La masacre de Curuguaty sucedió el 15 de junio de 2012, cuando un importante despliegue policial intentó desalojar a los campesinos instalados en las tierras conocidas como Marina Kué. En el episodio murieron 11 campesinos y 6 policías, pero en la causa judicial que se investiga el episodio sólo fueron inculpados doce campesinos. Los campesinos estaban desarmados ese día. La fuerza policial no.

La suspensión del juicio esta vez, la decimocuarta, fue ocasionada porque los abogados de los campesinos recusaron a los fiscales Jalil Rachid, Liliana Alcaráz y Juliana Gimenez. El motivo esgrimido por el grupo de abogados defensores es que los fiscales tienen “parcialidad manifiesta”.

Desde el comienzo de la causa, organizaciones vinculadas a los derechos humanos y también algunos medios de prensa independiente, han insistido en lo polémico de la figura del fiscal Jalil Rachid. El punto fuerte de estas desconfianzas es la filiación que guarda con el empresario Blas Riquelme (que murió a los pocos meses de la masacre), quien reclamaba ser el poseedor de las tierras en donde sucedió la masacre, y que es señalado como el promotor de la acción judicial que desencadenó la represión.

Por la gravedad de las acusaciones contra los once campesinos detenidos, el juicio se realiza de manera oral y pública, o más bien no se realiza, ya que se ha detenido sistemáticamente, enmarañado en una serie de recursos presentados por las partes. Sobre los campesinos imputados pesan delitos que van desde la asociación criminal e invasión de inmueble hasta homicidio doloso en grado de tentativa. Algunos de ellos pueden ser condenados con hasta 25 años de cárcel. Ningún policía fue acusado en la causa, a pesar de ser ellos quienes portaban todo el arsenal el día de la masacre. Existen varias campañas internacionales por la libertad y el sobreseimiento de los presos de Curuguaty, en las que se reclama por garantías de un juicio justo. Que los campesinos de Curugaty son presos políticos, insisten.

A su vez, otro episodio relacionado con la masacre sucedió en la mañana de hoy. La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó una ley que acepta que la empresa Campos Morombí (propiedad del grupo de Blas Riquelme) done 1780 hectáreas de las tierras de Marina Kué, en el departamento de Canindeyú, a la Secretaría de Ambiente de Paraguay, para que sean convertidas en un área silvestre protegida.

La Articulación por Curuguaty repudió la acción del senado, entendiendo que “blanquea la usurpación de las tierras públicas de Marina Cue por la empresa Campos Morombi con el falaz recurso de declararla reserva natural”, según publica el periódico paraguayo E´a.

Los críticos señalan que el Senado se pasó de la raya con ese movimiento, ya que la propiedad de ese terreno es una de los puntos que están en disputa en de fondo en el enjuiciamiento de los campesinos. “Existe un litigio entre la firma privada, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Procuraduría General de la República, que reivindican la titularidad del inmueble a favor del Estado”, señala el mismo medio.
Articulación Curuguaty llamó en su comunicado a manifestarse contra esta acción del Senado, y “exigir el veto de esta fraudulenta acción”.