El pasado 1 de julio, efectivos de la Policía Nacional desalojaron de manera brutal a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, luego que un juez ordenara el desalojo a cualquier costo de los predios de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa y la Universidad del Valle de Sula, en San Pedro Sula.
La madrugada del viernes se autorizó a las fuerzas policiales a tomar el control de los campus en poder de los estudiantes. Con una violenta intervención se procedió a detener sin orden judicial a los estudiantes que se manifestaban. Al campus llegaron defensores de derechos humanos y representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos par mediar con los policías y jueces ejecutores, sin embargo, varios de ellos fueron tratados con golpes y empujones.
«No teníamos posibilidad de convencer a los estudiantes para que entregaran las instalaciones», dijo La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, en conferencia de prensa luego de la detención de 20 estudiantes de Ciudad Universitaria.
Fueron detenidos durante el desalojo 22 estudiantes que fueron puestos en libertad el 2 de julio a quienes el Juez impuso medidas sustitutivas de prisión, como es no salir del país, firmar un libro en los juzgados una vez por semana y no participar en las manifestaciones en la UNAH.
Aquí la crónica de los acontecimientos en la UNAH, documentados en Radio Progreso y el ERIC:
Intolerancia y violencia se imponen en el conflicto universitario
Uno de los principales síntomas del reflujo es el ardor en el estómago y la garganta, varios pacientes que no saben tratar la enfermedad buscan contrarrestarlo tomando un refresco helado, pero no imaginan que ese movimiento lejos de mejorar solo empeorará la situación.
Lo mismo sucede en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), decisiones erróneas han llevado el conflicto al extremo. Por una parte los estudiantes llevan más de tres semanas de tomas de los centros regionales y del otro las autoridades le apuestan a los procedimientos judiciales que contienen desalojos violentos.
Aplicar el antídoto equivocado nunca erradicará la enfermedad, en este sentido el paciente llamado UNAH sucumbe ante la aplicación del fármaco erróneo, llevándola a una complicación más aguda.
Los hechos
La primera semana de conflicto se caracterizó por el desarrollo de asambleas estudiantiles, las autoridades al ver las demandas planteadas en ese momento fueron incapaces de acercarse a los alumnos e instaurar un diálogo.
La segunda semana dejó la primera toma, Ciudad Universitaria fue cerrada por estudiantes de distintas carreras, luego el centro del Valle de Sula, La Ceiba y Comayagua. Las autoridades tampoco se acercaron a dialogar y fue ahí cuando aplicaron los primeros requerimientos fiscales contra más de veinte alumnos acusados bajo la figura penal de “Detentar espacios públicos”.
Aunado a las acusaciones vinieron las órdenes de desalojo, tanto Ciudad Universitaria, Valle de Sula y La Ceiba fueron desalojadas por primera vez por las autoridades policiales. Dos días después los alumnos volvieron a la carga.
Hace semana y media, los estudiantes se tomaron todos los centros regionales, las autoridades llamaron a un diálogo, pero el movimiento estudiantil se negó a participar, bajo el argumento que no hay condiciones para hacerlo en medio de un ambiente de criminalización.
Ante el rechazo de los estudiantes, las autoridades cancelaron el diálogo y el tercer periodo académico a 14 carreras, cerrando sus medidas con un segundo desalojo en menos de un mes contra los estudiantes.
“Lamentablemente no teníamos certeza que los alumnos nos entregarían las instalaciones, por eso recurrimos a las instituciones del Estado”, dijo la rectora Julietta Castellanos en conferencia de prensa al mediodía del viernes 1 de julio después de la represión.
Entre avances y retrocesos
En este momento de crisis producido por más de tres semanas de tomas, cancelación de periodos y desalojos violentos, el cuestionamiento de la población ante la rectora Julieta Castellanos está a la orden del día, pero hay argumentos difundidos ante la opinión pública, que además de confundir otorgan un voto de confianza a las autoridades.
“Hemos avanzado en infraestructura, tecnología, enseñanza y orden dentro de la universidad en las últimas décadas, ya no somos la universidad de antes, hemos cambiado y ya no impera la ingobernabilidad”, Julieta Castellanos.
Por su parte el Sindicato de Trabajadores de la UNAH en comunicados públicos ha denunciado que desde la década de los ochenta, la máxima casa de estudios entró en un proceso de transición: donde las protestas disminuyeron, la Cuarta Reforma Universitaria fue un hecho y la desmovilización imperó en el sindicato, asociación de profesores y estudiantado.
Asimismo han dicho que la infraestructura fue acompañada de represión, porque su organización fue desarticulada, los maestros acorralados y el estudiantado violentado en su representación estudiantil ante los órganos de gobierno, todo bajo el propósito de ordenar la universidad y suprimir la ingobernabilidad.
“En mis tiempos de estudiante, yo recuerdo que en la universidad existía la libertad para expresar nuestro descontento contra decisiones que afectaban a las mayorías, había una autonomía que prohibía la presencia de policías o militares dentro de la universidad, ahora las cosas han cambiado”, dijo en un programa de televisión Jari Dixon diputado del Partido Libertad y Refundación.
“La autonomía universitaria es cosa del pasado, nos dieron cemento pero a cambio hay intransigencia, represión e intolerancia a las voces disonantes”, expresó un estudiante durante el desalojo de Ciudad Universitaria el viernes en la mañana.
Sobre el tema de la autonomía, la rectora Castellanos dejó claro en la conferencia de prensa que en ningún momento se ha violentado, sino que se ha defendido a la universidad de actos ilegales y se ha rescatado para ponerla al servicio de quienes sí quieren recibir clases.
Un pequeño reflejo de la sociedad
Los centros de estudio son pequeños reflejos de la sociedad, la UNAH no es la excepción y es el sitio donde mejor se ejemplifica la situación que vive el país en la actualidad.
“Acá estamos indignados por las decisiones de las autoridades, ellos son autoritarios, reprimen, no les gusta dialogar, nos criminalizan y nos tiran a la policía para que nos maltrate”, dijo en Zona Informativa un estudiante que prefirió omitir su nombre por seguridad.
Fuera de los predios universitarios tenemos un gobierno privatizador, represivo y carente de diálogo, por otra parte hay una población indignada que quiere cambios a las reglas del juego y denuncia el papel coercitivo. Pero dentro de los predios el contexto es similar, hay una población estudiantil indignada que pide diálogo, pero recibe acusaciones, represión y privatización.
“La universidad retrocedió, yo recuerdo cuando fui estudiante, ver a policías y militares dentro de la universidad era casi improbable, ahora es más común ver a militares que a maestros dentro de la máxima casa de estudios”, lamentó Bartolo Fuentes diputado de Libre.
“Yo esperaría de la “casa de la razón”: diálogo, sabiduría, consenso; pero no salidas irracionales a los conflictos”, expresó el defensor de derechos humanos Wilfredo Méndez.
“Hace treinta años, esto no pasaba, nosotros protestábamos por falta de pupitres, denunciamos a la burocracia, el tráfico de notas, pero nunca a pesar que el rector era miembro del Frente Unido (brazo político del Partido Nacional) nos echó la policía; parece que estamos en la barbarie, hemos retrocedido en el tiempo”, siguió contando Fuentes.
Este viernes uno de julio las autoridades universitarias recurrieron por segunda ocasión en menos de un mes a la policía para que desalojen a los estudiantes que mantienen tomada las instalaciones demandando la derogación de las Normas Académicas.
“En Venezuela la policía actúa de esa forma, no es algo que no haya sucedido, además el desalojo no es violento”, se defendió Julieta Castellanos.
“Esta lucha no es académica, es una lucha política, los estudiantes tienen una postura radical, los hemos invitado al diálogo pero ellos no quieren, entonces no nos queda otra que recurrir a estas instancias para que la demás población estudiantil no se vea afectada”, manifestó Castellanos.
En las últimas horas las autoridades dieron a conocer la cancelación del tercer periodo académico para 14 carreras y dejaron claro que si las clases no se reanudan pronto, el segundo periodo podrá correr la misma suerte.
Hace tres años la figura de Castellanos se empezó a desmoronar, la universidad tenía más de diez años de no registrar protestas, pero fue hasta finales del 2012 e inicios del 2013 cuando el movimiento estudiantil se organizó y se movilizó en ese momento por la discusión del anteproyecto de Ley de Educación Superior, que amenaza la autonomía universitaria y la entrega de la misma a las universidades privadas.
En ese sentido el conflicto se agudizó, luego vino la aprobación de las Normas Académicas, que es un apéndice de la nueva Ley de Educación Superior que está en proceso de discusión.
“Queda demostrado que la rectora no puede manejar conflictos, hace tiempo tuvo que haber llamado a los estudiantes a dialogar, pero su orgullo no se lo permitió y ha llevado esta situación al extremo, por tal razón lo más idóneo es que ella renuncie a su cargo”, valoró el diputado Jorge Cálix.
“Nuestro objetivo es mantener la gobernabilidad, no volveremos al pasado donde todo mundo hacia lo que quería, y en este caso los estudiantes tienen un capricho político y no académico”, dijo Castellanos.
Violencia como antídoto a los problemas
“La salida más prudente es el diálogo, no podemos solucionar el problema en la universidad con policías, con represión y con acusaciones en los juzgados”, argumentó Jari Dixon.
El ambiente universitario es tan parecido a nuestra realidad y es que ante los problemas se receta la medida de represión como medicina efectiva.
Para contrarrestar la ola delictiva, el gobierno de Juan Orlando Hernández le apostó a militarizar el país; ante los conflictos agrarios desde el gobierno se aplicó escuadrones a favor de los terratenientes y en el caso de las concesiones mineras se aplasta violentamente a las comunidades que se oponen a entregar la naturaleza.
Lo mismo sucede en la universidad: “acá nos sembraron la cultura del miedo, los maestros no nos atrevemos a hablar por miedo a despidos”, dijo un docente del área de Ciencias Sociales sin revelar su nombre sobre el conflicto universitario.
“La universidad quiere solucionar los problemas con garrote, quieren llevarnos a un diálogo, pero paulatinamente nos quieren meter presos, así no se puede conversar con nadie”, denunció Erlin Gutiérrez integrante del movimiento Avanzada UNAH.
“Por segunda ocasión en un mes nos desalojan violentamente, lamentamos la incapacidad de las autoridades de no dialogar”, dijo una estudiante que prefirió omitir su nombre.
“El desalojo como ustedes lo vieron fue pacífico, tratamos que no salga nadie herido”, dijo el director de la Universidad en el Valle de Sula, Francisco Herrera a los medios de comunicación.
“Estamos en una sociedad tan violenta, que tenemos que ver sangre para llamarle a algo violento o no, el hecho que vengan policías con armas, garrotes, amenazas lo hace tan violento como que hayan lanzado una bomba lacrimógena o una bala”, siguió argumentando la joven estudiante.
Todas las avenidas conducen al conflicto y es que tanto estudiantes como autoridades están indispuestos a ceder. El pasado fue el miedo, el presente la protesta y criminalización, y el futuro el enfrentamiento.
Este texto se publicó en Radio Progreso y el ERIC
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/3003-intolerancia-y-violencia-se-impone-en-conflicto-universitario
