Sonora, México y Arizona, Estados Unidos. Alberto Laborin Villa llegó a México con lo único que tenía: un par de pantalones y una camisa gris. Sus bolsillos estaban vacíos: sin dinero y sin identificaciones. Tampoco tenía números telefónicos, porque su teléfono se encontraba en casa, en Pasco, Washington. Alberto estaba en Nogales, Sonora y su hogar se encontraba tan lejos como podría estarlo esa noche, su primera noche después de haber sido deportado.

Pronto estaría durmiendo en uno de los tres albergues para migrantes en Nogales. El albergue San Juan Bosco se encontraba al límite de su capacidad, 100 personas –una cosa fácil teniendo en cuenta los recientes récords registrados de los Estados Unidos en tendencias de la ley de inmigración. El hedor a ropa cubierta con una costra de sudor y la suciedad llenaban el dormitorio de los hombres. Muchos en el albergue han sido recientemente recogidos por la Patrulla Fronteriza (BP, por sus siglas en inglés) en la profundidad del desierto de Sonora, desierto en el cual la BP encontró 192 cuerpos de migrantes en 2011. Otros, cómo Alberto, han sido arrancados de vidas bien establecidas y abandonados en un país tan extraño para ellos cómo lo es para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses.

«Yo tenía la cartera, la otra chamarra y un teléfono celular y ellos no me lo dieron. Así que ya no los tengo conmigo en este momento», dijo en inglés Alberto. «Ellos», en este caso, son los agentes de la policía de Washington que lo arrestaron y lo entregaron al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de que fuera detenido sin una licencia válida. ICE es la agencia federal responsable del control migratorio interno. Ese arresto había ocurrido varias semanas antes de finales de enero de 2012, y su familia no ha tenido noticias de él desde entonces. Lo único que saben es que Alberto simplemente ha desaparecido. «Yo no tengo manera de llamar (a mi familia) en este momento, para hacerles saber que estoy aquí en México”.

Eventualmente él pudo comunicarse con su familia (1) y le dijeron que siguiera hacia el sur, a Hermosillo, la capital del estado de Sonora, una ciudad más grande donde tenía parientes que no ha visto en más de una década. Allí es donde se encuentra hoy, a más de mil 500 kilómetros de distancia de Pasco, en la híper -resguardada frontera de México y la ley migratoria de Estados Unidos cada vez más punitiva, separándolo de su hogar y su familia. «Apenas puedo recordar a mi abuela», dijo Alberto en la sencilla capilla del albergue. «Fue hace mucho tiempo… no he estado aquí en diez años». Al igual que un creciente número de deportados, Alberto, de 22 años de edad, ha pasado gran parte de su vida en los Estados Unidos. «He estado viviendo en los Estados Unidos durante diez años. Yo me crié allí».

Cuando Alberto tenía 13 años, llegó al estado de Washington, donde asistió a la escuela secundaria y obtuvo un título de preparatoria. Iba manejando hacia su trabajo cuando fue arrestado. Su madre y su hermana menor están allí. Él habla inglés con fluidez, con un acento del noroeste.

No dudaría ni un segundo si le preguntan dónde está su casa: en Pasco.

“Ellos no piensan en que están separando una familia. Usted sabe, yo he estado con mi mamá todo el tiempo, desde que tengo memoria», dijo Alberto. «Y ahora, separaron a nuestra familia. Se está destruyendo, sabes. Quiero decir, yo no cometí ningún delito grave. Sólo fue conducir con una licencia suspendida. No es gran cosa». De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración de México (INM), Alberto es sólo uno de los 5 mil 583 ciudadanos mexicanos deportados a Nogales, en febrero de 2012. Hubo 3 mil 970 repatriaciones en el mes anterior. De 405 mil 455 deportaciones en toda la frontera en 2011, Nogales recibió 54 mil 977, lo cual colcoa a este estado en el cuarto sitio de repatriación más grande en la frontera, y lo llena de historias en las que destacan las consecuencias humanas de una de las políticas más extremas y de gran alcance de Estados Unidos. De hecho, con más de un millón de deportaciones bajo la administración de Obama, y contando, el trauma, los trastornos, la desorientación y la tragedia de la experiencia de la deportación han alcanzado niveles récord en ambos lados de la frontera.

Una vez deportados, los migrantes se enfrentan a numerosos retos y decisiones difíciles. Decenas de miles son deportados sin una identificación mexicana. Muchos no tienen teléfonos celulares, por lo que no puede llamar a sus familias para planificar sus próximos pasos. Algunos tienen hijos en los Estados Unidos y nadie que cuide de ellos. La mayoría tiene poco o ningún conocimiento de su lugar de repatriación. Muchos de ellos tienen poco nada de dinero. Algunos han sido separados de sus cónyuges durante su detención y no tienen idea de dónde está su pareja, a dónde van a ser deportados y cuándo eso va a suceder. Algunos son deportados con heridas graves e insuficientemente atendidas o con enfermedades. Los criminales se aprovechan de los demás.

Como uno de los principales investigadores de la Universidad de la Encuesta de Fronteras Migrantes de Arizona Crossing, uno de los más grandes centros de estudios cuantitativos de las experiencias de migración y deportación en la frontera México-Estados Unidos, Jeremy Slack(2), ha hablado con cientos de deportados en los lugares de repatriación a través de la frontera. Pocos investigadores han dedicado tanto tiempo como lo ha hecho él, siendo testigo de las consecuencias cada vez más punitivas de las políticas de deportación e inmigración en Estados Unidos.

«Generalmente, las personas son solamente llevadas a la frontera y abandonadas allí. Pueden llevar consigo, o no, algunas de sus pertenencias, dinero, algún tipo de identificación. Creo que únicamente alrededor de la mitad de las personas con que hemos hablado tienen una identificación», asegura. «Este es un punto muy importante porque sin identificaicón usted no puede obtener una transferencia de dinero, no puede conseguir un trabajo, por lo menos no un empleo formal en la frontera. Ha habido un gran número de casos, sobre todo en Tijuana, donde las fuerzas policiacas acosan, extorsionan e incluso secuestran a personas que no tienen identificación».

De acuerdo con Jeremy, esto va de la mano con las cada vez más punitivas tendencias de detención «basadas en las consecuencias», que se ven en la aplicación de la política de inmigración actual.

«Van a lograr hacer de esto una experiencia general y miserable que nadie quisiera volver a tener, para que los migrantes no regresen. El problema con esa manera de pensar son las personas que tienen familia y niños en Estados Unidos y que consideran que su hogar se encuentra en este país, pues terminarán volviendo a él. En realidad no importa que tan mal los hagan pasarla, eventualmente volverán a intentarlo. Muchas de las personas primerizas, saben que probablemente no regresarán si los haces pasar una experiencia muy, muy difícil, probablemente no lo volverán a intentar. Pero hay una “dotación” casi infinita de gente que quiere cruzar por primera vez”.

Alberto realmente quería volver a Washington. Pero, debido a las limitadas condiciones humanitarias de albergue y alimentación, Nogales es un lugar donde los deportados como él deben tomar decisiones importantes rápidamente. “¿Intentaré cruzar otra vez? ¿Cómo pagaré por ello si lo hago? ¿Valdrá la pena el año en prisión que el juez dijo que pasaría si me atrapan de nuevo? ¿Y si mejor traigo a mi familia conmigo a México? ¿Vuelvo a mi hogar en México donde la deuda por este viaje fallido me estará esperando? ¿Quién se llevara a mis hijos si yo no logro volver?”

Alberto, quien llegó apenas unas horas antes de que se realizara esta entrevista, ni siquiera se había hecho algunas de las preguntas anteriores. «¿Qué voy a hacer?”, preguntó. “Es demasiado difícil».

En su trabajo en el Centro de Atención a Migrantes Deportados (CAMDEP), un comedor para deportados, conocidos localmente como el comedor, el padre jesuita Ricardo Machuca Hernández ha tenido un asiento de primera fila para el drama humano de deportación desde que comenzó a trabajar allí en octubre pasado.El comedor, uno de los pocos lugares de la ciudad, donde los deportados pueden conseguir comida caliente gratis, es un proyecto de la Iniciativa Frontera Kino, una organización de servicio jesuita binacional. Sin dejar de reconocer la complejidad de la historia de cada una de las personas deportadas, Ricardo divide a los deportados en dos grandes grupos.

En primer lugar están «aquellos que están tratando de cruzar a Estados Unidos, son detenidos por la Patrulla Fronteriza y luego deportados administrativamente. Se los llevan a un centro de detención, o, si es la segunda o tercera vez, posiblemente a la cárcel. Después están ahí por algunos meses o hasta un año y finalmente son deportados.

Los migrantes de la segunda categoría, son migrantes como Alberto, los que a menudo tienen las más desgarradoras historias.

«El otro tipo de deportados son los que tienen familias establecidas en el interior de los Estados Unidos; hay muchos de estos deportados y las cifras han ido creciendo recientemente. Son personas que tienen cinco, 10, 15, 20, 30 años viviendo en Estados Unidos y son deportados. Esto hace que la deportación sea aún más trágica», explica el religioso.

Cifras del Centro Hispánico Pew, un grupo de reflexión de inmigración apartidista, respalda la observación de Ricardo: entre el 2000 y el 2010, el porcentaje de mexicanos repatriados que habían pasado por lo menos un año en los Estados Unidos aumento de cinco a 27 por ciento. Ricardo es contundente acerca de lo que la deportación significa para los migrantes en esta categoría:

«Ellos no tienen algún lugar al cual regresar a México. En la frontera, lo que dicen es: ‘no importa cómo, tengo que estar con mi familia y tengo que regresar a los Estados Unidos. Ahí es donde está mi vida.'»

Salinas, California es sin duda el lugar donde se encuentra la vida de Roberto -así como sus hijos de ocho, seis y tres años de edad. Él había estado viviendo en California durante ocho años, recogiendo brócoli para mantener a su familia, y sólo había vuelto a México para ver a su madre a quién recientemente le diagnosticaron cáncer. Mientras él y su esposa estaban intentando cruzar de nuevo a los Estados Unidos, la BP los detuvo. Roberto fue deportado por medio de una salida voluntaria, gracias a lo cual que no sería acusado del delito grave de reingreso si fuera detenido de nuevo. Pero a su esposa le dieron una deportación expedita (ER, por sus siglas en inglés) y, si fuera detenida, sería acusada de un delito grave y probablemente recibiría una sentencia de prisión. Bajo los términos de una ER, al deportado se le prohíbe entrar en el país durante cinco años. Esto estaba pasando por la mente de Roberto mientras pensaba en cómo él y su esposa iban a volver con sus hijos. «Me preocupa que si la sorprenden de nuevo, algo podría sucederle. La podrían detener por más tiempo. Pero obviamente, mis hijos quieren estar con su madre», dijo. Al igual que muchos padres indocumentados, simplemente no existe un muro lo suficientemente alto o un castigo lo suficientemente grave para mantener separados a Roberto y su esposa de sus hijos.

«No tengo otra opción. Tengo que tomar el riesgo. Si me detienen otra vez, tendré que volver a intentarlo porque no puedo dejar a mis hijos sin padres», dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Voy a hacerlo de nuevo, tantas veces como sea necesario, hasta que pueda estar con ellos».

No es una promesa de Roberto hecha a la ligera, teniendo en cuenta tanto el extremo peligro de cruzar el desierto, como la experiencia que él y su esposa ya habían tenido en un centro de procesamiento de la BP.

Roberto dijo que él y su esposa fueron víctimas de abusos verbales, condiciones de hacinamiento, falta de sueño forzado, y otras humillaciones.

«Lo peor que nos pasó fue el abuso verbal dirigido a nosotros», dijo, «muchos de los agentes nos insultaron en inglés, pensando que no entenderíamos y burlándose de nosotros. Otra cosa es que ponen a más de 100 de nosotros en habitaciones con capacidad para 40, como 110 personas en una habitación. No podíamos respirar, les pedimos a los agentes dejar la puerta abierta y la azotaron en nuestras caras. No pudimos dormir porque éramos tantos que teníamos que permanecer parados. Incluso cuando ibas al baño, había personas sentadas y paradas a tu alrededor».

«Sí, fue una experiencia horrible la que tuvimos con la Patrulla Fronteriza. Pasamos tres días así. Todos los días eran así».

Cuando se le preguntó sobre las condiciones en las instalaciones de procesamiento descritas por Roberto y otros migrantes entrevistados para esta historia, el portavoz del sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza, Mario Escalante, dijo que tales condiciones y comportamientos son contrarias a las normas y valores de la agencia.

«Si el abuso sucede a los inmigrantes, queremos saberlo. Queremos que vengan y nos lo comuniquen. No puedo hacer nada si alguien dice ‘Sabe, yo estuve bajo custodia de la Patrulla Fronteriza hace dos meses y fui maltratado’. Tenemos que saber en el momento en que estos incidentes ocurren, de inmediato».

Cuando se señaló que los migrantes reportan que las condiciones dentro de las instalaciones de procesamiento no son propicias para la información abierta sobre el abuso, Mario pareció reconocer esto en su respuesta.

«Es correcto y es por eso que estoy diciendo que necesitamos saber sobre esto. Les puedo decir desde mi perspectiva personal que le he escrito a varios agentes y he tomado medidas, cuando lo he visto. Si le pasa esto a un extranjero ilegal, quiero que me lo hagan saber”.

Al principio de la entrevista, Mario sugirió una posible explicación para la falta de voluntad de los migrantes de denunciar los abusos. «Gran parte del tiempo y con suficiente razón, algunas de las personas que aprehendemos, se encuentran temerosas. Ellos no saben lo que está sucediendo. Están tratando de obtener una respuesta de dónde se encuentran, de lo que está pasando. Y no se sienten cómodos acercándose a nosotros «dijo.

Mario expuso que las instalaciones de procesamiento de la BP son inspeccionadas regularmente por la Unión Americana de Libertades Civiles y el Consulado Mexicano, que envía a representantes que aseguran «que todo el mundo está siendo tratado bien». Además, la Patrulla Fronteriza mantiene reuniones periódicas con los grupos regionales de defensa de migrantes, tales como No Más Muertes.

“Todas estas cosas se discuten. Escuchamos estos asuntos porque son importantes para nosotros»,dijo, «pero no somos perfectos.» Lo que ocurrió después de sus deportaciones fue lo más difícil para Juana Martínez(3) y Yesenia Rodríguez, no lo que sucedió en la custodia de la Patrulla Fronteriza. Ambas habían cruzado el desierto con sus maridos, fueron detenidas con ellos, cerca de Tucson, aunque en diferentes salas, y luego deportadas sin ellos a Nogales, Sonora. A pesar de las reiteradas llamadas al Consulado de México, Juana no pudo obtener ninguna información sobre dónde estaba su marido, o dónde y cuándo era probable que fuera deportado. El esposo de Yesenia, por otro lado, había terminado a 300 kilómetros de distancia.

«Mira, ¿dónde está mi marido ahora? Está en San Luis Río Colorado», dijo Yesenia. «Yo ni siquiera sé dónde está eso. Él no tiene un peso, no tiene nada de dinero».

Yesenia supo esto tras hablar con su marido por el teléfono celular de un amigo con quien había sido deportada. El amigo había cruzado el desierto con Yesenia y su esposo pudo escribir su número antes de ser capturado. Lo llamó desde un teléfono público poco después de su deportación. Sin ese número, Yesenia pudo nunca haber descubierto dónde estaba su marido. En Nogales, Sonora, un número telefónico puede hacer toda la diferencia para un deportado.

Ambas mujeres habían pedido a los agentes de la BP en el centro de procesamiento que las ayudaran a asegurarse de que fueran deportadas con sus maridos. Ambas fueron rechazadas. Sin negar el testimonio de las mujeres, Mario dijo que la separación familiar durante el proceso de detención y repatriación es extremadamente raro y contrario política de la BP.

De acuerdo con Yesenia, una simpática agente de la BP se había ofrecido a ayudarla a ser deportada junto con su esposo, pero fue un supervisor el que le dijo que no sería posible.

«El joven se volvió enojado y me dijo: ´Hice todo lo que pude, pero .no aceptaron. Pero te vas a ir con tu hermana. Esperemos que envíen a tu marido después de ti ‘”.

Juana pudo ver a su marido a través de un panel de vidrio en el centro de detención cuando salía, pero no pudo hablar con él.

«Yo no habría tenido tanto miedo si hubiera podido hablar con él. Lo tenía cerca, estábamos en el mismo lugar.No estábamos en diferentes estados. Estábamos en el mismo lugar: Tucson. El mismo lugar, tal vez a unos diez metros de distancia, si no menos. Y no nos dejaron hablar; no nos dejaron hacer algún plan».

Experiencias como la de Yesenia y Juana no son accidentes, dijo Jeremy, citando su trabajo para el Estudio de Cruce Fronterizo. «Es deliberado».

«Hay personas que constantemente preguntan, ‘¿Qué le pasó a mi pareja? Algunas personas son enviadas a un programa llamado Operación Streamline, y se quedan siete u ocho horas allí y después pueden ser deportados fuera de plazo o pueden ser enviados a un centro de detención por dos o cuatro meses y la gente no tiene manera de ponerse en contacto con ellos».

Operación Streamline fue programa de proceso continuo durante la era de George Bush, que busca procesar penalmente a todos los que cruzan ilegalmente la frontera. Ha sido criticado por tribunales federales en el suroeste, por los recursos limitados para la investigación y el enjuiciamiento de crímenes más graves que los de reingreso ilegal, ydebido a las audiencias en masa con hasta 80 migrantes que violan los derechos al debido proceso de los migrantes.

El esposo de Yesenia pudo haber terminado en Río Colorado, debido a otro programa de la BP denominado Transferencia de Extranjeros y Programa de Salida (ATEP, por sus siglas en inglés), que trata de perturbar a los “coyotes” mexicanos y a las redes de contrabando deportando a los migrantes muy lejos de donde fueron capturados cruzando.

«Programas como la repatriación lateral, conocida como ATEP son supuestamente sólo para hombres. Pero cuando es sólo para los hombres, sus esposas y familiares son de facto enviados a algún lugar solos», explica Jeremy.

Mario, de la BP, parecía sinceramente preocupado cuando se le habló de los testimonios de Yesenia y Juana, y negó que la separación conyugal fuera un fenómeno frecuente.

«Eso no debería estar ocurriendo. En los 12 años de mi carrera supervisando, nunca he visto una familia separada. Éstos son los tipos de cosas de lass que queremos estar seguros de tener conocimiento, porque no deben suceder. Una familia no debe ser separada. Nosotros no separamos familias, no separamos esposos”.

Silvestre Benjamín, un migrante del estado mexicano de Puebla, trató de cruzar la frontera sin su esposa, para que la separación conyugal no fuera un riesgo que estuviera corriendo. Sin embargo, al igual que Yesenia y Juana, también fue deportado sin algo: la capacidad de caminar.

La mayoría de los migrantes cruzan a los Estados Unidos a través del desierto y las montañas, pero algunos todavía tratan de brincar los masivos muros fronterizos que dividen a muchas ciudades de la frontera. El nuevo muro en Nogales que Silvestre trató de subir mide de 23 a 30 metros de altura y, en la mayoría de los lugares tiene una hoja de cinco pies de metal diseñada para dar “lata” a los escaladores. Silvestre cayó de la parte más alta del lado de Estados Unidos. El impacto le fracturó varias vértebras y se rompió los dos pies. Fue trasladado a un hospital en Tucson, donde, según él, recibió algún tratamiento para la espalda, pero ninguno para sus pies. Fue dado de alta después de cuatro días, traslado a la frontera y deportado con un corsé para la espalda y en silla de ruedas. Cuando fue entrevistado para esta historia llevaba 20 días atrapado en Nogales y estaba postrado en la cama en el albergue San Juan Bosco.

«Yo vengo de Puebla para tratar de cruzar la frontera, para tratar de salir de la pobreza en que estamos ahí. Todo lo que tengo es esto”. dijo señalando sus heridas. «Todo lo que quiero hacer ahora es regresar a casa, con la mitad de salud con la que vine».

Silvestre cree que recibió atención inadecuada debido a la insensibilidad de la BP. «Para ellos lo más importante es, cuando nos caemos, no quieren vernos de nuevo y tratan de sacarnos lo más rápido posible».

Pero también pueden existir consideraciones financieras, dijo Jeremy. «Si la Patrulla Fronteriza te lleva a un hospital, tienen que pagar la factura. Los agentes hacen un montón de cosas para evitar esto, como dejar a la gente sin registrarlos en los hospitales y recogerlos después para hacer que los hospitales paguen en lugar de la Patrulla Fronteriza».

La política de la BP es llevar a todos los migrantes heridos a un centro médico y hacer énfasis en que a ningún trabajador migrante se le niegue el tratamiento médico, señala Mario.

«Lo que hacemos es: vamos a llevar a ese caballero a un centro médico y vamos a ponerlo en manos de los expertos. Van a proporcionarle tratamiento médico hasta que el médico indique que se encuentra en condiciones de viajar. Cuando pueda viajar, lo llevamos al consulado de su nacionalidad y luego el consulado hace los arreglos para que puedan recibir tratamiento médico adicional o hacer algún tipo de acuerdo para que lleguen a casa. «

Es poco probable, sin embargo, que Silvestre hubiera descrito su estado cómo «en condiciones de viajar». «Así es como me dejaron aquí», dijo Silvestre, con su soporte para la espalda en posición vertical en la silla de ruedas cerca de su cama en el albergue San Juan Bosco. «He estado así durante días, en los refugios y en el hospital y no puedo ir a casa porque no tengo forma de llegar allí».

Es duro el desierto en todas las direcciones de Nogales: matorrales escarpadas cubiertas de cactus y ocotillo y los empinados terrenos de las montañas Tumacacoris, Santa Rita y Patagonia. Debido a que el paisaje inhóspito proporciona un grado de cobertura de los agentes del orden, el sector de BP de Tucson, que incluye a Nogales, observa un nivel desproporcionado de migración indocumentada y tráfico de drogas. De hecho, aproximadamente en la mitad de todas las detenciones de migrantes, las incautaciones de marihuana y las muertes de migrantes suceden aquí.

Si se mira al sur de Tucson en un día determinado, se puede estar seguro de que hay cientos de personas en el desierto caminando hacia el norte, soportando y a veces sucumbiendo a toda clase de dificultades. Pero éste es un fenómeno reciente, en gran parte una respuesta al aumento de leyes de inmigración y vigilancia en la frontera en los sitios urbanos populares donde la gente cruzaba como El Paso, San Diego y Nogales durante mediados de los noventa. Lo que resultó no fue la disminución de la migración y el contrabando que se prometió a la opinión pública estadounidense, sino la canalización de migrantes y contrabandistas a las zonas más hostiles y peligrosas del suroeste de Estados Unidos.

Nogales, Sonora, es difícil a su manera, aunque no tan duro como solía ser. Los homicidios con las drogas alcanzaron su punto máximo en enero de 2010, con 45 asesinatos, uno de los índices más altos en el país en este momento, pero desde entonces han disminuido a no más de un puñado al mes. Muchos atribuyen la relativa calma con el ahora indiscutible dominio que el cártel de Sinaloa tiene en la región. Pero eso no quiere decir que la ciudad es segura y menos aún para los deportados. Debido a que muchos mexicanos son deportados sin dinero, amigos, identificación, conocimiento de la ciudad o recursos de cualquier tipo, son extremadamente vulnerables a las redes criminales que han hecho un gran negocio de los migrantes y deportados.

«Estamos hablando de una ciudad segura si se compara con Ciudad Juárez o Matamoros», asegura el Padre Ricardo, refiriéndose a dos lugares de deportación que han sido azotados por la violencia de los cárteles. Juárez, que recibió 9 mil 895 deportados en el 2011, es ampliamente considerada como la ciudad más violenta del mundo. Pero eso no quiere decir que (Nogales) es seguro».

Victoria (4), que ha vivido la mayor parte de su vida en Phoenix, Arizona, conoce de primera mano lo peligroso que puede ser Nogales para los deportados. Ella fue deportada allí en noviembre de 2011, después de una complicación con una detención en 2010 por conducir con una licencia suspendida. Desde su llegada, Victoria ha sufrido innumerables insinuaciones sexuales no deseadas, que, asegura, son muy comunes para las mujeres deportadas, y dos intentos de secuestro. Uno de los intentos de secuestro ocurrió a pocas cuadras de distancia de donde ella se está quedando, a plena luz del día y a menos de una milla de la puerta de entrada. Sus dos hijos, ciudadanos estadounidenses, uno de 15 años de edad y una de dos años de edad, están en Phoenix bajo la custodia de Servicios de Protección Infantil (CPS).

«Todas las personas que se acercan, al menos los hombres, necesitan favores sexuales y luego te van a ayudar. Si no, no lo harán. La frontera es un lugar duro. Es como si estuviéramos en las calles entre animales. No hay nadie que te ayude. No hay nada bueno.»

Debido a Victoria fue víctima de un crimen violento en los Estados Unidos y colaboró en la investigación, probablemente califica para una visa U, que otorga a las víctimas indocumentadas de cierto estatus legal temporal y permiso de trabajo durante un máximo de cuatro años. Sin embargo, la lucha por la visa, siendo una deportada en México ha sido una pesadilla burocrática. Por ejemplo, se le dijo, por medio del trabajador social, que para poder aplicar, necesitaba conseguir un pasaporte mexicano, algo casi imposible.

«La señora de la oficina me dijo que necesitaba las facturas de una cuenta bancaria, agua y electricidad a mi nombre, bienes, un negocio para que pueda ser capaz de sacar un pasaporte. Eso es imposible para mí. He estado viviendo en los Estados Unidos por 29 años. No tengo nada en México. Ni un solo peso».

Como el caso se ha prolongado, mes tras mes, Victoria se ha sentido cada vez más desilusionada con la posibilidad de volver a estar con sus hijos y cada vez más tiene más certeza de que el Estado va a cancelar sus derechos como madre. Debido a todo lo que le ha sucedido en Nogales, ella también se siente demasiado incómoda con la idea de traer a sus hijos a México. Mientras tanto, la CPS afirma que Victoria es una madre negligente, en parte porque no tomó medidas para prever el bienestar de sus hijos en caso de ser deportada.

«Haber sido separada de mis hijos ha sido muy difícil», dijo Victoria. «Se me acusa, ahora formalmente, de ser una madre negligente. ¿Por qué? Por no hacer arreglos para dejar a mis hijos con alguien, con su familia. ¿Cómo pude hacer esto? Yo no tengo familia. Yo no tengo marido. ¿Con quién los habría dejado? ¿Quién se prepara para su deportación? Por favor. Ni siquiera el más inteligente lo haría».

De acuerdo con Nina Rabin, directora del Programa de Leyes y Políticas de Inmigración en la Universidad Bacon de Arizona, este tipo de separaciones de familia se ha vuelto cada vez más común desde que las deportaciones han aumentado. Su informe de 2011, «Padres Desaparecidos», comienza con esta declaración sombría: «Tragedias silenciosas y en cámara lenta se desarrollan todos los días en los centros de detención de inmigrantes en todo el país, ya que los padres capturados por la ley de inmigración son separados de sus hijos pequeños y desaparecen en el sistema de detención. Si ningún familiar es identificado cómo alguien que se pueda llevar a los niños en el momento de la aprehensión de un padre inmigrante, los niños pueden ser colocados en custodia estatal y encontrarse en hogares de adopción abruptamente incapaces de comunicarse con sus padres o ni siquiera saber dónde se encuentran sus padres. Si los padres optan por aceptar su deportación, corren el riesgo de estar siempre separados de sus hijos».

Mientras hacía investigaciones para el reporte, Nina vio cuán dramático puede ser un arresto o una deportación tanto para los ciudadanos como para los miembros de la familia que no lo son.

“Mi opinión es que hay un impacto muy significativo por las políticas de detención y deportación en las familias inmigrantes”, advierte Nina, “creo que esto toca a todas las familias de inmigrantes de una manera u otra, particularmente porque hay muchas familias con estatus mezclados. Algunos miembros de las familias podrían ser capturados durante las detenciones y deportaciones en cualquier momento. Creo que eso está impactando a un gran número de familias aquí”.

De hecho el Centro de Investigaciones Aplicadas (ARC, por sus siglas en inglés) encontró que sólo en los primeros seis meses del 2011, 46 mil madres y padres fueron deportados de los Estados Unidos. El ARC estima que hay, al menos, 5 mil 100 niños viviendo bajo cuidado tutelar en Estado Unidos como consecuencia. Ellos son el 1.25 por ciento de todos los niños que viven en cuidado tutelar en el país. Los hijos de Victoria se encuentran entre ellos.

“En el caso de gente como Victoria, cuyos hijos están en Phoenix”, dice Nina, “si yo fuera deportada y mis hijos estuvieran del otro lado de la línea, no habría nada que me detuviera, quiero decir, nada me detendría para volver”.

Victoria comparte este sentimiento, pero desde Nogales, la situación es diferente. No toma más que tres o cuatro horas manejar hasta Phoenix, pero, de alguna forma, ella no podría estar más lejos de sus hijos.

“No es racismo, es una ley. Afecta a todos por igual. A ellos no les importa si tienes diez hijos, si eres madre soltera, si tienes hiperglicemia, si estás enferma, si no tienes familia en México, si alguien va a matarte en México. Eso no importa. Es una ley. Es una frontera que no puedes cruzar”.

Debido a los lugares de pesadilla en donde los Estados Unidos deportan a otros migrantes, Victoria podría ser considerada, en sentido estricto, afortunada. Nogales es relativamente seguro.

En cambio, Luis Luna, de 20 años, no tuvo tanta suerte. Él terminó en Ciudad Juárez, la ciudad donde nació, una ciudad que estaba teniendo ocho muertos al día en promedio cuando fue deportado a principios de 2011. Después de varios meses de vivir en las calles de Ciudad Juárez, Luis se fue “de aventón” a Nogales, con la esperanza de cruzar nuevamente hacia los Estados Unidos.

“Yo nací en Juárez, pero me fui cuando era un niño, así que no me acuerdo. No tengo familia. Estaba solo. Estaba realmente asustado. Desde que llegué allí, vi que había un ambiente muy diferente, comparado con el lugar de donde yo venía. Pasar tiempo allí, viviendo en las calles algunas veces, viendo la violencia, viendo los tiroteos entre pandillas, viendo cadáveres, fue realmente difícil para mí. Pasar noches sin comer, fue muy duro”.

De acuerdo con Jeremy, Juárez es tan sólo uno de los muchos lugares de repatriación a lo largo de la frontera que son extremadamente peligrosos, especialmente para los deportados. Él destaca el estado de Tamaulipas, que recibió 124 mil 728 deportados en el 2011, como un sitio especialmente atroz para repatriar personas con pocos recursos. El estado se convirtió en primera plana en agosto de 2010, cuando los cuerpos de 72 migrantes fueron descubiertos en un rancho remoto en San Fernando. Desde entonces, cientos de cuerpos han sido sacados de enormes fosas clandestinas de Tamaulipas. Algunos fueron identificados por sus documentos de deportación. El estado es también una de las fortalezas de Zetas, uno de los cárteles más infames de México. Además de traficar drogas, los Zetas tienen un negocio multimillonario gracias al secuestro y extorción de migrantes. De hecho, en un periodo de seis meses en el 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México documentó 214 casos de secuestros masivos de migrantes que involucraban a 11 mil 333 víctimas. La CDNH considera que las cifras actuales son mucho más elevadas.

“La gente sabe que allí es peligroso. Las autoridades saben que algo está pasando allí. Saben que esa es un área que es mucho más difícil”, asegura Jeremy, “debe prestarse mucha más atención a la idea de enviar gente a esas regiones y las consecuencias que esto acarrea. No sabemos mucho de lo que allí está sucediendo, pero sabemos suficiente como para aseverar que la gente corre mucho peligro allí. Que el gobierno de los Estados Unidos sea cómplice de esto es totalmente inaceptable”.

Pero aunque no fuera peligroso, Luis seguiría lejos de su familia.

“Deportar personas, separarlas de su familia, es algo incorrecto, especialmente para la gente joven como yo”, explica, “estamos allá desde que tenemos uno, dos, tres años, simplemente allá crecemos. Vamos a la escuela, hacemos deporte, no hacemos nada malo, hasta que cometemos una pequeña infracción, por no tener licencia para conducir o algo así. Ustedes nos separan de nuestras familias, nos quitan todo, a nuestros amigos, nuestras madres, nuestros padres. No es algo que sólo nos afecta a nosotros, hay otras personas afectadas, como mi madre”.

Cerca de Ciudad Juárez, el president Barak Obama pronunció un discurso sobre la política de migración en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas enl 10 de mayo de 2011. Habló sobre la delicada línea que va del reconocimiento de los dramáticos costos sociales de su régimen de deportación al registro de control migratorio que, dicen, no tiene igual en la historia reciente de los Estados Unidos.

Inmediatamente después de anunciar la duplicación del personal de BP, la ampliación del muro fronterizo y el uso de aviones no tripulados de vigilancia en la frontera, entre otros aspectos destacados, habló de la escalofriante dimensión de la deportación bajo su administración. Para suavizar el golpe, aseguró a la audiencia:»Estamos concentrando nuestros limitados recursos en los delincuentes violentos y las personas declaradas culpables de delitos, no las familias, no personas que sólo buscan juntar un ingreso.» Pero en la evaluación de las pérdidas humanas de la deportación que siguió, su discurso fue mucho menos tranquilizador.

«A pesar de que reconocemos que es necesario hacer cumplir la ley, no disfrutamos el dolor que causa en las vidas de la gente que tan sólo está tratando de salir adelante. Y mientras las leyes actuales sigan en los libros, no son sólo los criminales están sujetos a ser deportado, sino también quienes están tratando de ganarse la vida: familias, estudiantes brillante, gente decente con las mejores intenciones».

Obama atribuyó todo a la necesidad política de tener mano dura contra la inmigración ilegal antes de gastar capital político en una reforma migratoria integral. Es preciso decir, sin embargo, que la frialdad de ese cálculo ha perdido de vista a los cientos de miles de deportados y sus familias que ha habido durante la administración de Obama.

Independientemente de la lógica política que hay detrás, es indiscutible que Obama ha pasado por alto uno de los aumentos más dramáticos en la capacidad de control migratorio en la historia estadounidense. Cada año de su mandato, el ICE ha deportado a casi 400 mil personas, la gran mayoría de ellos mexicanos. Junto con esto, y como la migración hacia el norte ha disminuido, Obama ha presidido un cambio hacia la aplicación de una filosofía “basada en consecuencias” en la Patrulla Fronteriza, que ha vuelto la aplicación de la ley más peligrosa e inhumana. Estas tendencias precedieron a la administración de Obama, pero él no tuvo, hasta hace muy poco, ningún interés real en hacer que disminuyan.

Probablemente, el componente más importante del espectacular aumento de la capacidad de la aplicación interior del ICE es el programa de Comunidades Seguras. Este programa federal es esencialmente una relación para compartir información entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y las agencias locales de aplicación de la ley. Siempre que una agencia local participante ficha a alguien en la cárcel, sus huellas digitales son enviadas electrónicamente al DHS, el cual las compara con el Sistema Automático de Identificación Biométrica. Si los registros coinciden con alguno de los 91 millones de personas que hay en la base de datos, el ICE puede ordenar que el estatus migratorio del detenido sea investigado.

Aunque ciertamente no es tan dramática como lo eran las redadas que fueron la piedra angular de la ley de inmigración de la era de Bush, Comunidades Seguras ha sido una herramienta muy eficaz para el ICE: más de 225 mil inmigrantes indocumentados han sido deportados desde su creación, y un número desproporcionado de ellos eran latinos.

El programa fue anunciado por el presidente Bush en marzo de 2008, y probado por primera vez en octubre, pero durante la administración de Obama ha tenido un descomunal desarrollo. Al final el periodo de Bush, funcionaba en tan solo 14 jurisdicciones, pero el día de hoy, está vigente y funcionando en mil 700 jurisdicciones de al menos 44 estados, y, a pesar del crecimiento de las fuerzas policiacas locales, se prevé que para el 2013 el programa abarque todas las jurisdicciones.

Primero fue propuesto como un programa voluntario, pero después el DHS cambió su posición y se acordó que cada fuerza policiaca local perteneciente a cualquier estado que hubiera firmado el Memorándum de Acuerdo con ellos, no podría optar por salir del programa. De hecho, a pesar de que sus gobernadores se opusieron férreamente al programa, el ICE impuso por la fuerza Comunidades Seguras en “todas la jurisdicciones que faltaban” en Nueva York y Massachusetts, el 10 de mayo pasado. Entre otras cosas, muchos oficiales de policía han expresado que el programa ha vuelto su trabajo algo sumamente difícil, especialmente en comunidades de migrantes, por el miedo y la desconfianza que el programa provoca.

De acuerdo con el sitio de internet de ICE, Comunidades Seguras ayuda a priorizar «la expulsión de extranjeros criminales, aquellos que suponen una amenaza a la seguridad pública y los infractores reincidentes de inmigración» Sin embargo, en octubre de 2011, el Instituto de Derecho y Política Social Earl Warren, publicó un estudio sobre el programa con una serie de inquietantes conclusiones que cuestionan la línea oficial de las Comunidades Seguras.

Entre otras cosas, los investigadores encontraron que no más de la mitad de quienes habían sido deportados a través del programa, o no tenían antecedentes penales o bien, sólo tenían cargos menores; 93 por ciento de quienes habían sido tomados en custodia por el ICE eran latinos, a pesar de que constituyen tan sólo el 77 por ciento de la población indocumentada; cerca del 40 por ciento de los arrestado tenía un familiar que era ciudadano estadounidense y 37 por ciento tenía un hijo que era ciudadano americano. También encontraron que, al extrapolar la información de 375 arrestos que fueron analizados al azar, alrededor de 88 familias con un miembro ciudadano de los Estados Unidos se vieron directamente afectadas por la creación de políticas entre su detención y abril de 2011. Las familias de Alberto, Luis y Victoria, los cuales fueron deportados después de las detenciones por violaciones a las leyes de tránsito se encuentras entre éstas.

El cambio radical está en marcha también en la frontera México-Estados Unidos. Más allá de la duplicación de la patrulla fronteriza, desde el 2004 a más de 20 mil agentes y el aumento de su presupuesto a 3,6 mil millones de dólares, ha habido un cambio “sutil” en la estrategia.

Probada por primera vez en el sector de Tucson, (por mucho, el más activo), el nuevo Sistema de Entrega de las Consecuencias (CDS por sus siglas en inglés) promovido por la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), se está ampliando en toda la frontera y es probablemente el máximo nivel de trauma y el peor trastorno experimentado por los migrantes en custodia del CBP.

El comisionado del CBP, Alan Bersin, dijo recientemente en público que el principio rector del programa es, con algunas pocas excepciones) asegurarse de que todos los inmigrantes detenidos reciban «algún tipo de consecuencia.»

El jefe del CBP, Michael J. Fisher, lo puso en términos un poco más inquietantes ante el Congreso en el octubre pasado: «El nuevo Sistema de Entrega de las Consecuencias (CDS) guía a los agentes y la administración a través de un proceso diseñado para evaluar de forma única a cada sujeto e identificar las consecuencias ideales para impedir y disuadir más actividad ilegal. Esto permite que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos pueda emparejar al individuo con su consecuencia de la manera más eficaz y eficiente».

Desde que el CDS fue implementado en el sector de Tucson, hace poco más de un año, los regresos voluntarios se desplomaron de 85 por ciento a alrededor del diez por ciento. No hay ningún cargo penal cuando a un migrante se le da un regreso voluntario. Este cambio significa que aproximadamente el 90 por ciento de las personas aprehendidas por CBP en el sector enfrentan algún tipo de castigo más allá de su repatriación.

Esto podría ser una serie diferentes castigos: pueden ser llevados a cientos de kilómetros de distancia y deportados a otra ciudad fronteriza a través del ATEP, algo que probablemente pasó con el esposo de Yesenia. Pueden ser sometidos a un proceso penal en una corte federal a través de la Operación Streamline, un programa que ha sido duramente criticado por negar el derecho al debido proceso judicial a los inmigrantes.Durante una audiencia de la Operación Streamline, hasta 80 migrantes fueron juzgados en masa por cargos de inmigración, de los cuales ellos están obligados a declararse culpable. Los migrantes, algunos que no tienen ningún cargo previamente, pueden ser condenados a penas de seis meses o más.

También podrían ser trasladados a la Ciudad de México, como le sucedió a unos 8 mil 893 deportados en el año pasado, como parte del Programa de Repatriación Interior Mexicana (MIRP). Desde que el programa comenzó en 2004, 125 mil164 mexicanos han sido trasladados a la capital del país con un costo aproximado de 90 millones. Recibieron un ER, lo que significa que volvieron a México con rapidez, pero con un cargo penal y deberían esperar al menos cinco años para solicitar una visa. Si fueran reprendidos en un intento de regresar otra vez antes del quinto año del período de prueba, es probable que fueran acusados del delito grave de reincidir en un intento de entrada y recibirían una sentencia de prisión.

Jeremy refiere que este sistema es costoso, complicado y poco se entiende cuando se habla de la nueva filosofía de las consecuencias del CBP. Debido a las historias, como las que se documentan aquí, dijo “es necesario que el pueblo estadounidense se haga importantes preguntas éticas. ¿Hasta qué nivel de brutalidad está dispuesta a llegar la sociedad ¿ Cuánto estás dispuesto a castigar a la gente por el acto de venir aquí para trabajar o estar con su familia, para que ellos no regresen?»

Hay algunos signos buenos de cambio, el más importante es la nueva política del ICE de «discreción del fiscal», que anunció en junio el director, John Morton. En un memorando enviado a toda la agencia se instruyó al personal a considerar favorablemente, cuando están tomando decisiones de ejecución de un migrante la duración de la presencia en los Estados Unidos, la edad en la que llegó al país, la búsqueda de la persona de la educación, el servicio militar, y si la persona tiene un esposo, hijo o padre con la ciudadanía estadounidense o la residencia permanente, entre muchos otros. Dos meses después, el gobierno de Obama anunció que iba revisaría los casi 300 mil casos de deportación pendientes. De acuerdo con el ICE, el 16 de abril, 219 mil 544 casos habían sido examinados, 16 mil 544 habían sido suspendidos y alrededor de 3 mil había sido cerrados. Más recientemente, el DHS anunció, a finales de abril, que la mayoría de las personas detenidas por violaciones de tránsito de menor importancia por la policía local y estatal ya no van a ser detenidas por el ICE para investigar su situación migratoria. Un poco tarde para Alberto y Luis, pero un buen paso, sin embargo.

No obstante, la aplicación de la “discreción de la fiscalía” ha sido problemática. Uno de los mayores obstáculos ha sido la negación del sindicato que representa a los agentes del ICE para permitir a sus miembros tomar el nuevo entrenamiento. Chris Crane, presidente del Consejo Nacional de ICE, calificó la “discreción del fiscal” como “teatro de un año electoral”, ante un comité de la Cámara, en octubre pasado. Crane fue citado en The New York Times diciendo que «la ley y la seguridad pública han ignorado los intentos de satisfacer a los grupos defensores de los inmigrantes».

Hay indicios, sin embargo, de que la nueva política está teniendo un impacto. En un estudio recientemente publicado por el Centro de la Universidad de Syracuse, los investigadores encontraron que los casos de deportación, abiertos por los funcionarios de inmigración se redujeron en un tercio en los últimos tres meses de 2011; entre julio y septiembre del año pasado, el ICE abrió 58 mil 639 casos y 39 mil 331 sólo entre octubre y diciembre. Los autores del estudio no podrían decir conclusivamente si era un resultado directo de las nuevas prioridades de aplicación, pero se trataba de una caída significativa.

Aunque se está llevando a cabo contra la voluntad de la administración de Obama, cada estado ha optado por estrategias de «desgaste” que no pueden ser ignoradas como una pieza del paisaje de la inmigración y deportación actual. La Ley de Arizona SB1070, de 2010 y la ley de Alabama HB56, de 2011 son los ejemplos más infames, pero leyes semejantes también han sido aprobados en Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah. Las leyes de Alabama y Arizona tienen mucho en común, y lo que es más llamativo es la necesidad de los agentes del orden para verificar el estatus migratorio de las personas que tienen una sospecha razonable de ser indocumentados. Sin embargo, la de Alabama fue más allá que la de Arizona al prohibir el acceso de los indocumentados a los beneficios del Estado o el alquiler de la propiedad y que requiere a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de los estudiantes.

Como explicó el Secretario del estado de Kansas, Kris Kobach, el responsable principal de la estrategia y uno de los autores de las leyes SB 1070 y HB 56, “la idea es hacer la vida cotidiana lo más difícil posible para los inmigrantes indocumentados para que se den por vencidos y decidan ‘deportarse’”.

«Los extranjeros ilegales toman decisiones racionales. Si los riesgos de detención o traslado involuntario suben y la probabilidad de obtener un empleo no autorizado, se cae, en algún momento, la única decisión racional es volver a casa», escribió en un artículo de opinión en 2007. Entre otras cosas, Kobach parece incapaz de concebir el hecho de que muchos «extranjeros ilegales» ya están en casa.

La Corte Suprema de los Estados Unidos está considerando la constitucionalidad de ciertas partes de la SB 1070 y se espera que se pronuncie en junio. Sin embargo, durante la argumentación oral, en abril, la mayoría de los jueces parecían cómodos con el requisito de la ley de que la seguridad pública pueda determinar el estatus migratorio de personas sospechosas de estar en el país sin documentación. Según Adam Liptak de The New York Times, es probable que esta disposición de la ley se mantendrá en junio.

Sin embargo debe señalarse que un elemento crítico de la estrategia de «desgaste a través de la aplicación» ya es una realidad: Comunidades Seguras y otros programas de la aplicación interior de la ICE ya “han aumentado los riesgos de detención o traslado involuntario», como lo que ha pedido Kobach. Debido de que es probable que Kobach sea el asesor principal del republicano Mitt Romney en los temas de inmigración y Romney ha abogado por una estrategia de auto-deportación en todo el país, la posibilidad de ver una ley nacional como la SB1070 no debe tomarse a la ligera. Como Kobach ha escrito, «cada estado es ahora un estado fronterizo».

Es a partir de allí que Nogales y otras ciudades fronterizas alcanzan el punto culminante de la expresión de estas políticas y lo hacen casi por completo en la oscuridad, fuera de la opinión pública de Estados Unidos. A pesar de que estos nuevos programas y estrategias tienen consecuencias incalculables para sus objetivos, pocas veces las voces de los afectados cruzan la frontera. «Este sistema legal y altamente complejo, que se ha construido a lo largo de los últimos años tiene muchas incógnitas por que las personas que lo han experimentado ya no están para hablar de ello», dijo Slack.

Uno de esos inmigrantes sí tenía algo que decir al respecto. Cuando Silvestre estuvo en la cama atrapado durante varios días, con la espalda lastimada y los pies rotos, reflexionó sobre las leyes de inmigración estadounidense y las resumió muy bien.

«No es sólo que las leyes de su país son absurdas. En mi opinión», dijo, «es que exceden los límites de los derechos humanos. Ellos pisotean los derechos humanos y a las personas, porque dar lugar a un trato inhumano, un tratamiento que no merecemos como seres humanos.»

Notas al pie

1. Para hacer esto, Alberto dio su información de Facebook a este reportero, quien posteriormente contactó a su madre y a su hermana en Arizona.

2. Jeremy Slack es un buen amigo y colega de uno de los reporteros que aquí escriben.

3. Seudónimo

4. Seudónimo

La versión original de este artículo fue publicada en inglés por el sitio web Truthout.org

Publicado el 18 de junio 2012