Estado español. El actual gobierno totalitario del Partido Popular, sordo e intransigente con la oposición, dio un importante paso más en el proceso de conversión del Estado social en un Estado militar, penal y policial: institucionalizó el estado de excepción permanente mediante una legislación punitiva de carácter administrativo, destinada a sancionar y tratar de erradicar la protesta social provocada por la devaluación y suspensión de derechos y libertades fundamentales contempladas en el ordenamiento constitucional español.

El viernes 29 de noviembre se celebraron dos acontecimientos importantes relacionados con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. El primero, su aprobación en el Congreso de Madrid, y el segundo, las Jornadas sobre Criminalización de la Protesta Social y Estrategias de Resistencia Ciudadana en Sevilla, organizadas por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) -ante la constatación de que “durante los años 2011 y 2012, los informes de la CPDT han visibilizado un aumento importante en el número de denuncias cuyo origen se enmarca en la represión de las protestas sociales. De las 851 personas agredidas durante 2012, 591 personas lo fueron durante o después de participar en las protestas sociales, lo que supone un 69 por ciento del total de personas agredidas que presentan dichos informes”.

Asistimos a los efectos de dos demoledores años de gobierno por un partido único (el Partido Popular) que, al igual que otros partidos totalitarios en la trágica y aún reciente historia europea, también es apoyado por una mayoría de la ciudadanía, suficiente para -por fin- tratar de imponernos su proyecto autoritario y poder actuar sin tener que disfrazar su dictadura con adornos democráticos.

Ahora la derecha ya tiene en sus manos toda la maquinaria del Estado, y su colaboración imprescindible para someter toda relación social a la lógica del mercado, del capital, de un mercado que, no nos olvidemos, tiene su motor de funcionamiento en la lógica de la guerra permanente. Este proyecto, ya en fase de aplicación, se concreta en un cúmulo de medidas rápidas que buscan inhabilitar, mediante la amenaza punitiva de la reclusión durante el mayor tiempo posible, a quienes se atrevan a protestar ante las reformas políticas, laborales y sociales que están convirtiendo a las clases trabajadoras en infra-clases condenadas a la depauperación y la miseria.

Ahora que no tienen la disculpa de la “violencia armada” para ejercer la represión y catalogar de terroristas a quienes critican y protestan frente a sus imposiciones totalitarias, con la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Corcuera en la mano como referencia, promulgada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el año 1991, el actual gobierno totalitario de partido único, sordo e intransigente con la oposición, dio un importante paso más en el proceso de conversión del Estado social en un Estado militar, penal y policial, institucionalizado el estado de excepción permanente mediante una legislación punitiva de carácter administrativo, destinada ex-profeso a sancionar y tratar de erradicar la protesta social provocada por la devaluación y suspensión de derechos y libertades fundamentales contempladas en el ordenamiento constitucional español.

Esta legislación punitiva administrativa se suma a las nuevas contrarreformas penales que nos recuerdan a las de la época de José María Aznar, que consisten en alargar las penas para todo tipo de delitos. Esto no pretende ni consigue reducirlos o eliminarlos, sino que responde a intereses políticos y económicos ajenos a la prevención y lucha contra el delito y las diversas formas de violencia en la sociedad.

El potencial sancionador de esta ley contempla penas económicas desproporcionadas por manifestarse pacíficamente ante responsables financieros y políticos y ante instituciones del Estado, por presuntamente “insultar” a un funcionario policial, o por grabar los abusos y brutalidad policial en manifestaciones de protesta que se ensañan con obreras en proceso de despido, personas desahuciadas, jóvenes sin expectativas de futuro, etcétera. De estos sectores que protestan por luchar por el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación o a la vivienda, obtendrá el Estado un potencial recaudador para engrosar sus arcas y así poder seguir financiando a los bancos y a la industria militar.

Mediante esta legislación de excepción, reforzarán la impunidad y la brutalidad policial que ya le costó duras críticas al gobierno español por parte del Consejo de Europa. Además amplían el etiquetamiento, criminalizando cualquier forma de resistencia, incluso la resistencia pasiva, estigmatizando a otros sujetos sociales como enemigos de la seguridad mediante términos tales como “guerrilla urbana”, “violencia anti-sistema”, etcétera. Cuando quieran, no les hará falta más que ordenar a la policía que se infiltre o presione encendiendo los ánimos (para lo cual está muy bien adiestrada), y lo puede hacer en cualquier tipo de movilización o concentración, para así poder sancionar o encarcelar arbitrariamente a quienes quieran acusar de “ejercer la violencia”, incluso a quienes sin necesidad de estar presentes hayan convocado las acciones en las que se produzca el altercado.

El objetivo es muy claro: pretenden aterrorizar a la población en general y a la juventud en particular para que, además de condenarnos al recorte y/o privación del efectivo ejercicio de nuestros derechos fundamentales, también se nos condene a la privación del derecho a reivindicar nuestros derechos (huelga, expresión, manifestación, reunión, etcétera). Los asesores les han aconsejado que lo hagan. Saben que estas medidas servirán para crear un clima de violencia, conflicto y desorden social y, ante los aplausos de sus televidentes, buscan achacar a quienes se atreven a protestar, la responsabilidad de los problemas que crearon sus políticas de Estado subsidiarias a la iniciativa del capital.

No es casual que en situaciones de devaluación de los derechos y de las políticas sociales, se recurra a intensificar la represión y las políticas criminales. El Estado es una maquinaria de violencia, no nos olvidemos. Los recortes en materias que afectan a seguridad social de la ciudadanía (trabajo, educación, sanidad, etcétera) no afectan a materias relacionadas con la seguridad del estado (gasto militar, policial, penal, etcétera).

Las clases dominantes capturaron y secuestraron al Estado para privatizarlo, y sepultaron por fin la democracia mediante el asesinato de la soberanía popular, principio básico de la misma, desplazando la toma de decisiones a élites de poder económico supra-estatales. Esto convierte al Estado en un ente meramente administrativo, que recauda y utiliza nuestro dinero para financiar sus empresas desplazadas a otros países y para financiar nuestra ruina.

Contra este proyecto totalitario podemos unirnos y lanzar nuestra ofensiva. Es el momento de resistir y, al parecer, vamos por buen camino, porque si no, ni se preocuparían en armarse penal y policialmente contra la insurgencia de unas mayorías ciudadanas -hartas de unas clases políticas al servicio de intereses particulares que han secuestrado y asesinado los derechos y libertades públicas. Ahora es tiempo de actuar sin que sepan cómo y, con imaginación y eficacia, aplicar nuevas estrategias de respuesta. Así conseguimos en su momento conquistar los derechos democráticos y así luchamos ahora para que no nos los arrebaten.