Foto: Araucanía Diario
No es un misterio para nadie como desde hace meses el gobierno ha buscado pasar a la ofensiva en un plan represivo sin precedentes en la zona del Wallmapu, en contra de las comunidades mapuches que se han levantado contra la militarización dirigida desde el gobierno, y por la recuperación de sus terrenos ancestrales.
De acuerdo a lo señalado por Cooperativa, son más de 134 tomas de terrenos en lo que va de los primeros tres meses del presente 2021, una cifra bastante grande en comparación con las 17 del pasado 2020.
Sin embargo, como era de esperarse desde el gobierno, la única respuesta que tienen ante la reclamación de tierras es mayor presupuesto y especialización en técnicas represivas de aquellas instituciones que detentan el poder del “orden”.
Desde el medio Ex Ante, se da cuenta de cómo efectivos de la Brigada de Operaciones Especiales (BOE) del Ejército, se encuentran desde el mes de marzo, realizando capacitaciones dirigidas a Carabinero y Policía de Investigaciones (PDI) con el objetivo profundizar la militarización en Victoria y Ercilla, la denominada “zonas roja”.
El entrenamiento en campo de tiro militar, uso de armamento de guerra, también se sumaría un equipamiento de 30 vehículos blindados Mowag, de los que 12 habrían sido donados recientemente por la institución.
Este plan se encuentra liderado por el actual Coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar Muñoz, sustituyendo a Cristián Barra quien renunciara a su puesto luego de emplazar a las Fuerzas Armadas a cumplir su rol represivo en la zona. Y desde su nuevo puesto no ha dudado en condenar y criminzalizar las tomas de terreno.
“La preocupación por la fuerte alza del delito de usurpación en la Macrozona Sur, asociada además a otros hechos de violencia, es una prioridad del gobierno y la estamos enfrentando a través de la vía legislativa, estableciendo penas privativas de libertad para los que delinquen (hoy solo tiene pena multa), y con medidas preventivas y persecutorias en un plan concreto contra las usurpaciones que estamos elaborando y esperamos materializar a la brevedad”, señaló Urquízar para La Tercera, aprovechando de atacar a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
“Acá las cosas son claras, la CAM ejerce la violencia como método de acción política. Se han adjudicado una serie de atentados históricamente, han habido víctimas, personas han atentado contra la vida, integridad física y a la propiedad de múltiples personas sean mapuche o no mapuche. Acá no nos podemos confundir, hay que condenar la violencia venga de donde venga (…) Esto es muy grave no solo porque se afecte la integridad física de la persona o la propiedad, sino que lo que acá se está afectado en su esencia es la democracia y el Estado de Derecho”, manifestó el delegado presidencial por la Macrozona Sur. Aunque claramente para Urquíza cuando habla de violencia, deja exentos a las Fuerzas Represivas del Estado, quienes asesinaron Camilo Catrillanca el 2018, o la violencia ejercida incluso contra niños y adolescentes mapuche.
Sobre las forestales y los operadores políticos
Desde la CAM ya se apunta a la intervención de empresas al interior del conflicto, en que operadores políticos han buscado sistemáticamente dividir la lucha por la recuperación de las tierras, y exigencias fundamentales del pueblo mapuche.
“Frente a la intervención y las negociaciones que actualmente está realizando la empresa forestal Mininco en territorio lavkenche, específicamente en la zona de Lleu-lleu, queremos dejar en claro que rechazamos tajantemente las manipulaciones y sucios negociados que esta empresa lleva adelante a través de operadores políticos de la forestal, disfrazados de pseudo dirigentes territoriales mapuche, que están llevando a nuestro pueblo a un enfrentamiento interno con el objetivo de salvaguardar los intereses de las forestales”, señalan en un fragmento de su comunicado, y agregan “Hacemos un llamado a nuestra gente a no caer en el juego del winka, que intenta dividirnos y hacernos pelear entre nosotros». Lamentablemente, la intervención de Mininco, aparte de traer violencia y confrontación, sólo beneficia económicamente a unos pocos dirigentes, porque actualmente la mayoría de nuestro pueblo está decidida a expulsar a la industria forestal, debido al grave daño ambiental que está provocando en nuestro territorio ancestral”.
La ofensiva represiva del gobierno y la defensa de lucha del pueblo mapuche
La ya brutal ofensiva represiva del gobierno en la zona sur del país contra el pueblo mapuche, amenaza intensificarse aún más. Desde la agitación de grupos ultraderechistas como APRA relacionados al empresariado rural y forestal, hasta la derecha y su gobierno, han declarado como su enemigo a todos aquellos sectores que se levantan contra la desidia de los capitalistas con sus empresas que afectan al ecosistema con el único propósito de ensanchar sus bolsillos de ganancias, mientras decenas de comunidades reclaman el cese a la militarización del Wallmapu.
Y está claro que frente a la preocupante emergencia económica y sanitaria en que nos encontramos actualmente, en que el gobierno solo ofrece migajas y soluciones parche al pueblo trabajador, no escatima en gastos y recursos cuando se trata de reprimir, y en especial al pueblo mapuche, como ha quedado claro durante los últimos meses.
Es en este contexto que resulta fundamental retomar la organización y la lucha por las demandas elementales del pueblo mapuche como es la recuperación de sus tierras, y la autodeterminación de su pueblo-nación, de la mano de las demandas de la clase trabajadora, y los diversos sectores golpeados por la constitución heredada de la dictadura, y el saqueo de los 30 años al servicio del gran empresariado.
La expropiación de las forestales y la restitución de las tierras son una bandera en común entre la clase trabajadora y el pueblo mapuche, enfrentando a los intereses como las familias Matte, y Angelini.
Publicado originalmente en La Izquierda Diario