El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse abre un nuevo capítulo de inestabilidad en el país caribeño, asolado por la violencia armada, la corrupción estatal y la pandemia.

El magnicidio cometido ayer en Haití mantiene consternado a todo el país. Jovenel Moïse, el cuestionado presidente haitiano, fue ultimado el miércoles por la madrugada en su residencia, en la capital Puerto Príncipe. El encargado de este asesinato fue un grupo comando, que ingresó a la residencia oficial y ultimó al mandatario e hirió a la primera dama, Martine Moïse, que se encuentra en un estado crítico y fue trasladada de urgencia a Miami para ser atendida.

Hace apenas unas horas, las fuerzas de seguridad del país caribeño desplegaron un amplio operativo para encontrar a los asesinos del Jefe de Estado. El director general de la policía, Léon Charles, informó –según reprodujeron agencias de noticias internacionales- que, durante un tiroteo con los sospechosos, los agentes mataron a cuatro mercenarios y detuvieron a otros dos.

Charles agregó que tres agentes que habían sido secuestrados por los presuntos autores del magnicidio fueron liberados en el operativo policial, efectuado en Puerto Príncipe. Por su parte, el secretario de Estado haitiano, Frantz Exntus, detalló que el operativo, en el cual se produjo “un intenso tiroteo”, se realizó en el sector de Pelerin, donde se encuentra la residencia de Moïse, en la tarde-noche de ayer.

En diálogo con La tinta, Eddyson Damas, integrante del Club Cultural Konbit –espacio de jóvenes hombres y mujeres haitianas en la ciudad de Córdoba- manifestó que la situación actual en su país es preocupante y se fue degradando hasta llegar a la muerte del Jefe de Estado.

“Es difícil hacer una evaluación de la situación y del impacto de la muerte de Moïse sobre el pueblo haitiano –reconoció Damas-. Aunque sabemos que las consecuencias van a ser muy negativas, porque en el país habrá más violencia, una lucha por el poder -que desde ayer se está viviendo-, la descomposición de las fuerzas armadas, como la Policía Nacional de Haití (PNH), y también una situación de sufrimientos que vive el pueblo, que va a empeorar”. A esto, hay que sumar que “en los próximos días, el pueblo va a estar con más incertidumbres por quién maneja todo esto. No tenemos respuestas de cómo va a seguir todo esto. Hacer una proyección de cuáles son los impactos directos es difícil, ya que la situación se fue degradando desde hace mucho tiempo”.

Estado de sitio

Apenas unos días antes de su asesinato, Moïse había designado como primer ministro interino a Claude Joseph, que ahora tiene en sus manos las riendas de un país jaqueado por una crisis económica permanente, la multiplicación de grupos armados –muchos de ellos vinculados al propio Estado-, la injerencia extranjera y una situación sanitaria crítica, golpeada todavía más con la pandemia de coronavirus.

Este miércoles, Joseph declaró el estado de sitio por 15 días en todo el país, luego de presidir un Consejo de Ministros extraordinario. El funcionario explicó que el actual gobierno tomó “todas las medidas para asegurar la continuidad del Estado”. Joseph, además, expresó que la situación de seguridad está “bajo control” y pidió a la población que mantenga la calma.

En un decreto, Joseph estableció que, durante el estado de sitio, se movilicen todas las fuerzas de seguridad para llevar a cabo la investigación sobre el asesinato, así como para implementar medidas de seguridad especiales. Como siempre sucede con este tipo de medidas ordenadas por el Estado, el temor a una mayor represión contra la oposición queda pendiendo del aire, ya que las fuerzas de seguridad ahora tendrán la potestad “para prohibir todas las reuniones que juzgue que puedan alentar o mantener el desorden” en el país.

El primer ministro en funciones había declarado que los hombres armados que asesinaron al presidente hablaban en inglés y en español. Con respecto a los responsables del magnicidio, el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, aseveró que eran mercenarios “profesionales” que llevaron a cabo “un ataque bien planificado”. El diplomático reveló que los atacantes se presentaron en la residencia del mandatario como agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Élite y poder

“Haití está en esta situación de violencia porque es un país neocolonial desde hace más de 100 años –remarcó Damas-. Es una colonia de Estados Unidos, país que trata de manejar toda la esfera política de Haití en relación a una élite económica que no quiere perder su posición de privilegios. Por eso, hacen todo para mantener el poder”.

Jovenel Moïse no era ajeno a esa élite de la que habla Damas. Nacido en Trou du Nord, departamento Nordeste de Haití, el 26 de junio de 1968, este hijo de un mecánico y de una costurera se trasladó junto a su familia a la capital del país en 1974.

Empresario, integrante en la dirección de varias compañías y ex secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIDH), en 2015, lanzó su candidatura para las elecciones presidenciales de ese año por el oficialista Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Aunque triunfó en la primera vuelta, las denuncias de fraude masivo a favor de Moïse obligaron al aplazamiento electoral para revisar los resultados. Ese mismo año, el Consejo Electoral Provisional (CEP) invalidó los resultados de octubre de 2015 y convocó nuevas presidenciales, a las que concurrió Moïse, las cuales ganó en la primera vuelta. Dos semanas antes de su toma de posesión, el 7 de febrero de 2017, prestó declaración ante la justicia del país por sospechas de lavado de dinero debido a una investigación iniciada en 2013.

En su gestión, las protestas en Haití se multiplicaron, casi siempre en demanda de un mejor nivel de vida y en rechazo a la corrupción imperante en las instituciones gubernamentales. Uno de los casos más conocidos, que desataron movilizaciones masivas, fue el de Petrocaribe, sistema por el cual se le enviaba petróleo a Haití desde Venezuela a precio preferencial. El 31 de mayo de 2019, la Corte Superior de Cuentas envió al Parlamento su informe sobre el destino de los fondos de Petrocaribe y apuntó que las empresas de Moïse y de su predecesor Michel Martelly habían sido beneficiadas con proyectos millonarios que no se ejecutaron.

Ante las crecientes protestas en su contra, el gobierno suspendió las elecciones previstas para octubre de 2019 y, en enero de 2020, se clausuraron el Congreso y Senado por la finalización del mandato. Acusado de ser un presidente de facto, en el último tiempo, las denuncias contra Moïse apuntaron a los vínculos que mantenía su administración con grupos armados irregulares, los cuales se encargan de la “represión ilegal” en muchos barrios populares del país.

El peligro de la injerencia

Si la violencia estatal y para-estatal es uno de los azotes contra el pueblo haitiano, la pandemia de coronavirus se convirtió en otro duro golpe. Aunque es uno de los países más pobres del mundo, hasta el momento, Haití es la única nación de la región que no recibió ni una sola vacuna contra la COVID-19.

“Si miramos la situación actual, tenemos como seis millones de personas sufriendo una hambruna severa, situación  agravada por el coronavirus –detalló Damas-. Más del 70 por ciento de la población activa está sin trabajo. Además, hay una lucha interna de poder, primero dentro del PHDK, el partido que está en el gobierno desde hace diez años, y dentro de la misma élite económica”.

“También hay que recordar que en Haití, después de la ocupación de la MINUSTAH, queda una organización de embajadores de distintos países, que formaron el Core Group. Ellos son los verdaderos gobernantes del país”, advirtió Damas.

Ante el panorama actual y las incertidumbres tras el asesinato de Moïse, Damas estimó que una salida a la crisis es algo lejano. A las razones de esta crisis que se extiende en el tiempo las encuentra en “la situación de tutelaje del país, la dominación económica de una pequeña élite y la injerencia encabezada por Estados Unidos, que crean un ambiente violento dentro del país”.

Durante esta jornada, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) convocó a una reunión urgente para tratar la situación en Haití. Damas alertó que en esta reunión se podría tejer “una resolución, como la de 2004, para mandar tropas militares en una ‘misión de paz’, como fue la MINUSTAH, que estuvo hasta 2017. Y esta situación puede permitir más injerencia, más incertidumbre para el pueblo”.

Por último, aseveró que “el asesinato del presidente va a llevar más injerencia en el país”, por lo cual, desde la comunidad haitiana en Argentina, “llamamos a la solidaridad plena con Haití, para que se respete la autodeterminación del pueblo. Queremos una solidaridad sin injerencia, que avale los deseos del pueblo haitiano, para que pueda romper con este sistema que, desde 1915, está aplastando al pueblo y manteniéndolo en una situación muy difícil”.

Publicado originalmente en La tinta