Aprobada durante el mandato de Sarkozy, esta ley ha sido un foco permanente de polémica, al capacitar el control y la sanción de ciudadanos por las descargas que realizasen de Internet. La potestad para llevar adelante las sanciones recaía en una comisión externa denominada HADOPI (Alta Autoridad por la Difusión de Obras y las Protección de Derechos en Internet) que incluso podía aplicar sanciones graduales a usuarios que no «vigilasen» el uso por parte de terceros de su conexión. Los «tres avisos» podían llevar a los usuarios a la suspensión definitiva del acceso a Internet y cuantiosas sanciones económicas. Por otra parte, medidas de acompañamiento ampliaban la capacidad de bloqueo a diversas páginas y sus «espejos».
Bajo la denominación formal de Ley promotora de la difusión y la protección de la creación en Internet , esta ley se convirtió en una de las más restrictivas del mundo, sobre todo tras la caída de SOPA y PIPA, proyectos ambos que pretendían limitar las descargas de contenidos con derechos de autoría bajo amenaza de sanción y de paso limitar las libertades ciudadanos en Internet, algo que Berners-Lee, creador de la www, comparaba con las formas de censura de países como China.
El Gobierno francés, presidido por François Hollande, ha decidido entre otras medidas suspender las sanciones más destacadas de esta polémica ley como paso previo a su suspensión final. Así establece una serie de pasos para adaptar la oferta cultural legal para que sea esta la que desaliente la piratería. Entre sus aspiraciones más destacadas, está la de que el vídeo bajo demanda se demore lo mínimo posible tras el estreno en cines.
Asimismo, se derogan las penas de suspensión a la conexión de internet que establecía HADOPI y se reducen significativamente las multas posibles a una «cantidad fija» de 60 euros. Asimismo, se pretende establecer una tasación a teléfonos inteligentes y tabletas como cantidad fija.
Por la vía de los hechos, todas estas medidas significan el fin de la conocida como Ley HADOPI y abren el camino para medidas más razonables. Tan solo nos queda esperar que en esta ocasión puedan atenderse las demandas ciudadanas y se preste atención las voces de quienes realmente conocen la situación por encima del lobby.
El Infome Lescure
Estas medidas previas y el anuncio de las que siguen forman parte de las sugerencias del denominado Informe Lescure, que recoge las conclusiones de una mesa establecida para analizar las consecuencias de la ley anterior y las perspectivas futuras. Presidido por el expresidente de Canal+, Pierre Lescure, esta comisión de estudio es la que ha sugerido las medidas anunciadas. Sin embargo, no son pocas las voces críticas a este informe. Entre las partes más polémicas, se plantea que el intercambio no comercial de obras culturales debe ser «legalizado». Esto coloca una oscura sombra sobre licencias como las Creative Commons, que podrían intentar tasar.
La sombra de SOPA y PIPA también aparece en ciertos párrafos de este informe en aspectos como la elaboración de «listas negras» en un contexto extrajudicial. Asimismo se sigue manteniendoabierta la puerta al bloqueo de páginas web, por el que aboga, banalizando las posibilidades de limitar la libertad de expresión que esto significa.
Por otra parte, la imposición propuesta a dispositivos móviles, no deja de ser cuestionable en tanto que no enfoca la ubicación real de los problemas que aduce la producción cultural y desvía un dinero recaudado hacia unos «gestores» de derechos que no parecen ser la solución.
Todas estas sombras parecen hoy, con los titulares gruesos del «fin de HADOPI» quedar en segundo plano. Sin embargo, el activismo pro derechos y libertades en la red ha seguido muy de cerca estas conclusiones y adelanta que el anuncio de estas medidas no deja de tener un gran efecto cosmético. Si bien eliminan los aspectos más polémicos de la anterior legislación no encaran correctamente la raíz del asunto.
El debate acerca de la forma de actuar vuelve a abrirse en España. Leyes como la Sinde-Wert, o la más reciente Ley Lassalle que fijan unos términos no muy distantes de Hadopi, vuelven a quedar en entredicho, no solo por ineficaces sino por el lamentable espectáculo de persecución ciudadana al servicio de la industria del entretenimiento.
Por mucho empeño que ponga el medio, cualquier ciudadano es capaz de ver la desproporción que significa tratarlo como un «delincuente» por querer disfrutar de contenidos digitales en el soporte y momento que le parezca más adecuado. Quizás cuando una oferta comercial sea capaz de ofrecer algo tan sencillo como eso, la «piratería» deje de tener sentido.
