Reforzando su disposición de avanzar en los diálogos para la superación del conflicto armado colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) insisten en la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer la historia del embate y responsabilizar a sus protagonistas. La guerrilla se inclina a convertirse en partido político abierto, legal e inclusivo, con miras a alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno del país.
Desde noviembre de 2012, el Estado colombiano y las FARC inician diálogos en La Habana, capital de Cuba, para buscar una salida política que suplante al conflicto interno por el que pasa Colombia desde hace más de medio siglo. En el informe emitido el último 29 de abril, día del 14º aniversario del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (brazo político de la guerrilla), la delegación de paz de la organización defendió la Comisión como uno de los medios para la reconciliación entre la fuerza clandestina y el poder institucional colombiano.
«Tal esclarecimiento deberá obligar a los distintos actores a reconocer sus responsabilidades y pedir perdón a toda la sociedad por el daño causado en esta confrontación impuesta por el régimen. De nuestra parte, jamás como gente del pueblo y revolucionarios que somos evitaremos nuestras responsabilidades, garantizó la guerrilla en el informe. El grupo explica que la función de la Comisión tendría no sólo efecto jurídico, sino que también haría un relato histórico con conclusiones y efectos políticos, estableciéndose como un marco conceptual de una nueva coyuntura en el país.
Las FARC quieren que la trayectoria de la confrontación sea reconstruida reconociendo los impactos sobre la vida y los derechos de la población, y la participación de los actores sociales, políticos y económicos transnacionales «que generaron el conflicto y se sirvieron del mismo, ya que a través de él han obtenido beneficios, se señala.
En el informe se rechaza cualquier atribución de responsabilidad centralizada en el propio grupo: «Pretender reducir los orígenes y la historia del conflicto a decisiones o determinaciones de las FARC-EP o de otras expresiones previas de la insurgencia que apelaron al derecho a la rebelión de los pueblos en contra de las injusticias, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es el camino de la reconciliación.
Para las FARC, tal iniciativa debe contribuir para fundar las bases y superar las condiciones y causas sistémicas que originaron y reprodujeron la violencia en el país, además de permitir la reparación a las víctimas del conflicto, proveyendo garantías reales y materiales de la no repetición.
La propuesta fue presentada al gobierno colombiano, así como a diversos sectores políticos, sociales, académicos, a las víctimas del conflicto y a la población en general. Hasta ahora, la iniciativa no fue bien recibida por el gobierno, sin embargo ha sido respaldada por sectores de los movimientos sociales del país.
En el caso que la propuesta no sea acogida por el Estado, las FARC han pensado seriamente en suspender el diálogo con el gobierno. Investigaciones previas divulgadas en 2013 contabilizan 220 mil asesinatos, 25 mil desapariciones, 27 mil secuestrados y 5,7 millones de desplazados por el fuego cruzado del conflicto entre los años 1958 y 2012.
Las FARC son el grupo radical armado más antiguo y numeroso de América Latina. Operando principalmente en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, fue fundado alrededor de 1958, en el contexto de la Guerra Fría. Apoyados en ideales marxista-leninistas y bolivarianos, afirman que su objetivo es acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, y con la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia. Es atribuido al grupo su involucramiento en robo, extorsión, secuestro y tráfico de armas y drogas.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
