Guatemala. Guatemala vive una crisis de larga duración, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz a finales de 1996. Los acuerdos suscritos entre gobierno y el movimiento revolucionario no llegaron a trastocar las estructuras como: la tenencia de la tierra, el racismo y la falta de democracia, elementos que dieron origen al conflicto interno que dejó más de 200 mil muertos y 100 mil desaparecidos.

Esta guerra afectó y seguirá afectando a toda la sociedad guatemalteca, ya que la violencia se expresó en su más alto nivel, principalmente en las comunidades del pueblo maya donde se cometió el genocidio. Por tal motivo, la reconstrucción del país es un reto de gran magnitud para el grueso de la sociedad guatemalteca.

Es importante señalar que desde la firma de los Acuerdos de Paz, los grupos oligárquicos y el poder militar contrainsurgente tuvieron en claro el papel que debían jugar en la posguerra. Su estrategia ha sido adoptar el proyecto neoliberal como alternativa económica para seguir acumulando riqueza, privatizando los bienes del Estado en beneficio de particulares nacionales y extranjeros. Podemos destacar servicios públicos como la telefonía, energía eléctrica, educación, y salud. A la par se abrieron las puertas a empresas extractivas que explotan petróleo, níquel, oro y plata.

Las empresas que se dedican al saqueo son Mina Marlín -de capital canadiense y europeo- que explota oro en el Departamento de San Marcos; la hidroeléctrica  Santa Cruz -de capital español-, ubicada en Huehuetenango; la hidroeléctrica Palo Viejo, italiana, que explota los recursos en el norte del Departamento del Quiché, y  la minera de San Rafael -de capital canadiense- que está en el Departamento de Santa Rosa.

Como parte de  este proyecto neoliberal se impulsaron los tratados de libre comercio con diferentes países, en especial con Estados Unidos, antiguo aliado de la oligarquía y de las fuerzas castrenses. También la política neoliberal convirtió a Guatemala en un atractivo para los países asiáticos debido a la  mano de obra barata para las maquilas. El nuevo modelo económico expulsa a hombres y mujeres de nuestro país, convirtiéndolos en trabajadores migrantes, especialmente hacia los Estados Unidos. Ahí hay cerca de dos millones de personas indocumentadas, en su mayoría del pueblo maya, lo que ha afectado profundamente la identidad, cultura y cosmovisión de los pueblos originarios al desarraigarlos de su territorio.

La implementación de la política neoliberal ha provocado grandes conflictos sociales y es sinónimo de saqueo y muerte. Frente a esta situación, nuestras comunidades se convirtieron en la retaguardia estratégica para la resistencia; se han desarrollando movilizaciones, denuncias,  manifestaciones y 63 consultas comunitarias donde los pueblos han rechazada unánimemente la presencia de los mega proyectos. Ante esta resistencia comunitaria, el gobierno ha implementado recursos como los Estados de Sitio o los  de Excepción,  donde  militares, policías y bandas paramilitares actúan con total impunidad para reprimir la resistencia.

En diversos países del continente, el impulso del proyecto neoliberal se convirtió en una nueva amenaza brutal a los territorios indígenas. Incluso se puede concluir que es el inicio de un neocolonialismo, con igual poder de destrucción que el vivido por nuestros antepasados durante la época colonial. Otra vez se nos quiere despojar de lo poco que nos queda de relación con la madre tierra, nuevamente se nos quiere adoctrinar por diferentes sectas que cumplen la función de apaciguar pensamientos y actitudes, nuevamente nos engañan con palabras que prometen desarrollo, aprovechando el empobrecimiento que el mismo sistema capitalista provoca, nuevamente nos quieren dividir y enfrentarnos entre hermanos, nuevamente exacerban las confrontaciones entre indígenas y mestizos, entre organizaciones sociales y organizaciones comunitarias. Esta política lleva implícito el racismo en su esencia.

Guatemala, gobernada por un militar

Los militares retornan al gobierno. Si bien es cierto que como institución armada siempre han ejercido presión en la agenda de los gobiernos civiles, ahora regresan bajo un discurso de aparente voluntad social expresada en las urnas electorales a finales del 2011, la cual fue manipulada de forma mediática. Es decir, la vuelta de los militares fue una estratégica de la oligarquía y de las transnacionales para acelerar al proyecto neoliberal iniciado con los gobiernos civiles.

Bajo el gobierno militar retornan las formas de gobernar caracterizadas por la intransigencia, el autoritarismo, la toma de decisiones verticales e impositivas, el carácter de las fuerzas armadas que adolecen de una cultura democrática y la falta de un consenso social para resolver los problemas estructurales.

El 10 de mayo de 2013 queda registrado en la memoria como fecha histórica por la condena por genocidio emitida contra el general Efraín Ríos Montt, quien fue el planificador intelectual de tantas masacres cometidas contra nuestras comunidades. Independientemente del curso que tomará este proceso, sí podemos decir que éste ya es un hecho para comenzar a resarcir a las miles de víctimas que dejó la guerra en nuestro país. Durante estos 500 años de invasión nunca se ha juzgado a los responsables que cometieron miles de hechos brutales, de tantas injusticias acumuladas.

La situación que vivimos hoy en Guatemala no es fácil, estamos gobernados por militares que tienen amplia experiencia de contrainsurgencia y fueron los actores de la represión durante el conflicto armado. Los sobrevivientes de esta guerra son los continuadores de esta lucha de emancipación y están convencidos plenamente de la posibilidad de construir una nueva Guatemala, donde obre la voluntad de los pueblos que habitamos las tierras del Mayab’. Nuestra patria no está condenada a vivir en un cuartel militar, ni a ser considerada como la finca de los terratenientes. Por eso hacemos un llamado a la solidaridad de todas en este momento crucial de la historia de nuestro pueblo.

Publicado el 27 de mayo de 2013