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Denunciamos internacionalmente la invisibilización que está teniendo la huelga de hambre de quince presos políticos mapuche desde las cárceles del estado chileno en Temuco y Concepción, de los cuales cuatro llevan 87 días, y los otros once comuneros 59 días.

Mientras el estado de salud de los presos políticos mapuche de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) es cada vez más crítico, el silencio del gobierno de Gabriel Boric es más rotundo, el cual sólo es interrumpido con la represión que viven a diario familiares, el entorno de los comuneros mapuche, y la que reciben los mismos presos al interior de los centros penitenciarios. Un claro ejemplo del actuar del gobierno sucedió la semana pasada cuando familiares de los presos viajaron a Santiago a reunirse en el Ministerio de Justicia, encuentro que se vio frustrado ya que fueron duramente reprimidos por fuerzas policiales, que impidieron que la cita se concretara. Se efectuaron detenciones que posteriormente fueron calificadas como ilegales por los propios tribunales de justicia.

Huelga de hambre y sus demandas

El 13 de noviembre de 2023 iniciaron la huelga de hambre cuatro presos políticos recluidos en el penal de Concepción: Ernesto Llaitul, Ricardo Delgado, Nicolás Villouta y Esteban Henríquez, quienes fueron condenados a 15 años de cárcel por ataques incendiarios a camiones de empresas forestales, a pesar de la inexistencia de elementos probatorios en un proceso judicial lleno de vicios y carente de garantías procesales. Un mes después, se adhirieron a esta acción 11 comuneros mapuche desde las cárceles de Temuco y Concepción, entre los que se encuentra Héctor Llaitul Carrillanca, vocero histórico de la CAM. Los otros presos en huelga de hambre son: Daniel Canio, Pelentaro Llaitul, Juan Carlos Mardones, Jorge Caniupil, Luis Menares Chanilao, Bastian Llaitul, Oscar Cañupan, Roberto Garling, José Lienqueo y Axel Campos.

Esta invisibilización pone en riesgo la salud de los 15 comuneros mapuche, quienes llevan a cabo esta acción hasta las últimas consecuencias. Actualmente, la situación es muy grave: los presos han perdido una media de 20 kilos, sufriendo desmayos y descompensaciones, resaltando unos casos de salud más complejos.

Esteban Henríquez se encuentra ingresado hace dos semanas en el hospital regional de Concepción en una situación que describen los médicos de “alta probabilidad de que sufra una descompensación grave, un deterioro a múltiples órganos y falla multiorgánica secundaria, que podría conducir a su fallecimiento”. Este fin de semana, Ernesto Llaitul fue ingresado en el mismo lugar por arritmia cardíaca severa, y Ricardo Delgado ayer fue derivado a ese hospital debido a su estado grave y consecutivas descompensaciones. Por otro lado, Pelentaro Llaitul desde el fin de semana ha sufrido descompensaciones, pero no ha sido ingresado: es llevado a diario al hospital y devuelto a la cárcel por criterio de Gendarmería.

La situación es muy grave: los presos han perdido una media de 20 kilos, sufriendo desmayos y descompensaciones, resaltando unos casos de salud más complejos

Las demandas de los comuneros son claras y legítimas. En primer lugar, el sentido de esta acción es de protesta contra la condena que ha puesto fin a un juicio político, viciado en sus garantías procesales y penales, que ha condenado a cuatro comuneros mapuche de la CAM a quince años de cárcel. Juicio y condena ejemplar, racista, discriminatoria y de intolerancia en contra del pueblo Mapuche y de quienes llevan a cabo acciones de recuperación territorial. Quince años de cárcel en un juicio donde no se cumplieron con los estándares mínimos de la prueba para condenar y que puede marcar precedente tanto en personas mapuche y no mapuche respecto a la persecución y condenas políticas. Este viernes 9 de febrero, se conocerá el fallo de la Corte de Apelaciones que se pronunciará sobre la nulidad del juicio así como de un segundo recurso presentado solicitando la nulidad de la sentencia.

Por otro lado, esta huelga de hambre denuncia una política de castigo especial contra los comuneros mapuche, sus familias y comunidades, efectuada por Gendarmería de Chile y mandatada por el Ministerio de Justicia. Dentro de esta táctica está el incumplimiento del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, que establece que, aún cumpliendo pena de cárcel, se deben respetar los derechos, tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, ya que no por estar privados de libertad pierden la condición de miembro de pueblo indígena. A los comuneros se les niega un espacio específico, un módulo propio dentro del Centro Penal Bío Bío, cárcel de Concepción, para ejercer su cultura, conversar, sentir y pensar, desarrollar su cosmogonía con los mínimos elementos y con trato digno a sus familiares y comunidad. Sumado a este incumplimiento, hay una grave violación de los derechos humanos, la que incluso se ha expresado en la misma huelga de hambre al no facilitar médicos que monitoreen el estado de salud de los comuneros.

Finalmente, se exige la libertad inmediata de Daniel Canio Tralcal, preso político de la CAM que debería estar en libertad y sigue en la cárcel de Temuco.

Chile y la prisión política

Con el Gobierno de Gabriel Boric se ha registrado una clara negación y retroceso de los derechos fundamentales de los presos mapuche en la cárcel de alta seguridad de Bío Bío, y una persecución en general contra quienes defienden y reclaman el territorio: la mal llamada “Macro zona sur” lleva en un estado de excepción desde que asumió la presidencia.

Los mismos comuneros piden que se tenga en cuenta su condición de presos políticos, toda vez que sus causas tienen relación con el conflicto histórico que existe entre el pueblo nación mapuche, el Estado de Chile y la lucha que se lleva a cabo contra el extractivismo -principalmente forestal-, que depreda Wallmapu.

Bajo el discurso de la Seguridad Nacional, el estado persigue y encarcela a un supuesto enemigo interno con políticas racistas e inquisitorias

Así, señalamos como agentes de persecución al gobierno de Gabriel Boric y la casta política que dirige la administración, al estado empresarial y las empresas extractivistas forestales, quienes bajo lógicas coloniales y capitalistas, usurpan territorios ancestrales, destruyen la naturaleza y persiguen a quienes la defienden. Bajo el discurso de la Seguridad Nacional, el estado persigue y encarcela a este supuesto enemigo interno con políticas racistas e inquisitorias. Actualmente hay 70 presos políticos mapuche en las cárceles del estado chileno. La prisión política en Chile existe, a pesar de la insistencia de negarla por parte del poder.

Hacemos un llamado a romper el cerco mediático, denunciar y visibilizar que en Chile se persigue y encarcela al pueblo mapuche defensor del territorio. Apoyamos a los presos políticos en huelga de hambre y trasladamos la responsabilidad política de lo que pueda ocurrir con sus vidas al estado empresarial chileno.

Este material se comparte con autorización de El Salto