La ministra de Economía, Silvina Batakis, es una de las impulsoras de «ampliar la frontera productiva» sobre los Bajos Submeridionales, un gran humedal que abarca regiones de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Junto con los gobernadores, proponen ganadería y agronegocio en un ecosistema frágil. Argentina sigue sin una ley que proteja los humedales.

Los Bajos Submeridionales constituyen uno de los humedales más grandes de Argentina. Ubicado en la región del Chaco, es objeto de una iniciativa para «recuperar tierras productivas», que genera entusiasmo entre las autoridades al tiempo que despierta críticas por sus potenciales riesgos ambientales. Con una superficie de 5,5 millones de hectáreas, la región constituye un sistema hidrológico que involucra a las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Su principal característica es la alternancia de inundaciones y sequías en breves lapsos de tiempo, lo que generó siempre un foco de atención de los gobiernos provinciales, que intentaron realizar acciones para controlar dichos eventos.

En el lugar conviven pueblos rurales con una actividad agroganadera dispersa, cuya producción central es la cría bovina extensiva. La inmensa planicie es hábitat también de más de 200 especies de aves, varias de ellas en peligro de extinción, como el cardenal amarillo. El humedal fue identificado por The Nature Conservancy como una de las regiones «más importantes y sensibles» del continente, al tiempo que es considerado «área Importante para la conservación de aves» por BirdLife International.

En un hecho histórico, el Estado nacional y las tres provincias delinearon recientemente un ambicioso proyecto en común, cuyo objetivo es «reconvertir y recuperar» entre 800 mil y 1,2 millones de hectáreas para la producción. Según una presentación realizada ante el director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Qu Dongyu, la región tiene potencial en algodón, girasol, maíz, soja, sorgo y trigo, así como también en lechería, producción de ganado ovino, caprino y de granja, extracción de leña y producción de miel.

Ariel Martínez, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, sostuvo que el proyecto busca dar “cierta previsibilidad” ante las frecuentes inundaciones y sequías. Además, agregó que el incremento de la producción será «bajo determinadas características, amigables, que no cambien el uso del suelo del lugar».

A la fecha no hay certezas sobre qué tipo de trabajos se realizarán, pero la difusión de noticias relacionadas con la iniciativa generó la reacción de sectores ambientalistas. “Si la mirada es expandir la frontera agrícola, ese gran espacio de pastizales va a ser potencialmente sustituido por cultivos agrícolas, con lo cual hay una pérdida directa de biodiversidad”, analizó Andrés Pautasso, investigador del Museo Provincial de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino».

Para Pautasso, quien sostiene que el humedal presenta un panorama similar “a la región pampeana antes de que la agricultura se comiera todo”, la discusión central es “qué tipo de producción queremos”. Según entiende, el debate es entre quienes piensan que la producción debe ser planteada adaptándose a los pulsos naturales o bien adaptar los ecosistemas a los ritmos productivos.

Humedales en manos privadas

El futuro del humedal se dirime al interior del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales (Cirbhas), una instancia creada bajo la administración del gobierno nacional anterior y ratificada en el actual. Allí se evaluará el plan director de obras, actualmente en elaboración por parte de un grupo de consultoras contratadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Según los términos de referencia de la compulsa pública, previo a cualquier intervención debe realizarse una evaluación ambiental estratégica, así como también implementarse una «red de monitoreo hidroambiental» y realizarse una ronda de consultas con actores clave de la región.

Las organizaciones ambientalistas alzan su voz atento a los antecedentes registrados en la región. Según una investigación publicada en 2017 las canalizaciones, endicamientos y terraplenes ya realizados en la zona para lidiar con las inundaciones y sequías «modificaron la dinámica natural y características de los humedales promoviendo la extensión de algunos y la degradación y pérdida de otros».

Las autoridades sostienen que esta vez la historia será diferente. «Es la primera vez que se toma la situación desde un punto de vista integral», sostuvo el ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, quien dijo que el proyecto contempla «no sólo obras, sino también manejo, porque las características productivas de la zona determinan que estemos ante un sistema muy vulnerable».

Para el funcionario, «lo que es bueno para el medio ambiente es bueno para la producción». En este sentido, resaltó que entre los principales desafíos del plan está aumentar la eficiencia de los rodeos bovinos, logrando incrementar un 50 por ciento la producción de terneros (hoy ubicada alrededor de los 110.000 cabezas, un cinco por ciento del total nacional).

Contrapuntos

El debate de fondo en torno a qué hacer en los Bajos Submeridionales repite la lógica de otras situaciones en las que el incremento de la capacidad productiva supone un desafío a las condiciones naturales, como el caso de las inversiones en el sector porcino o la exploración petrolera offshore. De un lado se ponderan las bondades económicas de la intervención, mientras que del otro se exponen principalmente sus consecuencias ambientales.

Mario Basan Nickisch es ingeniero en recursos hídricos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su voz es encomiada por las autoridades políticas y respetada por los sectores ambientalistas. Para él, lo que se está buscando es producir «bajo buenas prácticas sustentables».

«Desde que estoy en esto nunca se había puesto en agenda crear reservas, hablar de humedales… Eso antes era materia prohibida», dijo Nickisch. El especialista buscó llevar tranquilidad a las organizaciones que advierten sobre los riesgos de las intervenciones, planteando que el Cirbhas está conformado por un equipo interdisciplinario y que además «ninguna obra pasa sin el estudio de impacto ambiental».

Para los sectores ambientalistas ya existe un «nivel de agresión importante». En un comunicado emitido a finales de marzo por diversas entidades, plantearon que obras ya ejecutadas «provocaron sequías extraordinarias», por lo que una futura intervención sin la debida evaluación «resultará en graves afectaciones a un ecosistema frágil». Dicha condición —sostuvieron— se ha agravado «debido a los cambios de uso de suelo, el desmonte y desagües clandestinos que presenta la región desde hace décadas».

Toda esta situación se da mientras el congreso argentino sigue postergando el debate de una ley de humedales, iniciativa que si bien registra apoyos en el Gobierno no termina de concretarse. Si bien no existe un único proyecto en la materia, las fuentes consultadas coinciden en que la sanción de una normativa ayudaría a contener posibles efectos adversos de la intervención en los Bajos Submeridionales.

*Artículo de Juan Chiummiento publicado originalmente en Diálogo Chino y se volvió a publicar bajo una licencia de Creative Commons.

*Edición: Tierra Viva