Desde el pasado lunes 17 de febrero, los tres jóvenes que fueron detenidos y arraigados el 5 de enero, acusados de lanzar bombas molotov contra una oficina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como contra una distribuidora automotriz, se encuentran formalmente presos, aunque no por delitos federales –como inicialmente pretendió la PGR–, sino por daños y ataques a la paz pública, ilícitos del orden común que toca perseguir a las autoridades del Distrito Federal.

 Luego de 40 días de arraigo, durante los cuales la Procuraduría General de la República intentó construir una acusación por terrorismo y delincuencia organizada (según denunciaron los jóvenes detenidos, que son dos mujeres de origen canadiense y un hombre mexicano), esta dependencia federal declinó el caso, y los puso en libertad, aunque, inmediatamente después, fueron detenidos y consignados por la Procuraduría General de Justicia del DF, quien presentó cargos por daños en propiedad ajena y ataques a la paz pública.

En un comunicado divulgado hoy por el portal Fuego a las Cárceles, creado el mes pasado por el comité de solidaridad con los tres detenidos, se informó que las dos jóvenes canadienses, Fallon Rouiller Poisson y Amélie Pelletier, fueron consignadas al Reclusorio Femenil de Santa Martha, en tanto que el joven mexicano Carlos Marín fue internado en el Reclusorio Oriente.

El comunicado de Fuego a las Cárceles señala que “los delitos de que se les acusa son no-graves, por lo que alcanzarían fianza, pero recordemos que en esa misma situación está el compañero Mario González (sentenciado por los mismos delitos, tras los disturbios del 2 de octubre de 2013), a quien se le ha negado sistemáticamente la (libertad bajo) fianza, argumentando que es un peligro social”.

Hasta el momento, sin embargo, no se ha podido confirmar si a estos tres jóvenes que se reconocen como anarquistas les será cancelada la posibilidad de enfrentar su juicio en libertad, mediante el pago de una caución, tal como ocurrió con Mario González.