Francisco Palomo y César Calderón, abogados de Ríos Montt y Rodríguez, respectivamente, coinciden en que la vista no puede empezar, debido a que existe un amparo provisional, hasta ahora no resuelto.

Sin embargo, Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, explicó que los dos recursos legales rechazados a esos defensores permiten mantener la fecha de mañana para el proceso oral y público, a desarrollarse en la sede de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala Cuarta de Apelaciones falló el pasado 9 de marzo que Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado B de Mayor Riesgo, cometió un error al no aceptar como pruebas de descargo a los peritos propuestos por la defensa de los también culpados de delitos de lesa humanidad.

Por su parte, la Corte de Constitucionalidad (CC) negó la semana anterior el recurso de apelación planteado por el exdictador Ríos Montt.

A este y Rodríguez, jefe de la inteligencia militar durante el gobierno de facto de aquel (1982-1983), la Fiscalía los señala por presuntamente ser los autores intelectuales de la matanza de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil en el mencionado período.

Con la resolución de la CC, apegada al derecho, se quita un obstáculo más de los interpuestos por esos militares inculpados de graves violaciones a los derechos humanos en busca de obstruir el proceso y evitar llegar a un juicio, remarcaron las organizaciones querellantes en este caso.

De este modo, estimaron en un comunicado la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), se ratifica la continuidad del debate oral y público en contra Ríos Montt y Rodríguez.

Los sobrevivientes y víctimas del conflicto armado interno (1960-1996) consideran de gran importancia la resolución de la CC y exhortan a los operadores judiciales a cumplir con su función de impartir justicia.

El juez Gálvez designó el pasado 28 de enero al Tribunal B de Mayor Riesgo para asumir el caso, decisión calificada por la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, como un acto ético, moral y necesario para la paz guatemalteca.

«Las víctimas, y la sociedad en general, hemos esperado durante mucho tiempo que la justicia tome su lugar y permita avanzar hacia la paz y la reconciliación», expresó al respecto Menchú, en una nota de la Fundación que lleva su nombre.

El fiscal Orlando López ratificó, en audiencias celebradas en enero último, las pruebas de cargo y las imputaciones contra Ríos Montt y Rodríguez.

López precisó, que aunque ambos no fueron los autores materiales de la masacre de mil 771 indígenas de la etnia maya ixil, sí tenían conocimiento de los hechos perpetrados de 1982 y 1983.

Según peritajes y exhumaciones, acotó, la mayoría de las víctimas eran niños y ancianos, personas que por edad no podían empuñar un arma, como para ser señalados como guerrilleros.

Fuerzas de seguridad ultimaron a unos 250 mil guatemaltecos, 45 mil de ellos víctimas de desapariciones forzadas durante la contienda civil de 1960 a 1996 en esta nación centroamericana, estiman grupos humanitarios.