Chilpancingo, Guerrero.- La Cruzada Nacional Contra el Hambre es la estrategia del Sistema Nacional Contra el Hambre (SinHambre), uno de los programas asistenciales más impulsados por el gobierno federal encabezado por el priista Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el portal oficial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sus dos principales objetivos son erradicar el hambre y la desnutrición infantil. No obstante, diversas voces han manifestado su inconformidad respecto de las políticas que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y otras dependencias operan en las comunidades marginadas.

Guerrero se ha caracterizado históricamente por sus altos índices de marginación y pobreza extrema. Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2010, Guerrero ocupaba el primer lugar a nivel nacional en el índice de marginación. Por ello, dos de sus localidades fueron elegidas para instalar el programa piloto de la Cruzada Contra el Hambre: el municipio de Mártir de Cuilapan y la colonia Simón Bolívar, en el puerto de Acapulco.

Durante la administración del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Armando Ríos Piter, creó el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) como un primer acercamiento al combate de la pobreza alimentaria. Guerrero, sin embargo, no dejó de ocupar los primeros lugares en índices de marginación.

De acuerdo con un estudio realizado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y el Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, en las regiones Montaña y costa Chica de Guerrero, en donde se concentran los índices de marginación, 9 de cada 10 niños menores de 5 años tienen desnutrición por falta de estatura y 7 de cada 10, por falta de peso.

Se instalan los Comedores Comunitarios y, con ellos, las irregularidades

Benignio García, comisario de la comunidad “El Tejocote”, ubicada en el municipio de Malinaltepec, Guerrero, cuenta que después de las lluvias registradas en septiembre del 2013 la población se organizó y comenzó a luchar para ser escuchados y apoyados por el gobierno: “Hace dos años nos organizamos con otras siete comunidades. Este comedor se dio a través de la lucha”. Agrega que su comunidad y otras más fueron prioridad para el programa porque “tenían muertos por las lluvias”.
En Guerrero, la Cruzada Nacional Contra el Hambre tiene presencia a través de comedores comunitarios en 77 municipios. Según un informe de la Delegación en Guerrero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Cruzada Contra el Hambre tuvo una inversión global de 1 mil 469 millones de pesos en la entidad.

Para Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la Cruzada Contra el Hambre tiene intereses políticos y mediáticos: “Esta Cruzada tiene un impacto mediático, al dar la apariencia de que se está atendiendo el problema de la pobreza, miseria, desempleo y falta de oportunidades que se tiene en la montaña, y que se traduce en que existan niveles de desnutrición muy altos”.

Las inconformidades de las voluntarias

La comunidad de “El Tejocote”, municipio de Malinaltepec, cuenta con apenas 1 mil 39 habitantes. De éstos, 945 hablan Tlapaneco, su lengua originaria. Se encuentra ubicada a cinco horas y media de Chilpancingo, capital del estado. “El Tejocote” es una de las comunidades en donde se instalaron comedores comunitarios después de las lluvias ocasionadas por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”.

Una casa de adobe con techo de lámina galvanizada, cuarteaduras en las paredes y apenas dos cuartos es el comedor comunitario del “Tejocote”. El traspatio alberga un corral en condiciones insalubres. Las mujeres encargadas del comedor, identifican de inmediato tres irregularidades: el desabasto de alimentos, el tipo de productos que les llega y la falta de apoyos hacia ellas y a la comunidad.

En una primera etapa, el abasto de alimentos era de forma regular, pero en abril pasado, dos meses antes de las elecciones, comenzaron a escasear los productos, supuestamente por un decreto de la Secretaría de Salud federal para el combate de la obesidad y el sobrepeso. “Nos dijeron que en un pueblo de Oaxaca se enfermaron unos niños con azúcar, y que por eso comenzaron a bajar lo que es azúcar, leche, galleta, aceite. Así nos informaron aquí”, narra una de las voluntarias, con preocupación. Sin embargo, a los promotores comunitarios no se les notificó oficialmente de la disminución de productos.

Las voluntarias aseguran que el alimento que les llega no se consume entre la población porque no están acostumbrados a ingerir productos como huevo en polvo, “chilorio” o puré de jitomate. Denuncian que, en ocasiones, los productos que les mandan ya están caducados y que a los niños no les gusta la comida enlatada. En el mismo sentido se pronuncia Manuel Olivares, quien asevera que los habitantes de las comunidades indígenas no están acostumbrados a consumir ese tipo de alimentos; por eso no las aceptan.

Una de las mujeres agrega que los propios militares les dijeron que el alimento los perjudicaría: “Los militares dijeron que la mercancía que nos mandaban nos va a afectar mucho y que los niños se iban a enfermar”. La advertencia se cumplió. Una mujer dice que su hijo pequeño comenzó a tener manchas en la cara después de consumir diariamente los productos del comedor comunitario. Igualmente, adultos mayores tuvieron malestares como diarrea y vómito, síntomas que desaparecieron una vez que dejaron de ingerir el alimento.

Las mujeres denuncian, asimismo, que hasta la fecha no han recibido ningún apoyo por la labor que realizan, no obstante que la promotora del comedor se los garantizó. La comunidad tampoco ha tenido beneficio de obra pública, lo que se les prometió cuando se instaló el comedor.

Manuel Olivares asegura que no existe transparencia ni equidad en la operación de estos programas: “Este tipo de programas sirve primero para dividir a la gente ya que no se aplica en todas las comunidades, además de que los criterios que se aplican no son claros ni hay transparencia en el uso de los recursos”.

Denuncian militarización detrás de la Cruzada Contra el Hambre

La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) es la encargada de asistir a las comunidades que contarán con comedores comunitarios. Una vez en el lugar, tienen una semana para capacitar a las personas que serán voluntarias en la elaboración de la comida.

Para el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, la presencia de militares en las comunidades es preocupante: “Con el pretexto de capacitar en la preparación de los alimentos a las mujeres, los militares han ido penetrando [en las comunidades] y han permanecido más tiempo del previsto en los lugares que para el Estado mexicano son estratégicos por la organización de la gente y por las muestras de inconformidad que existen frente al sistema y al modelo económico que no ha resuelto ni garantizado las necesidades de las comunidades indígenas”.

Debido a que en Guerrero continuamente se viven movimientos sociales, la presencia militar ha sido constante en territorios estratégicos, tal como ocurrió en la década de 1970, cuando la persecución de luchadores sociales y miembros de la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas estuvo liderada por el Ejército Mexicano. Desde entonces, se habla de una militarización en zonas de la Montaña y Sierra.

Manuel Olivares advierte que existen intereses políticos y económicos por parte del gobierno federal para que el Ejército Mexicano permanezca en las comunidades: “En el territorio indígena hay concesiones mineras y la gente se organiza, protesta y rechaza la ejecución de esas concesiones. Al gobierno federal le interesa que el ejército permanezca en las comunidades porque le sirve para hacer un diagnóstico, para que la gente se acostumbre a ver y convivir con los militares y, al mismo tiempo, éstos obtienen información de las formas de vida y de pensar de los pobladores”.

Amenazan a los “beneficiarios” con retirar cualquier apoyo si el comedor se va

Las problemáticas en los comedores son diversas: de los 120 “beneficiarios”, sólo 90 van por comida; los productos son escasos y en algunos casos están caducos; las instalaciones no son dignas para la preparación y el consumo de alimentos; ni las voluntarias ni la comunidad han recibido el apoyo prometido. Aunado a ello, los pobladores son amenazados con quitarles cualquier apoyo de programas sociales, en caso de que el comedor comunitario desaparezca.

El comisario de una comunidad cercana se opuso a la realización de esta investigación en el territorio que le compete, debido a que “funcionarios” les han amenazado con quitarles proyectos y otros beneficios que otorga la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Una de las mujeres voluntarias entrevistadas advirtió: “Nos dijeron que si el comedor se va, no va a haber nada de apoyo aquí en Tejocote. No sé si es amenaza o será cierto; eso no lo sabemos”.

La falta de coordinación entre las dependencias que integran el programa federal “Sin Hambre”, los casos de corrupción en los que se ha visto inmiscuida la ex titular de la SEDESOL, Rosario Robles Berlanga, y los intereses económico-políticos que estarían detrás de la Cruzada, reflejan la situación actual de los comedores comunitarios como el de “El Tejocote”. Ahí, cada vez que un niño solicita comida y las mujeres voluntarias se lamentan pues no han llegado los alimentos completos, el hambre sigue apareciéndose.