Los operativos y detenciones colectivas impulsadas por el gobierno porteño contra ciudadanos senegaleses fueron el centro de las críticas con las que Amnistía Internacional y una veintena de organismos de derechos humanos y de inmigrantes conmemoraron ayer el Día Mundial de los Refugiados. A través de un duro documento, denunciaron “el trato discriminatorio, racista y violento” contra esa comunidad y exigieron “poner fin a las prácticas extorsivas y persecutorias” que la Policía de la Ciudad ejerce contra ellos. La declaración se dio apenas unas horas después de que la selección senegalesa fuera el centro de los elogios tras derrotar a Polonia por 2 a 1 en su debut en el Mundial de Rusia.

La declaración es un cuestionamiento a la política migratoria de la administración de Cambiemos con la que se encienden las alertas sobre el cumplimiento del Estatuto del Refugiado en la Argentina. No obstante, las críticas no fueron dirigidas solamente al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta sino también al Poder Judicial. Las organizaciones denunciantes advierten que “tanto la policía como la fiscalía utilizan un perfil racial” a la hora de hacer los procedimientos.

La declaración fue emitida una semana después de los “allanamientos violentos e injustificados” en viviendas de ciudadanos senegaleses en los barrios de Flores y Balvanera. Bajo la excusa de concretar operativos contra la venta ambulante ilegal, las fuerzas de seguridad y la Justicia secuestraron mercadería, detuvieron a 24 personas, golpearon a quienes intentaron defenderse e inclusive hirieron con un arma blanca a uno de ellos.

Se trata de Kane Serigne Dame, quien el 5 de junio “fue abordado de manera violenta en plena vía pública y terminó con una profunda herida en su brazo derecho e imputado en dos causas judiciales”, cita el texto. El ejemplo de “los altos niveles de violencia institucional” fue que a este hecho ocurrido el 5 de junio pasado le siguieron allanamientos masivos tres días después y luego de una masiva protesta concretada por miembros de esa comunidad en el barrio de Flores. Hechos de este tipo no son nuevos, prosiguieron, sino que se vienen sucediendo “desde 2016” y con un “gravísimo incremento”.

La “violencia institucional y policial” de esos “operativos policiales desproporcionados” es una “envestida contra los derechos humanos”, subrayó la denuncia pública, que además alertó sobre el carácter “constante” de esa política que incluye una “intimidación constante” con “episodios de violencia física y verbal” contra trabajadores senegaleses.

Según las organizaciones de derechos humanos, estos hechos no solo “criminalizan la venta ambulante” sino que tienen un trasfondo más perjudicial: poner en riesgo la permanencia de senegaleses ya que “el inicio de causas penales, que encubren detenciones arbitrarias, asimismo les provoca complicaciones con las autoridades migratorias, que incluso pueden llegar a provocar su expulsión del país”.

Por este motivo, los firmantes de la declaración instaron al Estado argentino a revertir “de manera urgente” estos hechos y acelerar la “regularización documentaria y la generación de alternativas laborales sustentables” para los integrantes de esa comunidad.

Además de Amnistía Internacional, algunas de las 23 organizaciones firmantes del pronunciamiento fueron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (Amumra), Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos (Andhes), el Área de Migraciones del Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Facultad de Sociales de la UBA.

Publicado originalmente en Página 12