Ciudad de México. 28 de mayo. Esta mañana la Secretaría de Gobernación informó vía telefónica a Alejandra Gonza, del cuerpo de abogados de la luchadora social Nestora Salgado, que ya la habían trasladado a la cárcel de Tepepan, en la Ciudad de México, donde sería atendida en la clínica penitenciaria, sin que esta información fuera cierta, declaró a Desinformémonos Saira Rodríguez, hija de la comandante de la Policía de Comunitaria de Olinalá, Guerrero.

“Se están burlando, están jugando con la vida de mi madre”, denunció Saira, quien advirtió que la abogada Alejandra Gonza, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, recibió el mensaje falso del traslado de su madre, directamente de la Secretaría de Gobernación, a quien le solicitó que le notificara por escrito, “pero nunca lo hicieron porque simplemente era una mentira”.

Ayer se anunció que posible traslado de la líder de la policía comunitaria, quien se encuentra en huelga de hambre y sin beber líquidos, se llevaría a cabo este jueves. Se dijo también que se había demorado por falta de camas en el penal de Tepepan. Pero hasta le momento (18 horas) no se ha efectuado el traslado “y continúan las burlas del gobierno”, indicó Saira Rodríguez, quien reiteró que su madre continúa en el penal de máxima seguridad de Tepc, Nayarit, “y no sabemos si aún está viva”.

Nestora es una luchadora social, una líder comunitaria que denunció en voz alta y sin reparos las complicidades de las autoridades municipales del municipio de Olinalá, en la Montaña de Guerrero, con el crimen organizado. Su papel como coordinadora de la Policía Comunitaria le fue conferido en asamblea. El cargo al frente de esta iniciativa legítima de procuración de justicia, reconocida por el propio gobierno de Guerrero, la llevó a ordenar, el 16 de agosto del 2013, la detención del síndico Armando Patrón Jiménez, acusado de abigeato y de presunta participación en el asesinato de dos ganaderos. El funcionario local fue trasladado a la Casa de Justicia regional para ser procesado por un sistema comunitario legitimado desde hace 18 años en la región. No se trata de un aparato de autodefensas, sino de todo un sistema de vigilancia, procuración e impartición de justicia comunitaria, al que el gobierno del estado le confiere legalidad e incluso apoyos económicos.