Foto: Retrato del abogado Juan Carlos Flores, frente a la radio comunitaria de Santa María de Zacatepec. (Mª Ángeles Fernández / J. Marcos)

Con alambre de espino en lo alto de la fachada recibe la radio comunitaria de Santa María de Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla. Como si cruzar la puerta invitara a pasar a un territorio hostil a escasos kilómetros de la ciudad mexicana de Puebla. Nada de eso, mucho de antónimo. Un patio con huertito, unos árboles, algún carro, una casa al fondo y un modesto local que hace de estudio radiofónico. Eso sí, una emisora que ha sido atacada y que ahora recibe esa protección alambrada.

En ese espacio, donde la precariedad sigue marcando la salida a las ondas, el abogado Juan Carlos Flores habla de sus amenazas y de su seguridad. Al igual que la radio, Flores también sobrevive bajo la custodia oficial. Desde 2022 forma parte del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas del Gobierno de México. Un sistema que podría ser papel mojado porque, cuenta, “muchas veces es el mismo Estado el que te está atacando, el que te está vigilando”. A la sombra de un árbol reflexiona: “Es complicado tener estos hostigamientos y saber que estar dentro del mecanismo no me va a garantizar nada”. Estas palabras, pronunciadas hace unos meses, sirven de premonición.

Hace unas semanas, de viaje hacia Cuernavaca (Morelos), el letrado tuvo que parar su coche para revisar de dónde provenían unos extraños ruidos: las tuercas de una llanta delantera estaban completamente flojas. “Después de analizar este hecho con relación a los últimos incidentes de seguridad también relacionados al carro, se presume que alguien aflojó la llanta intencionalmente, corroborando un profesional mecánico que no pudieron ser aflojadas de manera natural, sino tras haber sido manipuladas por alguna persona, con el propósito de poner en riesgo la vida e integridad de Juan Carlos. El hecho es de suma gravedad y podría configurar un intento de homicidio, que se pretendió perpetrar bajo la fachada de un accidente automovilístico”, han denunciado diversas organizaciones sociales.

Lejos del espacio radiofónico, el letrado explica, ahora a través de una aplicación de mensajería instantánea, que desde el Mecanismo le comunicaron que podía denunciar ante la Fiscalía y que ellos iban a emitir medidas cautelares. Flores les notificó todos los incidentes e hizo una queja formal por la desaparición de las grabaciones de sus cámaras de seguridad y pidió que se investigue. No le respondieron. Y han pasado varias semanas. El sistema de protección tampoco ha contestado a este medio.

La lucha legal contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) ha dado un vuelco la vida del letrado. Primero porque fue encarcelado durante diez meses en una celda de tres por cuatro metros en la que había veinte personas. Luego porque resultó hostigado y amenazado. También ha tenido problemas con las cámaras de seguridad de su casa. Y lo más reciente, ha sido víctima de lo que diversas organizaciones consideran un atentado. Pero su tarea sigue. “Todo esto está en las labores de defensa de los derechos humanos que se están llevando contra los megaproyectos”, cuenta en un ventoso día.

El PIM y sus múltiples impactos

De nuevo con la radio comunitaria sonando de fondo, Juan Carlos Flores trata de explicar la magnitud del Proyecto Integral Morelos y las implicaciones e impactos en tres estados mexicanos: Puebla, Morelos y Tlaxcala. Su respuesta llena minutos de grabadora, también un informe de casi 80 páginas titulado ‘El desarrollo… del despojo. En el Proyecto Integral Morelos. PIM’. Detallar todas las magnitudes de esta faraónica infraestructura implica retrotraerse más de dos décadas, hasta 1998 cuando se otorgó el permiso para transportar gas. Después llegaron las termoeléctricas, el acueducto y las redes de alta tensión. También, la resistencia agrupada en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), del que forma parte el jurista. “El Proyecto Integral Morelos tiene diversos impactos hacia el aire, hacia el agua y hacia la tierra”, arranca.

Y la explicación va hasta Huexca, en Morelos, donde se levanta la termoeléctrica. Y habla de ruidos y de la emisión de gases y de la oxidación de los suelos de una zona agrícola. “El otro impacto es el uso del agua y su contaminación. El acueducto, construido para el funcionamiento de la termoeléctrica, genera un desabasto de agua hacia los ejidos de Ayala; la que regresa la llaman ‘agua muerta’ porque no tiene oxígeno además de estar compuesta por otros químicos. Muchas veces se ha tirado a la barranca de Huexca y mata los peces de manera inmediata”, continua.

Y a continuación abre un nuevo frente: “Esto genera un cambio en el uso de suelo de la zona donde pasa el Proyecto Integral Morelos; como es una infraestructura industrial, van llegando los parques industriales y los fraccionamientos”. Precisamente ese es el principal problema en Santa María de Zacatepec, el auge fabril asociado al PIM está generando problemas de contaminación porque gran parte de las empresas no tienen drenaje y las aguas sucias se expulsan a ríos o se quedan encharcadas. Así lo denuncian, también en la sede de la emisora comunitaria, Marcelina Barranco y Alejandro Torres, parte del Frente de Pueblos. “Todo eso se filtra a los acuíferos y nosotros nos nutrimos de pozos artesanales”, expone el matrimonio, que suma infinidad de luchas: la radio, el gasoducto, la defensa del río, la empresa embotelladora de agua y un largo etcétera.

El agua tiene varias dimensiones en esta esquina de Puebla: la sucia contamina, mientras muchos litros son extraídos del subsuelo sin control. Por esta causa “hace unos meses se formó un socavón de un diámetro de más de 150 metros de diámetro y con una profundidad de 50 metros”

El agua tiene varias dimensiones en esta esquina de Puebla: la sucia contamina, mientras muchos litros son extraídos del subsuelo sin control. “Hace unos meses se formó un socavón de un diámetro de más de 150 metros de diámetro y con una profundidad de 50 metros, más grande que el Estadio Azteca, el estadio de fútbol más grande de México. Se formó en un mes a 400 metros del gasoducto, por la extracción masiva de agua por parte de la industria. Se hicieron estudios y se observó que a cuatro metros de la superficie ya hay cavidades; quiere decir que ahí se puede también colapsar el suelo y esa parte del gasoducto está pegadito a un parque industrial, Mercatus, que le trabaja a Volkswagen y Audi”, explica el abogado antes de invitar a conocer la zona cero, ese punto en el que la tierra ha desaparecido generando un hoyo inaudito que parece un boquete realizado por un impacto externo. Como si un meteorito hubiera golpeado este trozo de tierra.

Agujero, gasoducto y volcanes conforman la misma postal. “El otro impacto es que el gaseoducto, 170 kilómetros que recorren tres estados de la República y atraviesan más de 80 comunidades, está en la zona de peligro del volcán Popocatépetl. Si el volcán hace una actividad fuerte de erupción, las comunidades quedan atrapadas entre la actividad volcánica y el gasoducto, o incluso puede generarse una interacción que provoque una explosión del gasoducto porque el volcán, cuando tiene actividad, genera sismos vulcanotectónicos”, continúa Juan Carlos Flores.

Recorrer la zona de influencia del PIM es tener siempre a la vista un volcán, sobre todo el Popocatépetl, o don Goyo, como lo llaman en Huexca, pero cuando se llega a Puebla aparecen otras enormes siluetas en el horizonte, la Malinche y la Iztacíhuatl, que recuerdan que esas tierras mexicanas rugen de vez en cuando. Flores finaliza la enumeración de consecuencia del PIM con una última secuela, “la división de las comunidades, la destrucción del tejido social”. Se abre una nueva cuestión: la violencia generada contra quienes se oponen al proyecto, violencia en la que participan múltiples actores, según cuentan en distintas comunidades: el Estado, las empresas implicadas, los actores armados y los grupos de choque creados para enfrentar a las resistencias.

“Si te van a querer chingar, te van a chingar”

Toda una amalgama de violencia tan difícil de entender como la multiplicidad de matices del proyecto energético impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y avalado por tres gobiernos de diferente color: Felipe Calderón (2008-2012), Enrique Peña Nieto (2012-18) y Andrés Manuel López Obrador (2018-actualidad), quien estando en la oposición se mostró contrario pero ahora defiende el PIM. Una violencia, por cierto, en la que han participado compañías españolas con Abengoa, Elecnor y Enagás, también el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, dependiente del Ministerio de Comercio, que ha otorgado un crédito de 50 millones de euros. Ninguna de estas compañías ha contestado a las preguntas de este medio.

“Si te van a querer chingar, te van a chingar. Ni Mecanismo, ni policía afuera de tu casa, ni botón de pánico que andes cargando todo el tiempo, ni un escolta… Cuando te quieran acabar, te van a acabar”. Así zanja Flores la pregunta de cómo conocer de dónde vienen los ataques cuando hay tantos actores implicados. El abogado recuerda el asesinato en 2019 de Samir Flores, de la resistencia en Amilcingo, un municipio cercano a la termoeléctrica y por el que pasa el gasoducto: “Samir acostumbraba a cuidarse mucho y entre sus medidas de seguridad estaba no salir de su pueblo, que era donde estaba seguro, y lo fueron a matar a su casa. Es complicado. Estas son las características de la defensa de los territorios y los derechos, que cuando tocas determinados intereses estás en riesgo. Nos da miedo, pero hay que seguir”.

Además de su lucha solicitando amparos, Juan Carlos Flores también ha realizado labores de portavocía, aun sabiendo el peso de la exposición pública.

– ¿Eres Juan Carlos Flores?

– ¿Por qué?

– Estás detenido, tenemos una orden de aprehensión en tu contra, órale, hijo de la chingada.

Y agarrándome de los huevos, me subieron al piso de la parte de atrás de un carro, encañonándome.

– Ora si ya valiste verga, no te vayas a poner pendejo porque aquí vales verga.

Y en menos de cinco minutos llegamos a la Procuraduría de Puebla, donde me bajaron al sótano, luego me subieron al cuarto piso, luego me pasaron al segundo, como que no sabían qué hacer conmigo; me preguntaron por mi familia y después de repartirme una patiza entre varios ministeriales, me dejaron esposado y yo los escuchaba en el otro salón.

– Jefe, ya cayó, sí, ya cayó Juan Carlos Flores, ya lo tenemos aquí.

Así relata su detención en abril de 2014 el propio protagonista, en el citado informe. La tranquilidad, que se percibe en cada una de sus respuestas, es la que le ayudó en la cárcel, donde, sentencia, “un 50 por ciento son inocentes y un 90 por ciento, pobres”. Tener paciencia, leer y escribir fueron claves aquellos diez meses de encierro. “Y conocí el significado de la palabra impotencia: perseguían a tus compañeros, a tu pareja; cierran la radio y no puedes hacer nada porque estás encerrado. Tenía energía, pero no podía usarla”, comparte.

“Esperanza es una palabra que a veces no me llena mucho, porque es pensar que pronto va a llegar algo diferente. Lo que me mueve es la necesidad de hacer lo que te tenemos que hacer. Yo creo que no va a cambiar nada en mi generación”

Han pasado ocho años y la resistencia no decae, a pesar de que una treintena de personas ha sido judicializada y Samir Flores, asesinado. “Esperanza es una palabra que a veces no me llena mucho, porque es pensar que pronto va a llegar algo diferente. Lo que me mueve es la necesidad de hacer lo que te tenemos que hacer. Yo creo que no va a cambiar nada en mi generación. Nos van a tocar unos 15 años más de una situación mucho más catastrófica de la que estamos viviendo, una crisis que va a ser la que cambie toda la dinámica social”, reflexiona bajo un árbol azotado por el viento, frente a la entrada de la radio.

“De repente hay ciertos logros, aunque nos tachen de agitadores, de chismosos, aunque nos desprestigien; pero voltear a ver y decir ‘mira, esto no lo pudieron hacer, esto sigue parado’, y decir ‘bueno, pues todavía tenemos un poco más de vida, un poco más de agua, un poco más de aire, un poco más de tierra’. Pero el monstruo es tan grande que por un lado estás buscando parar algo y por otro lado ya se metieron”.

Amparos y dudas sobre el funcionamiento

Ahora la lucha de Frente del Pueblos se centra en la resolución de los amparos interpuestos desde el año 2012. Algunos fueron sobreseídos, pero más de una decena quedan pendientes: unos por la exigencia de una consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, siguiendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y otros por el despojo de tierra y agua a los ejidos. “Andamos en una etapa de desahogo de peritajes, donde han sido muy agresivos hacia mi persona. Creemos que ya tienen la línea de resolver los amparos en 2023”, actualiza Juan Carlos Flores a través de mensajes.

Pero esas resoluciones tampoco serán el punto final, matiza el abogado: “Sigue aún un camino legal por recorrer, revisión, solicitud de atracción a la Suprema Corte, Comisión Interamericana. Todo esto crea antecedente”.

De momento, ese “voltear a ver y decir ‘mira, esto no lo pudieron hacer’” parece que es una ecuación que suma victorias en la lucha del Frente de Pueblos. Si hace dos años la CFE anunció la puesta en marcha de la termoeléctrica de Huexca y si también por aquel entonces se anunció la puesta en funcionamiento del gasoducto, meses después varias compañías del corredor industrial de Puebla pedían que entrara en operación. La resistencia cree que las infraestructuras no están funcionando, que la termoeléctrica estuvo en pruebas, pero que no ha vuelto a tener actividad. De ser cierta, esa sería para ellos una gran victoria imposible de admitir por la otra parte. El Salto ha preguntado expresamente a la CFE por la actividad del PIM, pero no ha habido respuesta alguna. En su extenso informe, Juan Carlos Flores relata que, de los amparos vigentes, solo uno tiene suspensión de funcionamiento del gasoducto, por lo que “cualquier funcionamiento del PIM es ilegal”.

– ¿Crees en la justicia?

– “Para nosotros la justicia es seguir luchando”, sentencia Juan Carlos Flores. Y lo explica: “No creo en la justicia de los tribunales, el sistema jurídico no es una máquina, tiene una serie de leyes y criterios judiciales que forman una telaraña que por un lado te atrapa, pero que por otro lado puedes jalar los hilos para acotarlos, amarrarlos un poco. Es un arma de doble filo que hay que usarla”.

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