchas dolencias físicas por los golpes recibidos”.

“Hacemos un llamado a toda persona que incluso trabaja en el gobierno federal, porque quizá desde esos lugares temporales creen que verdaderamente pueden servir, a ustedes les pedimos que levantemos la voz y dentro de sus posibilidades para la libertad inmediata de los presos políticos”, concluye la abogada Argelia Betanzos, mazateca y luchadora social.