El abogado del ex Jefe de Inteligencia Militar, Otto Ramírez, ha solicitado a Barrios que suspenda el juicio para que pueda recabar las pruebas de descargo que no le habían permitido presentar con anterioridad. La magistrada ha aceptado la solicitud de la defensa, pero ha anunciado que, en cualquier caso, el juicio se reanudará el próximo 7 de mayo, (según el diario guatemalteco La Hora). Por lo que este martes prosigue el juicio contra el dictador Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia José Rodríguez, tras seis días de suspensión.

Se aceptó la incorporación del abogado de Rios Montt y se le asignó un abogado de la defensa pública a Rodríguez, acusados de crímenes de lesa humanidad. La CC decidió dejar sin efecto cuatro testimonios ofrecidos el pasado 19 de marzo cuando Ríos Montt carecía de un abogado.

El tribunal presidido por la jueza Jazmín Barrios, leyó nuevamente los cargos que se le imputan a Ríos Montt e indicó los delitos de los que se le acusa, mientras que éste se negó a declarar una vez más.

Otto Ramirez será el abogado de la Defensa Pública penal asignado como defensor de José Rodriguez, en vista de que los abogados que lo representaban lo abandonaron durante la última audiencia el 18 de abril.

   El juicio arrancó el pasado 19 de marzo, pero un mes después fue anulado como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la recusación contra la jueza instructora Carol Flores, lo que obligó a retrotraer hasta ese momento todas las actuaciones procesales.  Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por la defensa del ex militar Héctor Mario López Fuentes alegando que era parcial, pero el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo.

   Entretanto, el titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral, del que conoció el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por Barrios.

   Finalmente, la Corte Suprema de Justicia decidió revocar la recusación contra Flores, lo que supuso retrotraer todas las actuaciones judiciales al momento en que fue retirada del caso, es decir, en la fase de instrucción.

   No obstante, la Corte Constitucional se ha pronunciado esta semana en contra de la anulación del juicio y ha ordenado enviar de nuevo el expediente a Barrios para que siga con el proceso judicial.

LOS CARGOS

   Los dos ex militares responden por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil en las montañas septentrionales. En concreto, por la matanza de 201 personas, perpetrada el 7 de diciembre de 1982 en el municipio de Dos Erres por un grupo de 17 kaibiles –miembros de las fuerzas de élite– y 40 soldados.

   La defensa ha intentado alegar que no se pueden atribuir a Ríos Montt los abusos cometidos por los militares de a pie porque el jefe de Estado no controla las operaciones sobre el terreno. Asimismo, ha insistido en que no se ha producido ningún genocidio en Guatemala.

   Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.

   Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).