Tras un mes del siniestro en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México, aún no hay claridad en la reparación que deben obtener las familias de los 19 guatemaltecos que murieron en el lugar, además de nueve heridos que se mantienen en tratamiento.
Los féretros con los cuerpos de cada migrante guatemalteco llegaron con sus familias a Sololá, Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, Izabal y Alta Verapaz el 11 de abril pasado. Salieron de sus hogares con el fin de mejorar su calidad de vida y regresaron a sus comunidades muertos.
Un incendio devoró el interior de una celda en la que se encontraban 40 migrantes de nacionalidades como El Salvador, Honduras y Venezuela el 27 de marzo. Las autoridades del lugar no abrieron las rejas cuando el fuego alcanzaba los cuerpos de las personas que estaban detenidas.
La indignación cruzó fronteras y la escasa respuesta de los gobiernos como el del Guatemala, logró únicamente un retorno de los cuerpos para tranquilidad de las familias.
Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación de ese país, confirmó que hasta ahora no hay una solicitud formal de Guatemala para la reparación del daño a migrantes víctimas de este suceso.
“No hay una solicitud formal como tal de parte del gobierno de Guatemala, pero la instrucción del presidente desde que tuvimos conocimiento de los hechos fue primero atender a las víctimas, prestarles el auxilio a los familiares, darles la atención médica”, dijo López.
Las familias hasta ahora no han recibido ningún apoyo desde la repatriación de sus familiares. Llegaron a sus lugares de origen y desde entonces no hay más comunicación sobre el seguimiento a las denuncias penales o la reparación.
“No nos volvieron a decir nada, el traslado de mi hijo fue ordenado y al tiempo que nos dijeron, pero desde entonces ya no supimos nada más”. Dice Eduardo Batz, uno de los familiares a quien se le identifica con un seudónimo porque teme que al dar estas declaraciones no le den seguimiento a su caso.
Así como Batz, las otras familias no están buscando una reparación económica, quieren que se investigue y se identifique a los responsables por el caso porque no quieren que suceda lo mismo.“A pesar de esta desgracia que mató a nuestros familiares, no va a detener a que más personas quieran irse de nuevo a Estados Unidos, por eso queremos que se investigue y den con los responsables. Nuestros migrantes no deben padecer estas cosas”, dijo el familiar.
MINEX sin presentar una solicitud formal al gobierno mexicano
A través del departamento de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX), indicó que les parece extrañas las declaraciones de las autoridades mexicanas porque fueron ellos quienes ofrecieron iniciar de oficio el proceso.
“Está bien documentado que el 30 de marzo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciaría un proceso de reparación para los familiares de las víctimas. Añadió que es obligación institucional de México proteger a las familias de las víctimas, por lo que se abriría un proceso en la Secretaría de Gobernación para determinar la ayuda a las familias afectadas”, son las declaraciones del MINEX en su chat de comunicación oficial con la prensa.
A pesar de insistir en cuál fue la petición formal de Guatemala, se limitaron a decir que el canciller Mario Búcaro lo ha pedido en las reuniones que sostuvo con autoridades mexicanas. Pero no hay algún documento formal.
Cinco se mantienen hospitalizados
Además de la repatriación de los cuerpos de migrantes guatemaltecos que murieron en México, se dio a conocer que cuatro de los heridos fueron dados de alta de los hospitales mexicanos donde se encontraban.
La cancillería guatemalteca confirmó que cinco guatemaltecos más continúan en vigilancia médica y se busca que mantengan la atención que necesitan hasta que sea necesario.
Centroamérica expulsa migrantes ante la falta de respuesta de sus gobernantes
La historia de las familias de los fallecidos por este hecho es similar: su motivación de migrar a Estados Unidos es por la falta de oportunidades laborales, poco acceso a educación y mejorar su calidad de vida con vivienda, alimentación y recursos básicos.
El Consejo Noruego para los Refugiados, organización de atención y ayuda humanitaria, destacó que uno de los factores para que la población en Centroamérica migre, son los altos índices de delincuencia en los países.
“Las historias de las personas que me están contando en Honduras son similares a las poblaciones en zonas de guerra como Siria, Yemen o Ucrania”, dijo Jan Egeland secretario general del Consejo Noruego.
Destacaron que en estas áreas hay organizaciones criminales y narcotraficantes que promueven la inseguridad para las poblaciones más vulnerables.
El Consejo Noruego para los Refugiados habla también sobre las afectaciones de las poblaciones en Centroamérica por la crisis climática y que cada vez falta más alimento.
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