Fotografía: Isaac Guzman

San Cristóbal de las Casas, 19 de octubre 2019. El día 18 de octubre, al medio día, la plaza central de Ocosingo vio afectada su cotidianidad por una carpa blanca pegada al palacio municipal; ahí dentro, una gran manta anunciaba el evento a realizarse: “Disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad que ofrece el Estado mexicano: ‘Caso hermanas González Pérez’”. Pasado el medio día, los cientos de personas sentadas debajo de la carpa, se levantaron de sus asientos para recibir de pie y con aplausos a Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez, las tres hermanas indígenas tseltales retenidas, torturadas y violadas por integrantes del ejército mexicano el 24 de junio de 1994. Las acompañaban su madre, Delia Pérez. En el templete estaban Olga Sánchez Cordero, Secretaria de gobernación de México, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de derechos humanos, población y migración, y Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas. Sin embargo, no había ningún representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esto, más que una ausencia, fue determinante para que la chapalwanel justicia (justicia plena en tseltal) no fuera lograda, tal como hicieron notar las tres hermanas en sus intervenciones públicas.

La posibilidad de una disculpa pública respondió a una conjunción de voluntades y decisiones políticas, encabezadas por Ana, Beatriz, Cecilia, Delia, y un grupo de abogadas, traductoras y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que persistieron para que esa violación cometida en contra de las hermanas Gonzáles Pérez fuera reconocida como una responsabilidad del Estado mexicano. Esto es un proceso con 25 años de historia, que aún no culmina, no mientras no se logre la chapawanel justicia.

La violencia política

El 24 de junio de l1994 las hermanas González Pérez regresaban junto con su madre, venían de Altamirano, la cabecera municipal, rumbo a su casa en el ejido Jalisco. En el retén militar instalado a la afuera de la cabecera, las cuatro mujeres fueron retenidas ilegalmente, golpeadas, y la madre fue obligada a presenciar la violación tumultuaria de sus tres hijas por parte de militares. Es necesario enmarcar esta violación a los derechos humanos en el contexto político de ese momento: una guerra irregular en contra de la población indígena que habitaba la zona de influencia del EZLN. Así, la tortura y violencia sexuales son prácticas de guerra, a través de las cuales el mensaje es claro: por medio del terror se quiere dominar, doblegar.

Las hermanas y su madre presentaron la denuncia de violación sexual ante el ministerio público federal el 30 de junio de 1994. Este proceso sigue un cause que lleva a una audiencia el 30 de septiembre del mismo año, en la cual estarían presentes representantes del ejército. Las hermanas Gonzáles deciden no presentarse ante la consciencia de que serán re-victimizadas al ser confrontadas por esa institución federal. Esta decisión de las hermanas fue el motivo suficiente para que el expediente fuera archivado bajo el argumento de que ellas se negaban a volver a declarar y permitir que les fueran realizadas una vez más las pruebas periciales que demostraran que efectivamente fueron violadas. Es decir, no bastaba la palabra de ellas asentada en la primera denuncia.

La violencia interseccional por razones de género, clase, y etnia se reproduce también en la omisión de las instituciones de impartición de justicia en México. Ante ello, un equipo de abogadas encabezadas por el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) prepara el caso de forma que en enero de 1996 lo presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derivado de un debido proceso en esa instancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo en 2001, en el cual recomienda al estado mexicano que asuma y repare el daño hecho en contra de Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez, y de su madre Delia Pérez. Una vez más, el Estado actúa omisamente.

No es violencia individual, es colectiva

Durante 25 años Ana, Beatriz, Celia y Delia han buscado justicia, han recorrido todos los caminos legales posibles. En ese caminar el Comité Hermanas González, la Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos, y CEJIL las han acompañado. A lo largo de 2019, emerge la campaña Chapalwanel Justicia, la cual retoma su nombre de la noción tseltal que considera a la justicia plena cuando los responsables piden perdón porque aceptan sus responsabilidades. Así retoma fuerza la exigencia de que el Estado mexicano se hiciera responsable por la serie de violaciones a los derechos humanos que cometieron militares mexicanos. Un primer paso sería la disculpa pública por parte del Estado. Esto es aceptado por el gobierno federal actual, y fijan el 18 de octubre del 2018 como la fecha cuando el Estado se haría responsable públicamente.

La disculpa pública por parte del Estado es la oportunidad que éste tiene para aceptar su responsabilidad, y a partir de ahí comenzar a hacer justicia: investigar, fincar responsabilidad, dictar sentencias contra perpetradores, reparar el daño, e instaurar medidas que garanticen la no repetición de actos como los cometidos, y por los cuales se disculpa. Las hermanas González siempre han sido claras de que el agravio en su contra, no es un asunto sólo de ellas, sino que implica a la sociedad toda.

El viernes 18 de octubre del 2019 Alejandro Encinas, en el acto protocolario de la disculpa pública, enfatizó la vitalidad de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, las cuales han vivido y viven en una vulnerabilidad histórica, que debe ser revertida. Al mismo tiempo reconoció que éste era una acto de desagravio y de compromiso por parte del Estado ante un hecho que se dio en una “coyuntura de represión al EZLN, no fue un hecho aislado sino amedrentamiento a personas que exigían sus derechos”. Al referirse específicamente las hermanas González y su madre las reconoció como mujeres valientes, quienes con su voz dieron voz a otras mujeres indígenas. Este reconocimiento fue el punto de partida de la intervención de Olga Sánchez Cordero, quien insistió en que las violencias ejercidas contra las hermanas y su madre era “la guerra en cuerpos de las mujeres como triple violencia estructural: por ser mujeres, indígenas y pobres”. Así, la disculpa que ofreció a nombre del Estado la enmarcó en las condiciones estructurales económicas y de género. Las disculpas ofrecidas fueron para las hermanas por la violación sexual y tortura que vivieron, para la mamá por la detención y el tener que presenciar la violación tumultuaria; y a las cuatro por la falta de investigación, enjuiciamiento y reparación del daño cometido.

Somos nosotras, somos ustedes

Después de escuchar las palabras de lxs funcionarios públicos tocó el turno de hablar a Delia Pérez, la mamá. Ella pidió que las autoridades arreglen el problema, y que lo hagan bien, lo cual pasa por dar valor de verdad a las palabras de ella y sus hijas. Conmovida, Ana comenzó diciendo que la violación que vivió no fue algo contra ella por ser ella, sino porque el ejército quería castigar así al zapatismo. Controlando su llanto explicó que desde hace 25 años no es la misma, vive con sufrimiento, vive con coraje hacia las autoridades, porque no han resuelto el caso, y eso tiene que ver con el hecho de ser pobre. Para finalizar reconoció que el trabajo de organizaciones de derechos humanos, las cuales han presionado al gobierno para que acepte su responsabilidad.

Para dar su palabra, Cecilia, la más joven, se puso de pie, caminó al micrófono y dijo que ella también venía enojada, con mucho coraje hacia las autoridades, y que sin embargo llegaba en buena fe para exigir justicia, como desde hacía 25 años lo hacía, a pesar que en ese entonces era una niña. Ella reconoció también que la violación sucedió porque los militares quisieron que ellas pagaran a nombre de lxs zapatistas, quienes luchaban para no morir de pobreza, así dijo que ella hablaba también por esa gente que había muerto de pobreza. Para despedirse, agradeció a quienes estábamos presentes ese día en la plaza, y nos invitó a no calles ante abusos y violaciones del gobierno.

Después de escuchar a sus dos hermanas, Beatriz dijo que quería reclamar porque aun cuando ella, sus hermanas, su madre, y las organizaciones y colectivos que las acompañaban pidieron que no hubiera militares presentes, sino un representante de la SEDENA, esa mañana había habido militares rondando la plaza donde sería el acto de disculpa pública. Por ello, dijo, ese acto no podía ser una disculpa ya que no estaba presente un representante de la SEDENA. La respuesta de lxs asistentes fue gritar “¿Dónde está el ejército?, ¿dónde está el ejército?”, junto con la consigna “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él”.

Cuando Beatriz terminó de hablar, la maestra de ceremonias dio por concluido el evento. Todxs lxs asistentes se volvieron a poner de pie, y durante varios minutos aplaudieron a Ana, Beatriz, Cecilia y Delia.

La justicia como camino

El 18 de octubre, en la plaza central de Ocosingo, con voz fuerte y clara, de pie, mujeres indígenas tseltales confrontaron al Estado contra una verdad histórica: la guerra irregular contra la población indígena de Chiapas en el marco del levantamiento armado del EZLN. Las hermanas González son el testimonio de que esa guerra tiene prácticas atroces que vulnera a las mujeres como medio para sembrar terror.

Ana, Beatriz, Cecilia y Delia hablaron en tseltal, seña relevante que marca el reconocimiento de lo que podemos nombrar como una justicia lingüística. Para todo proceso de justicia es indispensable el reconocimiento de la otra parte en su integralidad. La lengua es parte de ello.

Delia Pérez fue clara, la justicia no ha llegado. Cecilia invitó a que esa justicia sea un acto permanente del que nos hagamos cargo todas las personas al momento de alzar la voz para no hacer posible la impunidad. Las hermanas y su madre han abierto brecha durante 25 años, lo han hecho junto con otras personas solidarias. Aunque esa chapalwanel justicia precisamente está en espera de ser cumplida, Ana, Beatriz, Cecilia y Delia han sentado un precedente histórico desde su coraje, determinación y dignidad. El acto de disculpa pública, más allá del protocolo, es una interpelación colectiva que tiene su germen en un momento histórico, no solo nacional.