La petición ha sido realizada por la presidenta de la asociación, Olga Alcega, en una rueda de prensa en la que, junto con Joseba Eceolaza, ha presentado el informe sobre «exhumaciones y fosas 2003-2012», que documenta un total de 45 intervenciones, con 206 cuerpos localizados, de los que han exhumado 121 y entregado 88.

Los demás restos han sido depositados en el denominado «cementerio de las botellas» de Ezkaba al no haber logrado su identificación o no haber podido contactar con sus familiares, entre otras razones. Para todos ellos han solicitado al Gobierno de Nafarroa que habilite un «lugar de enterramiento colectivo».

«Es un asunto de una magnitud cuantitativa considerable», ha subrayado Eceolaza, quien ha advertido de que todavía quedan más de mil cuerpos por localizar, para lo que seguirán con su trabajo de campo, cuyo próximo destino es la Sierra de Urbasa.

En Nafarroa, a pesar de que no hubo «frente de guerra en el 36, fueron asesinadas más de 3.400 personas», ha recordado Olga Alcega, quien ha subrayado que «toda» la geografía del herrialde «sufrió el golpe de estos dramas».

«A los familiares de los asesinados republicanos les quitaron las casas, les robaron las tierras, les pasearon, se les rieron y los vejaron», ha relatado para sostener que, por eso, «la memoria de los suyos se convirtió en lo único que tenían, porque se llevaron hasta sus cuerpos y sus pertenencias y los dejaron solos».

Tras ello, ha agregado, cientos de personas, «sin la ayuda institucional suficiente», han tenido que buscar a su familiar entre las cunetas y los ribazos de los campos navarros, mientras que otras muchas víctimas «han tenido que pasear por plazas y calles que homenajeaban a personalidades franquistas».

Cerrar heridas

Por eso, ha considerado que «ya llegó la hora» de apoyar todas las reivindicaciones de los familiares de los fusilados, «porque es nuestra obligación moral y humana cerrar las heridas que todavía están abiertas».

El Parlamento foral, ha abundado, «tiene la obligación moral de arropar ese trabajo, darle más sentido si cabe» con la aprobación de una Ley de Memoria Histórica «que colme las aspiraciones de estas personas» y llegue donde las asociaciones no han podido llegar por falta de apoyo.

Por su parte, Joseba Eceolaza, al presentar el informe, ha comentado que la mayoría de las exhumaciones que recoge están realizadas a partir del año 2007, que es cuando se aprueba la ley estatal de Memoria Histórica, lo que a su juicio constata que la implicación de las administraciones públicas en este sentido «es clave».

«Solo en nueve años hemos podido sacar 206 cuerpos», ha valorado Eceolaza, para quien este asunto es de «una magnitud cuantitativa considerable» pero, sobre todo, es algo que «golpea todavía a nuestro presente a pesar de que es de nuestro pasado».

Al respecto ha incidido en que «cuando la Asociación entrega un cuerpo, no está resolviendo un problema particular de una familia sino que está encarando un problema colectivo de la sociedad navarra». «Y eso es importante que las administraciones lo tengan en cuenta», ha apostillado.

Sobre el mapa de fosas puesto en marcha por el Gobierno de Nafarroa, Eceolaza ha señalado que se trata de un «instrumento básico» pero, ha dicho, «la clave es que sea un elemento vivo y que se pueda actualizar continuamente» ya que si se plantea como un elemento estático «será un mal mapa de fosas».