Están por cumplirse cuatro meses desde la crisis humanitaria suscitada por la erupción del Volcán de Fuego, aquel fatídico domingo 3 de junio. La erupción dejó a un millón y medio de personas afectadas, casi tres mil desaparecidas y a muchas otras desplazadas de sus hogares. En la zona cero, el lugar que quedo completamente devastado por el volcán, los trabajos de rescate fuero cesando, casi al mínimo, casi a la nada.

Los damnificados quedaron en la soledad intentando despertar de la pesadilla de la tragedia, de la pérdida total, de tener una familia numerosa a no tenerla, de saber que sus vecinos y los vecinos de los vecinos ya no están. Quienes sobrevivieron lo perdieron todo. De no ser por la solidaridad y la ayuda humanitaria de la gente, no tendrían lo mínimo para sobrevivir en los albergues, los lugares alternativos o fuera de estos.

El gobierno sigue estando ausente, poco le importó la tragedia y el dolor. Todos los esfuerzos de la presidencia y de los ministros se centraron y se siguen centrando en atacar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y en expulsar del país a Iván Velásquez, a quien le declararon la guerra. A tal punto que rompieron con la democracia y dieron un golpe de estado técnico, como a Lula en Brasil, o a Mel Zelaya en Honduras.

Las medidas de seguridad y la atención a damnificados no formaron parte de la agenda del Estado. La impunidad y la corrupción, sí.

En comunidades como San Miguel Los Lotes, se estima más de 2 mil 900 personas soterradas por la capa de flujos piroclásticos y lahares que se abalanzó por las laderas del Volcán de Fuego a unos 70 kilómetros por hora. 300 grados de destrucción natural.

Los daños materiales son aún incalculables. Miles de personas perdieron viviendas, cultivos, animales y tierra. En resumen, varios poblados quedaron borrados de la topografía del departamento de Escuintla.

Las alertas no se activaron. Ese 3 de junio, en los primeros momentos de la erupción, cuando aún era posible atender la tragedia, el gobierno les dio la espalda a los pobladores. Los testimonios de quienes sobrevivieron señalan que las autoridades hicieron nada por rescatarlos. Solamente fue evacuado un grupo pequeño de personas que vacacionaban en un exclusivo parque de golf.
Desde ese día, los familiares pelearon permanentemente con el gobierno, por haberles negado cualquier ayuda para rescatar a sus familiares soterrados. En algunos momentos la tensión subió a tal grado que tuvieron que bloquear la carretera para presionar al Estado y arrancarles uno que otro permiso para permanecer en la zona cero, la zona devastada.
El único interés del gobierno, fue el de reconstruir la carretera nacional “14”. Para hacerlo, pasó por encima de los restos de cientos de personas soterradas, lo hicieron sin el consentimiento de las familias. Los restos humanos removidos por la maquinaria estatal, fueron escondidos en bolsas de basura y tirados a la orilla del río, esperando que la corriente se los llevara y que nadie más los encontrara.
Poco duró la reconstrucción de la RN14. Las lluvias y la permanente erupción del volcán de Fuego se encargaron de destruirla de nuevo. Vestido de uniforme militar, Jimmy Morales visitó una finca de Escuintla donde el Ejército, con la ayuda de la milicia estadounidense, construyó un albergue que asemeja a las aldeas modelos, aquellos campos de concentración para pobladores que sufrieron la política de tierra arrasada durante la guerra.
De ese tira y encoge en que las familias obtuvieron permisos, reclamando y exigiendo junto a los voluntarios, cuerpos de socorro y el colectivo Antigua al Rescate, se logró rescatar, percance tras percance, removiendo escombros, 175 cuerpos hasta la primera semana de septiembre. El día 13 de ese mes, suspendieron en definitiva los trabajos. ¿Qué sucederá con los miles de cuerpos soterrados?

La ayuda humanitaria llegó de bolsa en bolsa, a picopadas, camionadas, que la gente organizó en solidaridad. Para entregarla tuvieron que romper los cercos oficiales, los cuerpos de socorro no se dieron abasto con el trabajo de rescate. Durante la erupción perdieron la vida dos bomberos de Alotenango. Nunca los encontraron.

Mientras esto ocurría, los recursos económicos estatales no llegaron para atender esta tragedia. Desde la presidencia se intentó politizar la ayuda, la cancillería bloqueo la ayuda internacional, se militarizó los centros de acopio y los albergues. En medio de la tragedia, el Congreso de la República quiso justificar más endeudamiento económico, con la excusa de tratarse de “fondos urgentes para atender la tragedia”.

Fueron las propias familias quienes consiguieron dinero para alquilar la maquinaria. También gestionaron fondos particulares o la ayuda a través de donaciones, para remover el material volcánico, los escombros aún calientes, comprar palas, guantes, cajas, y rescatar docenas de cuerpos. Nada ni nadie los detuvo, todo lo hicieron de manera autónoma y autogestionada.

Finalmente, la erupción del volcán se borró por completo, a excepción de quienes continúan insistiendo en honrar la memoria de todas las víctimas, en darles sepultura digna, quienes sobreviven en los albergues y quienes insisten en denunciar la impunidad de todo lo ocurrido.
La zona cero fue declarada inhabitable y por la cantidad de cuerpos soterrados, nadie más podrá entrar.

Este podría ser el preámbulo del olvido.