Ciudad de México | Desinformémonos. Más de la mitad de los asesinatos a campesinos, activistas, indígenas y defensores ambientalistas fueron cometidos por las fuerzas del Estado de sus países por los conflictos de propiedad de la tierra, reveló un estudio realizado por la organización de defensa de los Derechos Humanos PAN Asia Pacífico con base en el análisis de 21 países de distintas regiones.

«De manera alarmante, están surgiendo proyectos globales y regionales que fomentan un mayor acaparamiento de tierras y recursos y alimentan los conflictos sociales y la agitación en las áreas rurales», señala el documento.

De acuerdo con las cifras del estudio, en al menos siete de cada diez casos de violaciones a los derechos humanos relacionados con la tierra están involucrados militares, policías o paramilitares. En total, el 2017 registró 142 violaciones de este tipo, advierte el informe.

Las fuerzas del Estado cometieron 55 por ciento del total de casos de homicidio, así como un 35 por ciento de amenazas, acoso y agresión física, además de que son los responsables del total de detenciones y desplazamiento, apunta el estudio.

El país más peligroso para los activistas, campesinos e indígenas fue Filipinas, con 61 asesinatos, seguido de Brasil, con 22 víctimas, y México, con siete.

En 2017, por lo menos 116 defensores de la tierra fueron asesinados por llevar a cabo sus labores de resistencia contra invasiones, despojos y proyectos extractivos como minas y presas hidroeléctricas, resalta el informe.