El hondureño Ángel Amílcar Colóntardó casi un año para poder comunicarse con su esposa. Lo detuvieron en marzo de 2009 cuando intentaba cruzar de Tijuana a Estados Unidos y lo arraigaron 77 días. Luego le dictaron auto de formal prisión. Nunca le informaron que podía hablar a su consulado para solicitar asesoría o que se comunicaran con su familia, no sólo para avisar que estaba preso sino hasta para conseguir documentos que justificaran quién era y qué hacía. No lo hizo la policía ni el ministerio público, tampoco su abogado de oficio. La asistencia consular es un derecho de los migrantes ante cualquier proceso de detención reconocido por la legislación nacional e internacional. Para que se haga efectivo es obligación de las autoridades policíacas, ministeriales o judiciales notificar al detenido el derecho a contar con esta protección consular antes de que rinda su primera declaración, pero no suele cumplirse según el informe sobre los centroamericanos encarcelados en el país Migrantes en Prisión, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (UIA) del campus de la Ciudad de México.
Éste es sólo uno de los incumplimientos del Estado mexicano en su obligación de proteger los derechos de las personas migrantes detenidas, pero el informe también señala que otros tres se incumplen sistemáticamente:
A la no discriminación. El informe relata que la población centroamericana es más criminalizada por la policía, el Ministerio Público y por las autoridades judiciales.
A la presunción de inocencia. No se debería aplicar sistemáticamente la prisión preventiva sino sólo como medida cautelar. El informe asevera que muchos migrantes están renunciando voluntariamente a pelear su inocencia y están renunciando a su periodo de ofrecimiento de pruebas, aceptando la responsabilidad del delito por el que son acusados, ellos deciden hacerlo de esta manera, para agilizar su salida, pues, en caso que decidan defender su inocencia, implica que se prolongue su estancia en el penal y con posibilidades de ser condenados de cualquier forma.
Al debido proceso. Los migrantes desconocen el sistema de procuración y administración de justicia lo que da más margen a los funcionarios a cometer irregularidades.
En el caso de Ángel Amílcar se vulneró también el derecho a la libertad personal ya que pasó 15 horas detenido antes de presentarlo a un ministerio público durante las cuales se le infringió tortura, lo que atenta también a su derecho a la integridad personal. Aquí puedes leer su historia.
La Casa del Migrante de Saltillo mantiene comunicación con los siete migrantes presos en el penal de la ciudad y asegura que, a excepción de un caso que ellos defienden, el resto no han tenido acceso a una defensa adecuada, que debería ser garantizada por el Estado, además de que a ningún migrante se le ha respetado su derecho a la asistencia consular al momento de su detención y etapa de averiguación previa, relatan en el informe.
Las reos son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad por su intrínseca condición de aislamiento, pero si además se trata de presos migrantes que estaban en tránsito por México la vulnerabilidad se multiplica, ya que como viajeros no cuentan con documentación que acredite su estancia regular en el país por lo que tienen miedo a ser descubiertos; vienen de una situación de marginación y desconocen la cultura, las leyes nacionales y a veces hasta el idioma. Pero además, una vez detenidos no sólo desconocen el sistema de justicia mexicano, sino que se encuentran en un país ajeno y sin redes sociales o familiares. Los migrantes presos tienen tres vías para mantener el contacto con su familia: las visitas familiares, las llamadas telefónicas y el correo postal. Pero su condición aumenta los obstáculos para mantener la comunicación por lo que frecuentemente pierden prácticamente todo contacto directo con su familia.
El simple hecho de mandar una carta a su familia se vuelve una dificultad al requerir timbres, sobres, hojas y plumas que no son proporcionadas por el centro penitenciario. Las visitas son todavía más complicadas. La esposa de Ángel, también hondureña y residente en aquel país, debería pedir una visa para entrar a México con los gastos que conlleva el trámite y los viajes al consulado mexicano en Honduras. Después debería juntar para el pasaje hasta el penal de Tepic, en Nayarit, donde está preso Ángel. Si quiere viajar con su hijo de 8 años, necesita una carta potestad de Ángel como padre del menor, que éste debería tramitar a través de un notario en Tepic y hacérsela llegar a Honduras. Luego la esposa debería pedir la autorización para entrar al penal federal y que le adjudicaran una fecha, un trámite que se demora semanas y costoso de hacer desde el extranjero. July Baltazar, esposa de Ángel Amílcar sólo lo ha podido visitar en una ocasión después de cinco años preso y lo ha hecho porque Amnistía Internacional le facilitó todos los trámites.
Amnistía Internacional y el PRODH apadrinaron el caso de Ángel Amílcar, quien lleva más de cinco años preso acusado de delincuencia organizada, y a la espera de juicio. En su caso, el PRODH arguye que no hay pruebas que lo relacionen directamente y asegura que no cometió ningún delito. Amnistía Internacional lo ha declarado preso de conciencia. Ante ello, las organizaciones que elaboran el informe alertan que es posible que haya otros centroamericanos presos con delitos falsos, máxime si las prácticas violatorias de derechos humanos y las fallas estructurales del sistema de procuración y administración de justicia que permitieron su detención y vinculación a proceso no han desaparecido. Ante ello instan a la Procuraduría General de la República y al poder judicial a tomen medidas coordinadas para evitar que esta población siga siendo criminalizada y que elaboren conjuntamente un diagnóstico serio sobre las personas centroamericanas en reclusión con el fin de detectar casos como el de Ángel Amílcar.
Se desconocen las cifras
De entrada, el estado ni siquiera sabe cuántos centroamericanos tiene en sus cárceles. Ante la falta de un registro que contabilice los migrantes presos o sentenciados en el país, el PRODH y el Programa de Asuntos Migratorios de la UIA se dieron a la tarea de preguntarlo estado por estado.
Después de múltiples solicitudes de información hechas entre el 27 de mayo y el 17 de octubre del año pasado, que, finalmente, contestaron 27 de las 32 entidades federativas, el PRODH y la UIA contabilizaron mil 219 centroamericanos en prisión. Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz no quisieron dar la información pese a que, al menos los últimos tres, son estados con gran flujo de migrantes en su tránsito hacia los Estados Unidos. La ausencia es doblemente preocupante porque de los 27 estados que dieron información, Chiapas puerta de entrada a México de los centroamericanos junto a Tabasco es también la entidad con más centroamericanos presos, 525 de los mil 219.
Por otro lado, el PRODH y la UIA preguntaron también a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones del Instituto Nacional de Migración y también a la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia de esta misma institución. Mientras que la primera reportó un total de 354 personas centroamericanas en reclusión durante el 2013, la segunda reportó apenas 174 en el mismo período.
Las organizaciones convocantes ven con mucha preocupación esta imprecisión en las cifras e instan a que sea el Poder Judicial quien haga un adecuado control de constitucionalidad y convencionalidad; aplique estándares internacionales y ejerza un control riguroso del acervo probatorio ofrecido por el Ministerio Público. Los impartidores de justicia mexicanos ya cuentan con el Protocolo de Actuación en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, sin embargo este no es vinculante.
El perfil de los centroamericanos presos
Si nos quedamos con los datos de las 27 procuradurías observamos que de los mil 219 centroamericanos presos, 972 se encuentran en penales estatales y 247 en penales federales. El 45% son guatemaltecos y el 34% hondureños. De la información disponible, sólo tres presos en penales del Estado de Michoacán tenían documento migratorio regular, el resto son indocumentados presumiblemente en tránsito por el país. La mayoría no tienen sentencia y están a la espera de juicio.
