Las delegaciones del Gobierno colombiano y de las FARC-EP han comparecido junto a los delegados de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz, para anunciar el esperado acuerdo sobre las garantías para la participación política.

El actual ciclo de conversaciones, el decimosexto, debía de haber concluido el sábado, pero decidieron prorrogarlo hasta el lunes, día en el que anunciaron que ambas partes seguirían trabajando «arduamente» sin descanso hasta lograr un acuerdo, que se fundamenta en tres puntos básicos: «Derechos y garantías para el ejercicio de la posición política en general y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final y acceso a medios de comunicación; mecanismos democráticos de participación ciudadana y medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad».

En este comunicado conjunto, defienden que «el ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política».

Para ello, «se convocará en un evento nacional a los portavoces de partidos y movimientos políticos para integrar una comisión que defina» junto a portavoces de «organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos» los contenidos de un futuro Estatuto de la Oposición, una de las exigencias de las FARC.

También han hablado de forma genérica de «medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos».