Ciudad de México | Desinformémonos. “El gasolinazo es la punta del iceberg de una bomba llamada reforma energética, con la que se transita a un régimen de mercado neoliberal en la industria de los hidrocarburos, con el consiguiente desplazamiento del Estado mexicano”, aseguró la integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, Rosío Vargas.
Durante el coloquio “El Gasolinazo en el contexto de la integración energética con América del Norte”, Vargas explicó que con la liberalización del precio de las gasolinas y del diésel se avanza en la instauración de un régimen de mercado que pretende la competencia nacional sobre bases regionales, “lo que significa pérdida de soberanía energética y de control territorial”.
Aseguró que su implementación “será a costa de la sociedad mexicana” y que además conllevará “importantes riesgos” para la seguridad energética del país, debido a que propicia la dependencia estratégica de las importaciones de derivados, petroquímicos y gas de la Unión Americana.
De acuerdo con la investigadora, la reforma constituye “la joya de la corona” que no logró Estados Unidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues abre áreas que antes eran consideradas estratégicas por el Estado mexicano, como el procesamiento industrial de los hidrocarburos y el acceso a las reservas petroleras.
Vargas precisó que en la reforma está el modelo y objetivo de la liquidación de la paraestatal. “Le quitan dinero para inversiones, no le dan presupuesto, están liquidando a toda su planta”, indicó.
Agregó que “la seguridad energética ha estado excluida de la reforma y simplemente se ha manejado como una cuestión económicamente necesaria y una forma de quitar el monopolio a Pemex”.
Días antes de que iniciara el 2017, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el incremento en el precio de las gasolinas que entró en vigor el 1 de enero, con un aumento de hasta 20 por ciento. Inmediatamente, los estados de la República se organizaron para protestar contra el gasolinazo, así como sus consecuencias, entre las que se incluyen los aumentos en los alimentos, las tarifas de transporte y servicios como el gas LP.
