La madrugada del 29 de julio, vecinos de la delegación Magdalena Contreras que se oponen a la construcción de la Supervía Poniente de cuota, impulsada por el gobierno del Distrito Federal, vivieron una represión policial sin precedentes, en el marco de las celebraciones del segundo aniversario del campamento con el que protestan contra un proyecto ilegal que acarrearía graves afecciones medio ambientales, financieras y sociales, y cuya imposición violaría los derechos humanos de los habitantes de toda la ciudad.
Laura, una de las mujeres que sufrió la violencia por parte de los granaderos, cuenta a Desinformémonos lo que vivió allí aquella noche.
Todo esto sucedió en el marco del segundo aniversario del campamento “Malinche 26 de julio”. El jueves 26 de julio el obispo Raúl Vera había estado allí para manifestar su apoyo a los vecinos; el viernes 27, artistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos poetas y un grupo teatral, habían presentado espectáculos; y el sábado 28 estuvieron presentes diferentes organizaciones sociales y hubo un Foro. Durante estos días comenzó el acoso, nos percatamos de la inusual presencia policial en la zona. Hubo patrullajes y “reporteros” desconocidos que hacían preguntas y fotografiaban los eventos. También hubo helicópteros que sobrevolaron la zona, incluso a ras de campamento.
La conclusión del Foro con académicos y organizadores que tuvimos en el campamento el sábado 28, fue que la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad se había violado y que el gobierno del Distrito Federal está pasando sobre los derechos de los vecinos afectados por la construcción de la Supervía Poniente.
Ese mismo día, por la noche, hacia las diez treinta despedíamos a un grupo musical –Toque Bullanga– que nos había acompañado. Algunos vecinos estábamos por regresar a nuestras casas, mientras que otros permanecían en el campamento, cuando recibimos una llamada de compañeros que viven en zona baja de San Jerónimo, cerca de la Glorieta de las Quinceañeras, para decirnos que estaban llegando camiones de granaderos.
Hubo un despliegue impresionante de policías por toda la zona. Entonces hubo muchas otras llamadas de aviso. La zona fue sitiada, muchas cuadras se acordonaron. Al principio nosotros creíamos que iban a atacar el campamento. Activamos medidas de emergencia. Dimos aviso a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y al Centro Prodh.
Por medio de llamadas telefónicas, los compañeros nos dijeron que camiones con granaderos estaban estacionados en la avenida Luis Cabrera, y que el lugar amenazado no era el campamento sino la Glorieta de las Quinceañeras, un lugar donde hay cipreses y que es marco natural para tomar fotografías del recuerdo en bodas, quince años y esta clase de eventos.
Bajamos caminado hacia ese punto. A pesar de que ya había un cerco de granaderos en cada calle, pudimos bajar argumentando que éramos colonos y que nos trasladábamos a nuestro domicilio. Éramos alrededor de 20 o 30 personas. Nos percatamos que desde la glorieta de San Jerónimo estaba cortada la circulación.
Yo bajé caminando desde la calle Naranjos. En cada entrecalle había cordones de granaderos replegados que impedían el paso y en el interior de las cuadras había muchos elementos más. Yo me preguntaba: “Bueno, ¿qué sucede?”, porque parecía zona de guerra. Había también un sinnúmero de trabajadores en las calles. No sé bien qué tipo de trabajadores, pero eran personas que portaban chalecos reflejantes.
Llegué a la Glorieta de las Quinceañeras. Estaban allí el doctor Luis Zambrano (científico del Instituto de Biología de la UNAM), Mónica, su compañera, y otros vecinos. Juntos nos acercamos a preguntar quién era el encargado de esa situación, de ese operativo. Le preguntamos al que parecía el comandante si él estaba a cargo y por qué era esta situación, pero nos dijo que él no sabía y que él no era quién para darnos información alguna.
Veíamos que más vecinos querían pasar hacia donde estábamos nosotros, pero no los dejaron. Pusieron vallas antimotines en las calles cercanas, de modo que no se veía lo que estaba pasando en el interior de la Glorieta de las Quinceañeras.
En un momento, se nos acercó una mujer con una credencial del gobierno del Distrito Federal. Ella decía que por nuestra seguridad estaba allí, y que era mejor que nos retiráramos. Les pedimos que no dañen más nuestra demarcación, les explicamos de las consecuencias ambientales del proyecto, pero nos ignoraron. La única respuesta fue que los granaderos se fueron replegando en torno a nosotros, nos fueron arrinconando.
Otros compañeros lograron entrar a la glorieta por una entrecalle que no cerraron, lo que provocó que empezaran las agresiones de los granaderos. Mónica gritó: “Me están golpeando y me están desvistiendo”. Traté de ayudarla, de jalarla, pero las granaderas me aventaron y me patearon. Yo pregunté a gritos “por qué nos golpean, nosotros somos gente pacífica”, pero ellos sólo respondieron “pues nosotros no”.
El doctor Zambrano fue el más golpeado, porque trató de proteger a su esposa. Cuando la desvistieron, se abalanzó sobre ella y recibió todos los golpes. Yo empecé a hacer llamadas: “Nos están golpeando, están golpeando a los compañeros”. A punta de golpes con los escudos de los granaderos, nos empujaron hasta llegar a la avenida Luis Cabrera. Allí había dos mujeres, una se identificó como trabajadora del gobierno del Distrito Federal y la otra no se identificó. Les gritábamos que al interior de la glorieta estaban golpeando a nuestros compañeros, pero ellas insistían en que no estaba pasando nada, que nosotros estábamos inventando todo.
Los granaderos nos arrinconaron contra una de las bardas y nos estamparon contra la pared. Nos estaban asfixiando con sus escudos, con los cuales empujaban fuertemente sobre nuestra nariz. Para entonces estábamos ya fuera del cordón que habían formado los granaderos. Pero a otro grupo de compañeros lo tuvieron secuestrado dentro del cordón alrededor de dos horas. Pudimos subir a una barda y ver que no los estaban golpeando, pero no fue sino hasta las cinco o seis de la mañana cuando los dejaron salir. Caminamos juntos hacia nuestras casas, acompañándonos los unos a los otros, y nos percatamos que afuera de las casas de algunos aún había elementos de la policía.
Ya hemos evidenciado muchas cosas de este gobierno. La Supervía es un cúmulo de ilegalidades con repetidas violaciones a los derechos humanos. Hemos tenido también triunfos legales: el 2 de diciembre pasado, un tribunal afirmó que el gobierno debe de suspender la obra. Nos asiste la ley y ésta es la respuesta que obtenemos del gobierno. Este es el castigo que nos dan por denunciar, a pesar del cerco mediático, todas estas situaciones tan irregulares.
Publicado el 6 de agosto 2012
