Iba en taxi cuando se le acercaron dos jóvenes. La mujer sacó el arma, y el hombre le ordenó: “¡Dispárale!”

El taxista aceleró, escapándose del crimen en curso. Así fue el primer atentado contra Félix Molina el día de 2 de mayo.

Horas más tarde, se dio otro atentado y esta vez el comunicador no pudo contarlo en su cuenta de Facebook. Dos balas entraron y salieron de sus piernas. El periodista mundialmente conocido y —no es por nada— entre los más críticos del régimen hondureño, fue llevado al hospital de Tegucigalpa.

Félix Molina es un nombre que suena a resistencia en Honduras, y más allá de sus fronteras. Desde el golpe de estado, pegado al micrófono, difundía en voz sonora las noticias desde abajo. Abría espacios para luchadoras, dirigentes sociales y personas solidarias, como quien escribe estas líneas. Hace unas semanas hizo una entrevista de casi una hora con miembros de la Caravana por la Paz, Vida y Justicia, en Progreso, con gran interés en la posibilidad de hilar la solidaridad transfronteriza sobre el tema de las drogas y la militarización.

Después de que los médicos lo declararon fuera de peligro, Molina dirigió unas palabras a la agencia EFE desde el hospital, «Lamentablemente seguimos habitando un país de alto riesgo, donde los periodistas que ejercemos la profesión de manera independiente y tocamos los temas sensibles estamos expuestos a estos hechos».

Horas más tarde, ya entrando el Día de la Libertad de Expresión, dijo en un comunicado, “Me declaro un sobreviviente de la inseguridad que sufre la mayoría de este país… No es mi propósito conjeturar sobre este hecho, pero por la reiteración del ataque en el mismo día puedo pensar que no se trató de un simple raterismo telefónico sino un ataque directo a mi persona.”

Honduras rivaliza con México en amenazas, atentados y asesinatos de periodistas que se atreven decir las verdades que los poderosos quieren callar. También están en la mira defensores de derechos humanos, como la gran defensora y activista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de este año.

Los dos casos se entrelazan. El atentado contra Félix Molina se dio el día del anuncio de la captura de cuatro sospechosos por el asesinato de Berta, según los reportes todos con vinculos con el estado o con la empresa, Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) que busca imponer el proyecto en tierras lenca: Douglas Geovanny Bustillo, retirado de la Fuerzas Áreas y que dirigió la fuerza de seguridad privada de DESA; Sergio Rodríguez Orellana, empleado de DESA; Mariano Díaz Chávez, un oficial militar de alto rango; y Edilson Duarte Meza, ex oficial militar.

La organización que ella co-fundó, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y su familia emitieron un comunicado:

“Debido a que se nos ha excluido del proceso de investigación desde sus inicios, no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles. Sin embargo, la noticia de la presunta participación de militares activos y retirados vinculados con la empresa DESA pareciera demostrar el involucramiento de agentes estatales en el asesinato, lo cual debe ser profundizado, y es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de manera inmediata y definitiva”.

A raíz de las detenciones de militares y ex militares, Molina este mismo día puso nombre a la situación —“paramilitarismo”. En otras comunicaciones, indicó con nombres y apellidos las relaciones entre políticos y la empresa hidroeléctrica que pretende construir la planta sobre el Rio Gualcarque que Berta defendió hasta la muerte.

Todo esta actividad en el Honduras pos-golpe, o más bien pro-golpe, es pecado imperdonable. Según otro defensor de derechos humanos, Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, “los poderes han migrado a ser instituciones representativas de la ley de los fuertes” donde “el estado es un negocio”. En el contexto de la campaña “Honduras Open for Business” (así tal cual, en inglés) los poderosos no quieren a los quejosos, como Berta y Félix. El business —sea narcotráfico o megaproyectos trasnacionales— tiene designios para los territorios y recursos naturales hondureños que no incluyen su uso ancestral por parte de los pueblos indígenas y rurales.

A este polvorín el gobierno de los Estados Unidos se aferra a echarle fuego. El más reciente —y más grande— paquete de ayuda como parte de la Alianza para la Prosperidad de $750 millones anuales para Honduras, Guatemala y El Salvador, se destina en mayor proporción a la “seguridad” y combate al narcotráfico, es decir, a las mismas fuerzas ahora vinculadas al asesinato de Berta Cáceres (y otros) y del cual el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Cumanos concluye: “parte de esta inseguridad provendría del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado.”

El autoritarismo se expresa en controles físicos pero también en la construcción de rejas sicológicas. Molina rechaza estas rejas en su comunicado: “…quiero seguir ejerciendo el periodismo sin miedo, seguir viviendo sin miedo.”

Hoy en Honduras, los promotores del modelo neoliberal a ultranza y del control social a como dé lugar, con el apoyo abierto del gobierno de EEUU, están probando los límites entre la gobernabilidad y la represión. Si no hay una respuesta social fuerte, a nivel internacional, en contra de la sangrienta represión e impunidad en el país, éstas no sólo avanzarán en Honduras sino podrían ser el futuro de todos nuestros países.

La resistencia del pueblo hondureño es necesaria; la unidad regional es fundamental.