Guatemala. Al considerar que nada justifica el terrorismo que ejercieron contra la población y por su responsabilidad en la estrategia contrainsurgente como altos mandos militares, el exdictador Ríos Montt y el militar José Mauricio Rodríguez Sánchez serán procesados por genocidio contra la población ixil por orden del juez Miguel Ángel Gálvez.

El lunes 28 de enero Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B de Guatemala, resolvió que existen suficientes pruebas para abrir un juicio contra los dos militares.

Jefes de estado y de la inteligencia durante la guerra

El general Efraín Ríos Montt fue jefe de Estado durante 1982 y 1983, mientras el militar José Mauricio Rodríguez Sánchez ejerció como director de la inteligencia militar (G-2) durante el mismo periodo. Estos dos años forman parte que se considera el capítulo más oscuro de la guerra en Guatemala, un periodo en el que se desarrolló una sangrienta estrategia de “tierra arrasada” para ejecutar un genocidio contra un mínimo de cuatro pueblos mayas[1]. Un tercer militar, el ex general Héctor Mario López Fuentes, también está sindicado en el mismo caso, pero por un supuesto derrame cerebral que sufrió, el juez ordenó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) aclare su situación de salud antes de que proceda el caso en su contra.

Avanza el proceso entorpecido

Los sindicados quedaron sujetos a proceso hace ya un año pero, debido a que sus defensores aparentemente apuestan a cansar al sistema de justicia -tras presentar  más de 70 incidentes al caso-, el soñado proceso de justicia ha demorado mucho para los sobrevivientes y familiares de desaparecidos y asesinados de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), que son querellantes adhesivos en este caso, y para decenas de miles de otros guatemaltecos y guatemaltecas.

Finalmente y ante un público sorprendido, el lunes 21 de enero de 2013 el juez Miguel Ángel Gálvez determinó resolver los últimos incidentes faltantes en desfavor de los sindicados y citó a audiencias durante toda aquella semana. En ellas,familiares de asesinados y desaparecidos, sobrevivientes, defensores de derechos humanos y público en general, pudieron atestiguar la presentación de las pruebas del Ministerio Público (MP) en voz del fiscal Orlando López, que durante largas horas detalló la inmensa cantidad de documentos, peritajes, pruebas testimoniales y antropológicas que se reunieron a lo largo de los 30 años que pasaron desde que el genocidio de Ríos Montt tuvo lugar.

Genocidio contra el pueblo ixil

El juicio que se abre contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez es por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población ixil. En el caso se señalan mil 771 muertes, una minúscula parte de los más de 100 mil muertos posibles durante el periodo de Ríos Montt.

También están acusados de ocasionar el desplazamiento forzoso de 29 mil ixiles, que se vieron obligados a huir a las montañas para luego vivir por muchos años desprotegidos, debajo de la lluvia y el sol, escondiendo sus rastros ante soldados que los perseguían.  Allá en la montaña, sin ropas, sin comida y sin medicinas, muchas morían de hambre y de enfermedad. Bebés pequeños quedaron en el camino por que su llanto podía revelar los escondites de sus hermanos.

Tortura sistemática, robo de bebés cuyo destino aún es desconocido, extenso uso de tortura sexual y el hecho de que la mayor parte de los cuerpos exhumados en esta región son de niños menores a 13 años o de ancianos mayores a 55 años, con perforaciones de bala en el cráneo, nos muestran que la estrategia militar fue el genocidio. El argumento de los defensores de que los asesinados eran guerrilleros y muertos en combate es una cruel falsificación histórica.

Racismo y falsificación histórica

Durante largas horas, los sobrevivientes  tuvieron que aguantar el  escuchar cómo los abogados de los sindicados trataron de convencer a la corte de que efectivamente toda la población asesinada había sido guerrillera, que no hubo genocidio porque los ixiles aún viven hoy, y que el jefe de Estado desconocía lo que ocurría en “el campo” -desconociendo así la estructura vertical del ejército, sustentada en una serie de documentos que forman parte de las pruebas del MP en el caso-.

El racismo era fuerte y evidente tanto en los alegatos de los defensores como en el comportamiento de los familiares de los sindicados y los militares presentes en la audiencia. El Centro de Medios Independientes (CMI) Guatemala reporta que “simpatizantes de los acusados estuvieron rociando perfume en la sala, además de tener el privilegio del servicio sanitario del  nivel 14 mientras que el resto de personas debía bajar al sótano 2 de la torre de tribunales”[2].

Se abre el juicio y se fomenta la esperanza

A pesar de eso, el juez Miguel Ángel Gálvez dio apertura al juicio el lunes 28 de enero y expresó que aunque partes de la población haya tenido contacto con grupos guerrilleros, nada justifica el terrorismo del que fueron víctima los ixiles. Además, señaló que el ejército de Guatemala es jerárquico en su estructura, por lo que la defensa no puede argumentar que el alto mando militar desconocía de la violencia política en las comunidades.

Con la apertura del juicio, miles de guatemaltecos se llenan de esperanza de que un proceso de justicia necesario para el país por fin pueda avanzar. El blog de medios libres Comunidades de Población en Resistencia (CPR-urbana) escribió en su página que: “Para Guatemala y para Latinoamérica es un proceso histórico que permitirá conocer en un tribunal las pruebas de los cientos de testigos que sobrevivieron durante la cruel política de tierra arrasada. Hoy por fin, luego de 30 años de impunidad, se abre la posibilidad de que el sistema jurídico guatemalteco siente un precedente para juzgar la violencia sistemática que durante la guerra fría sentó una persecución a los que las dictaduras identificaron como base de apoyo a la guerrilla guatemalteca[3]”.

Por otro lado, en un comunicado posterior a la resolución del juez, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación expresa: “La resolución presentada hoy envía un mensaje de esperanza en la justicia a quienes aún padecen las consecuencias del conflicto armado interno. También a los autores materiales e intelectuales de los graves delitos de lesa humanidad y genocidio que se cometieron en ese período, ya que no pueden quedar en la impunidad el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales,  la desaparición forzada,  la violencia sexual, tortura y las masacres, entre otras violaciones. Este hecho representa el caminar de miles de víctimas del genocidio. Posibilita continuar el camino de memoria, verdad y justicia, que ofrece bases sólidas para la construcción de un país más justo. Esperamos que el caso continúe tramitándose conforme lo establece la ley y pronto podamos tener el juicio contra quienes ordenaron el genocidio en Guatemala.”

Publicado el 04 de febrero de 2013